Caso narco Pancho Villa: uno de los “juicios del año” ya tiene un mes en audiencias

Luego de varios tropiezos, intentos de la defensa por recusar jueces y hasta cambios en la conformación del Tribunal, la mañana del 19 de marzo anterior inició oficialmente el juicio contra "Pancho Villa": una red de supuesto narcotráfico que operaba en los cantones cerca de la frontera sur del país.

Ya se ha cumplido el primer mes desde la apertura de uno de los juicios más importantes y complejos del año, que según las previsiones del Poder Judicial, puede extenderse hasta diciembre.

El Ministerio Público acusó en la primera audiencia a 14 personas como los presuntos responsables de una estructura de tráfico de drogas, lavado de dinero y asociación ilícita.

Alrededor de 18 días de audiencias han transcurrido, en las cuales la Fiscalía ha aportado más de 40 testigos para respaldar su hipótesis y que han sido sometidos a interrogatorios por parte de los abogados que representan a los imputados.

En su mayoría, son testimonios de agentes judiciales relacionados con la investigación, así como peritos y otro tipo de analistas criminales que en algún punto, realizaron alguna diligencia o informe sobre el caso.

De acuerdo con la acusación, el grupo criminal habría operado entre los años 2018 y 2021. Fue en abril de ese año, cuando el Organismo de Investigación Judicial realizó una serie de allanamientos y diligencias para desmantelar la organización.

Al parecer, dirigidos por el empresario Darwin González Núñez, el grupo de personas conseguía importar droga desde países suramericanos.  Principalmente cocaína, por los cantones de Golfito y Puerto Jiménez, al sur del territorio nacional.

Presuntamente, parte de la droga salía del país por medio de exportación, mientras que otra parte era distribuida por el Pacífico Central, en Puntarenas.

Defensores siguen refutando a la Fiscalía

Cumplido el primer mes del juicio y tras recibir una cantidad importante de testigos, los abogados que representan a los acusados por narcotráfico son optimistas del avance y consideran que las audiencias han transcurrido más rápido de lo esperado.

No obstante, mantienen las mismas críticas hacia el Ministerio Público y los hechos que atribuye a los 14 imputados en la acusación.

"Señalan hechos indeterminados, con personas indeterminadas. La acusación es una réplica del informe de investigación. Estamos atados de manos con una acusación generalizada", señaló uno de los defensores durante su intervención en los alegatos iniciales.

Durante los próximos días, se espera terminar con los testigos de la Fiscalía y posteriormente, se recibirán a las personas con cuyos testimonios, los abogados defenderán a los acusados.

Según la acusación, los implicados se habrían asociado para cometer delitos e ingresar alijos de droga, principalmente cocaína, para almacenarla y venderla terceras personas.

Gran operación

La acusación los señala de utilizar cerca de ₡810 millones en la compra de vehículos, propiedades y otros bienes, para legitimar las ganancias provenientes de la actividad criminal.

En total fueron alrededor de 30 vehículos adquiridos entre motocicletas, automóviles, pick-ups, tractores, maquinaria, remolques y hasta buques.

Unos 5 traspasos de propiedades en diferentes puntos de la Zona Sur, entre compras, ventas y donaciones, también tendrían ligamen a la actividad ilícita.

Por las transacciones legales, los sospechosos habrían conseguido ganancias que superan los ₡267 millones. La fiscal del caso señaló que los acusados tenían interés en adquirir bienes, para ingresar los recursos al sistema financiero nacional, o como se le conoce popularmente, 'lavar' el dinero.

El Ministerio Público trata de comprobar, que estos eran los roles que tenía cada uno de los imputados dentro del supuesto grupo narco:

