CIDH sigue de cerca conflicto sobre normas de crimen organizado

(CRHoy.com) La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se mostró al tanto del conflicto por la posible derogatoria parcial de la Ley contra la Delincuencia Organizada (8.754), al tiempo que indicó que observa las propuestas que se tramitan en la Asamblea Legislativa.

Así se desprende de su Informe Anual 2022, en el capítulo de Desarrollo de los Derechos Humanos en la Región. El documento -del que CRHoy.com tiene copia- desglosa el panorama sobre la situación de cada país y señala que Costa Rica fue uno de los 13 miembros que entregó información para el levantamiento del reporte.

En el 293 se indica que el órgano consultivo de la Organización de Estados Americana (OEA) conoce de la discusión que ha involucrado al Gobierno de la República, el Congreso y la Corte Suprema de Justicia, pero que además ha abierto camino en tribunales de todo el país.

"La Comisión ha sido informada sobre cuestionamientos en aplicación de la Ley contra la Delincuencia Organizada y sus consecuencias legales en el debido proceso y en los principios de legalidad e irretroactividad de la ley penal, entre otros derechos.

"Abogadas y abogados defensores señalan que los órganos judiciales en materia penal supuestamente no tendrían facultades para iniciar procedimientos por delincuencia organizada debido a que la legislación que les otorga competencia aparentemente no estaría vigente", dice el informe.

En este punto se hace necesario recordar que el 19 de enero de 2023, este medio dio a conocer que la entidad interamericana dio trámite para estudio inicial a una solicitud de medidas cautelares impulsada por el jurista Joseph Rivera Cheves; proceso en el que se alegó violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanas, así como a la Declaración Universal de Derechos Humanos, a raíz de la supuesta aplicación de normas derogadas en perjuicio de un hombre investigado por el caso Azteca.

Varios representantes legales, en diversas investigaciones, sostienen que el 14 de octubre de 2019 entró en vigencia una reforma que dejó inválidos los numerales 2, 3, 6 -excepto el inciso D-, 7 y 9 de la Ley contra la Delincuencia Organizada. Estos incluyen, entre otros aspectos, la posibilidad de declarar un proceso como de procedimiento especial a petición del Ministerio Público y la duplicación de los plazos ordinarios establecidos en el Código Procesal Penal (7.594). Tal situación es rechazada por el fiscal general Carlo Díaz Sánchez, quien sostiene que las normas en cuestión continúan vigentes.

¿Pero cuál es la información con la que cuenta la Comisión? Según su reporte, el Parlamento modificó la legislación en cuestión con la Ley de Creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada (9.481), al eliminar la facultad de que los juzgados penales ordinarios conocieran tales asuntos.

La entrada en vigor de esa reforma estaba prevista para comenzar 12 meses después de su publicación, es decir, a partir del 14 de octubre de 2018. No obstante, tal plazo fue modificado a través de la ley 9.591 para iniciar 24 meses después de su publicación; o sea, a partir del 14 de octubre de 2019.

Posteriormente, se aprobó, mediante la ley 9.769, una segunda prórroga con el objetivo de que dicha reforma entrara en vigor 18 meses después de que se otorgara el presupuesto necesario para la implementación de los nuevos tribunales, conforme a los estudios técnicos del Poder Judicial.

El decreto legislativo fue publicado el 30 de octubre de 2019, cuando la ley 9.481 en apariencia entró vigor, lo que presuntamente la hizo efectiva el 14 de octubre de 2019 y, por tanto, derogó los artículos que daban competencia a los órganos jurisdiccionales ordinarios en materia delincuencia organizada.

La discusión sobre este punto está en boga en desde hace más de un año. El origen de la polémica se remonta al caso de presunta corrupción en contratos de obra pública conocido como Cochinilla. En el caso, el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública reconoció la derogatoria, pero descartó que esta tuviese algún efecto en, por ejemplo, la intervención de llamadas telefónicas. Aún está pendiente de celebrarse una audiencia sobre el particular; esta vez ante el Tribunal Penal de la jurisdicción.

Desde entonces, defensores en distintas pesquisas, principalmente de drogas, replicaron ese argumento para solicitar la liberación de sus clientes. Consecuentemente, juzgados y tribunales debieron pronunciarse en la materia. Incluso, por lo menos dos de los cinco máximos tribunales (los de Apelación de Sentencia Penal del II Circuito Judicial de San José y el de Cartago) determinaron que la normativa está parcialmente derogada; contrario a lo que Díaz Sánchez y su institución mantienen.

Esta controversia derivó en la liberación de importantes grupos delictivos como "Los Gery" y "La Banda del Acetileno", como informó CRHoy.com el 28 de julio y 26 de agosto de 2022, respectivamente.

Aquellas resoluciones, así como las publicaciones efectuadas en medios de comunicación, elevaron el debate a la Asamblea. Entre las propuestas está el proyecto de ley 23.090, respaldado por la propia Corte y criticado por la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Carolina Delgado Ramírez, así como por la jueza y académica Rosaura Chinchilla Calderón. Pese a las observaciones, es el que parece tener mayor viabilidad.

"La Comisión observa que existirían diversas propuestas que buscarían subsanar este problema", resalta el informe.

Pero el otro plan que discutía este tema es el 23.208, presentado por Delgado Ramírez y que el 20 de marzo de 2023 recibió dictamen negativo de parte de la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico.