Caso Madre Patria: audiencia de medidas cautelares culminó tras 10 días

La audiencia de medidas cautelares por el conocido caso "Madre Patria" culminó minutos previos al mediodía de este viernes y ahora la jueza a cargo tiene hasta cinco días para definir el futuro de las decenas de detenidos.

Fueron en total 35 personas capturadas el pasado martes 25 de junio, sospechosos de conformar una banda dedicada a cometer fraudes registrales, de lavar el dinero ganado mediante varias actividades económicas como el servicio de transporte público y supuestamente cometer actos de corrupción. 

Calificado por el fiscal general como un megacaso, "Madre Patria" se convirtió en el segundo de mayor volumen en la historia del Organismo de Investigación Judicial. Las características y cantidad de implicados provocó que la audiencia para definir medidas cautelares se extiendiera  por poco más de una semana. 

Dicha audiencia permitió a la Fiscalía una amplia exposición para justificar por qué hizo la solicitud, así como los alegatos de los abogados defensores. El último en hablar la mañana de hoy, fue el juez y sospechoso, de apellidos Venegas Marín, y quien pidió a la jueza a cargo brindar declaraciones. Así lo confirmaron jueces cercanos al caso.

La audiencia es tramitada ante el Juzgado Penal de San José desde el pasado 27 de junio: los sospechosos ya tienen 10 días detenidos. La Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada solicitó medidas cautelares en contra de solo 28 personas.

No todos ellos descontarían prisión preventiva. Estas fueron las peticiones del Ministerio Público, según los presuntos roles que aparecen en el expediente judicial:

Prisión preventiva

• Gómez González: presunto líder, español con condición irregular en el país. Según la investigación, es la persona con mayor nivel jerárquico dentro de la estructura criminal, quien se ha beneficiado durante más de una década por la eventual comisión de gran cantidad de delitos. Mantiene un estatus social elevado como empresario de compañías autobuseras, viviendas de lujo, vehículos de alta gama, sobrellevando un estado de vida sumamente elevado en comparación a sus inicios en el país.

Autoridades judiciales tienen conocimiento que cuenta con órdenes de captura en su país de origen, por verse imputado en delitos de falsedad ideológica y estafa, tratando de un presunto criminal de alta experiencia, que apoyado con su trayectoria lidera la organización delictiva más grande en Costa Rica dedicada a la sustracción de propiedades bajo modalidades de fraude registral.

• Mujer García Núñez: esposa del líder, los indicios apuntan a que participó en el encubrimiento de los dineros del líder criminal, ya que ella es la que figura como representante de las cuentas bancarias en las que se bancarizan los dineros de la organización.

Figura en la administración directa de las cuentas bancarias, ella es testaferro ya que las empresas serían de Gómez, pero al conocer la actividad ilícita desarrollada, ella encubriría las cuentas y empresas con su nombre.

• León Muñoz: presunto co-líder, español con condición irregular en el país. Según la investigación, al igual que Gómez González, cuenta con un puesto gerencial en la estructura criminal.

Beneficiado directamente de las ganancias obtenidas posterior a la ejecución del robo de propiedades -aparentemente-, de igual manera ha figurado en gran cantidad de delitos de falsedad ideológica y estafa, mantiene como actividad comercial la venta de vehículos.

• Mujer Jiménez Arias: pareja del líder Léon Muñoz, vinculada con la operación. Dispuso su identidad de forma presuntiva, para figurar como supuesta compradora de buena fe en los traspasos ilegales que ocasionaron perjuicios millonarios a millonarios a personas extranjeras que no se encontraban en el país.

Además, bajo conocimiento de los hechos ilegales, en apariencia hacía uso y disfrute de los bienes adquiridos, que fueron materializados bajo rigurosos esquemas de lavado de activos.

• Loaiza Bolandi: aparente líder de los notarios públicos reclutados por la organización criminal, quien también vela por los asuntos penales de los demás integrantes.

Los informes policiales dicen que se logró confirmar la reunión sobre las estrategias que utilizarían para tratar de solventar las acusaciones legales de una implicada. Además, en dicha reunión y según las comunicaciones es quien principalmente vela por las necesidades económicas de esta mujer y también recluta nuevos notarios.

• Chaves Arias: conocido abogado, hijo del empresario Omar Chaves, el empresario condenado por el asesinato del periodista Parmenio Medina. Persona fundamental para la organización criminal según los investigadores, pues se habría aprovechando de su experiencia como abogado penalista.

Al parecer participó en asesorar a la organización criminal para lograr salir airosos durante las intervenciones que realizó el Ministerio Público. Se presume que además usó tomos de protocolos de notarios públicos para confeccionar escrituras con información falsa, con el objeto de despojar de la propiedad a personas adultas mayores.

• Juez Venegas Marín: al parecer realizó reuniones en su vivienda con otro investigado a fin de brindar asesoramiento y redactar documentos para la defensa penal en los procesos en contra de los integrantes de esta organización.

De acuerdo con el informe judicial, esto contrario a su deber de objetividad e imparcialidad esperado en un Juez de la República y denotando su intención de favorecer los intereses de los miembros del grupo criminal. Parece ser que también pactó y realizó actos preparatorios para la entrega de dinero, que según las llamadas ronda entre $300 y $500 mil dólares con Fernando Gómez, correspondientes a los rendimientos de la esperada inyección de capital (dinero en efectivo) procedente de actividades ilícitas.

• Herrera González: las pericias señalan que se encargó de la legitimación de capitales por medio de las empresas de autobuses, las cuales también se encuentran en investigación por su posible adquisición fraudulenta.