1. González Hernández: líder, empresario con solvencia para comprar la droga desde Sudamérica. Giraba instrucciones y estructuró empresas para legitimar ganancias.
2. Méndez Mora: vendedor de carros, palmicultor y hombre de confianza del líder, encargado de la logística y legitimar ganancias.
3. Quirós Salazar: palmicultor y hombre de confianza del líder, a cargo de labores operativas como desalmacenar y ocultar los estupefacientes en propiedades, para su posterior distribución.
4. Concepción Quiel: investigador del OIJ, asesoró en la estructura, participó en desalmacenaje y alertaba de posibles retenes para evitar decomisos.
5. Campos Jiménez: investigador del OIJ, asesoró sobre transportes, participó en desalmacenaje y alertaba de posibles retenes para evitar decomisos.
6. Jiménez Araya: esposa del líder y empresario. Encargada de almacenar dineros, armas de fuego, legitimación mediante compra de bienes y vehículos con compartimientos ocultos.
7. Jiménez Araya: comerciante agrícola y cuñado del líder, compraba vehículos con compartimientos y colaboraba en escoltar la droga.
8. Jiménez Araya: comerciante agrícola y  cuñado del líder, en tareas de ingreso y ocultamiento de la droga, así como su distribución en el Pacífico Central y legitimación de ganancias.
9. Jiménez Araya: vendedor de tornillos y cuñado del líder, con funciones similares al segundo cuñado de González.
10. Estribí Angulo: comerciante de autos y miembro con funciones ingreso, ocultamiento y traslado de drogas, así como legitimación de ganancias.
11. Gómez Arroyo: transportista y miembro con funciones ingreso, ocultamiento y traslado de drogas, así como legitimación de ganancias.
12. Santos Madrigal: agricultor y miembro con funciones ingreso, ocultamiento y traslado de drogas, así como legitimación de ganancias.
13. Ramírez Zeledón: miembro con funciones ingreso, ocultamiento y traslado de drogas, así como legitimación de ganancias.
14. Bernabé Chavarría: regidor expresidente municipal de corredores, aparentemente gestionó y asesoró la creación de empresas para legitimación, así como buscar facilitar trámites para este objetivo.

Durante la primera intervención de todos los imputados, ellos debieron dar información sobre el origen de sus recursos y cómo los conseguían.

Darwin González Hernández, empresario señalado, reconoció que obtenía ingresos de entre ₡30 y ₡50 millones mensuales. Justificó que el origen de sus ganancias son por la actividad agrícola.

Manifestó que es afiliado a cooperativas dedicadas a negocios de la palma. Adicionalmente, su abogado señaló que el empresario también se dedica a vender arroz, actividad por la que ingresa entre $60 o $70 mil dólares mensuales por cosecha.

 

Quirós Salazar, otro de los principales acusados, también registra millonarias ganancias: entre ₡40 y ₡50 millones mensuales, también justificados con la actividad agrícola.

El acusado de apellidos Méndez Mora identificado con el alias "Palomo", manifestó tener ingresos entre $15 mil y $30 mil dólares. Aseguró que las ganancias son por venta de vehículos, comercio y ganadería.

Durante la identificación, al inicio del juicio, cada uno del resto de acusados reportaron ingresos mucho menores, que no superan el ₡1.5 millones por mes. 

La Fiscalía señaló a trece de los imputados, por los supuestos delitos de asociación ilícita que conlleva penas de uno a 6 años de prisión, así como eventual distribución de drogas no autorizadas, castigado con 8 a 20 años de prisión.

Los involucrados en la causa también son inculpados de presunta legitimación de capitales. Esta práctica supone entre 8 y 20 años de cárcel.

Los dos funcionarios del OIJ, de apellidos Concepción Quiel y Campos Esquivel, que supuestamente participaron en la logística de la estructura narco y habrían incurrido en procuración de impunidad, se exponen a un castigo adicional de 3 a 10 años de encarcelamiento e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un mismo periodo.

Ambos habrían participado en utilizar 'vehículos punta' para realizar una especie de escolta a los otros vehículos donde la droga viajaba.

Estos agentes se presume que iban en avanzada, tratando de detectar la presencia policial en carretera para evitar el decomiso de la droga, mientras era movilizada desde centros de bodegaje rumbo al punto final.

Contra Bernabé Chavarría Hernández, exregidor y presidente municipal, la fiscalía apunta al eventual delito de favorecimiento real. 

Darwin González Hernández y 6 imputados más en el juicio conocido como "Pancho Villa", permanecerán al menos tres meses más en prisión preventiva.

Siete imputados adicionales no cumplen prisión preventiva pero sí otras medidas cautelares, todas extendidas el pasado 4 de abril.