CCSS analiza declaratoria de emergencia por renuncia de especialistas
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La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aprobó solicitar al Centro de Atención de Emergencias y Desastres (CAED) que analice la posibilidad de declarar estado de emergencia institucional por la renuncia de médicos especialistas.
El próximo 3 de diciembre los miembros de la Junta recibirán un análisis de parte de la CAED y decidirán si se declara el estado de emergencia.
El acuerdo que tomó la Junta Directiva fue el siguiente:
Se instruye al Centro de Atención de Emergencias y Desastres con carácter urgente, analizar con los datos existentes y el dimensionamiento de los riesgos externados, si existen elementos suficientes para validar el estado de emergencia institucional y con ello solicitar a la Junta Directiva la Declaratoria del Estado de Emergencia Institucional. Lo anterior deberá ser presentado en la próxima sesión de Junta Directiva, de fecha martes 3 de diciembre de 2024.
Según detalló la Gerencia Médica, de abril a la fecha se han dado 77 renuncias de este recurso humano especializado, lo cual tendrá graves riesgos en la atención de los pacientes. La mayoría de las renuncias se concentran en las especialidades de Anestesiología, Ginecoobstetricia, Radiología y Oftalmología.
Según Alexander Sánchez, gerente médico de la CCSS, los plazos de espera en estas especialidades aumentarán con la salida del recurso humano especializado.
La renuncia de los especialistas fue alertada por el Sindicato Nacional de Médicos Especialistas (Siname) cuando en setiembre revelaron los resultados de un sondeo que realizaron.
En este, cerca de 700 médicos indicaron que renunciarían a la institución durante 1 mes para ser recontratados con Salario Global. Además, Mario Quesada, presidente de Siname, ha indicado que 90 médicos ya han presentado su renuncia.
La Gerencia Médica detalló una serie de impactos que podrían darse tras la salida masiva de estos doctores:
- Aumento de tiempos y listas de espera en especialidades críticas.
- Recargo del primer nivel de atención.
- Aumento en procesos legales contra la CCSS, como recursos de amparo.
- Recarga laboral del personal disponible.
- Aumento de los costos de operación.
- Posible suspensión de programas de trasplantes.
- Incremento de la criticidad de disponibilidad de especialistas por vacaciones, permisos y/o incapacidades.
- Aumento de la estancia hospitalaria.