Aparentemente vela por la resolución de las denuncias de los demás integrantes, se encargó como intermediario en el conflicto entre Fernando Gómez y el abogado Loaiza. Manifestó abiertamente en las llamadas interceptadas que todos los investigados descritos son parte de una organización criminal.

• Mujer Arrieta Solano: figura como testaferra y se presume que realizó ubicaciones, inteligencia y logística para la venta de propiedades adquiridas mediante la modalidad de fraude registral, intermediaria con compradores de buena fe y trabajaba directamente con Loaiza Bolandi.
• Rodríguez Hidalgo: señalado como buscador de propiedades para sustraer e intermediario para la venta a compradores de buena fe.

Apoya al grupo criminal como liquidador de sociedades disueltas mediante movimientos fraudulentos, trabaja directamente con Loaiza Bolandi.

• Fernández Gustavino: profesional en sistemas informáticos, quien al parecer ideó formas de ocultar el origen de activos virtuales para posteriormente, ser materializados en bienes muebles e inmuebles.

Después de procesos altamente complejos, se presume que colocó, diversificó e integró estos dineros en los sistemas financieros nacionales para ponerlos a disposición de la organización criminal, mediante la rusión por absorción de las sociedades de papel que fueron creadas para integrar el patrimonio adquirido con criptomonedas.

• Prendas Matarrita: notario de la organización criminal, quien en aparciencia hizo comparecer falsamente a un extranjero alemán, que según registros migratorios nunca ha ingresado al país para celebrar la compra-venta ilícita.

• González Araya: destaca su eventual participación como intermediario en el dinero que le entregaría Fernando Gómez al juez Venegas Marín, utilizando sus empresas lo legitime.

Actualmente está inhabilitado en su profesión, aun así, se presume que continúa confeccionando documentos para las defensas penales, inclusive para la inscripción de bienes al usar protocolos de otros notarios públicos.

• Aguilar Zúñiga: abogado y notario que presuntamente dio fe de la comparecencia un extranjero sin haber ingresado al país, y quien trabajaría bajo la subordinación de Loaiza.
• Rojas Rojas: presuntamente brindó custodia y administró los bienes adquiridos fraudulentamente por la organización criminal, entre los cuales está la vivienda en la que reside él, así como la vivienda utilizada para vacacionar en Puntarenas que son propiedad del líder criminal.

Señala el expediente judicial, se encargó de velar por la custodia de uno de los "proyectos" más importantes por la organización, que habría sido adquirido fraudulentamente por la organización. Además, es de recalcar que Rojas Rojas funge cómo testaferro del grupo criminal en la adquisición de propiedades por medio de falsedades ideológicas, presuntivamente.

• González Pinto: otra notaria de la organización criminal, quien al parecer confecciona escrituras con información falsa para el robo de propiedades. Consta en las pruebas que recibió depósitos bancarios por la plataforma SINPE Móvil.
• Marín: colombiano, figura como posible intermediario y suplantador del grupo criminal, quien buscaba propiedades, constituía sociedades con el líder de la agrupación criminal y habría buscado posbiles compradores de buena fe.
• Barrientos Campos (1): con un alto conocimiento en informática, el rol que perfilaron los agentes judiciales fue medular al utilizar herramientas tecnológicas, así como metodologías para intentar ocular o imposibilitar la trazabilidad de las transacciones con criptomonedas.

Presentó un crecimiento patrimonial incompatible con su perfil financiero según los informes, constituyendo gran cantidad de sociedades anónimas donde figura como gerente o presidente, así como adquisiciones de vehículos y propiedades de gran valor.

• Barrientos Campos (2): ejercía el cargo de tesorero en varias sociedades con su hermano. Se desligó abruptamente de dichas sociedades con gran cantidad de bienes entre ellos vehículos icónicos de alta gama, ante una fusión por absorción que efectuaron en aparincia, con los líderes de este grupo criminal.

También se les vio en distintas vigilancias reunido con otros miembros en distintas bodegas donde han trasladado este tipo de vehículos posterior a una intervención policial.

• González Jiménez: abogado y notario que figura como imputado en casos por falsedad ideológica, se presume que realizó escrituras con comparecencias falsas, protocolizó actas de asambleas con libros de actas falsos y trabaja directamente para Gómez González.

 

• Pérez Barboza: al parecer llevó a cabo negociaciones con cuidadores de fincas de extranjeros para el robo de propiedades, recibió 22 depósitos bancarios por la plataforma SINPE Móvil.

Otras medidas

Contra una abogada y notaria de apellidos Fernández Bonilla, se solicitó arresto domiciliario e inhabilitación para ejercer su profresión. Al parecer, ella confeccionó escrituras públicas insertando información falsa sobre la comparecencia de titulares extranjeros que no se encontraban en el país, para despojarlo de la propiedad, o bien constituyó hipoteca que no debían soportar.

Contra los oficiales de tránsito apellidos Alvarado Amador, Ramírez Zumbado, Morera Quesada, Pérez Alcázar y Campos Bolaños, la Fiscalía pidió suspenderlos del cargo, presentarse a firmar, mantener domicilio fijo e impedimento de salida del país.

Lo mismo para el funcionario del Consejo de Transporte Público apellidos Rosales Apu: que con su puesto habría favorecido a la organización y empresas de Fernando Gómez. Destaca por haber recibido en apariencia, dádivas de parte de Gómez y Herrera, ya que, de acuerdo con las comunicaciones, ellos hicieron pagos y obsequios al funcionario.

Todos ellos deberán esperar la notificación de la resolución de la jueza vía escrita, la cual podría llegar el próximo lunes. Los delitos investigados contra la agrupación son falsedad ideológica, uso de documento falso, estafa mayor, legitimación de capitales, procuración de impunidad y cohecho. El caso se tramita bajo el expediente 22-005018-0042-PE.