Cabecillas de “Madre Patria” coordinaban dádivas con oficiales de tránsito en taller y por teléfono

Un español señalado como presunto líder de una organización criminal a la que señalan de cometer millonarios fraudes registrales con propiedades en zonas exclusivas, en apariencia dirigía parte del giro de su negocio a socios autobuseros con quienes tenía cercanía, incluso algunos de ellos fueron detenidos esta semana como parte de la operación Madre Patria realizada por autoridades judiciales.

Según un informe de la Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada (FAEDO) incorporado en el expediente 22-005018-0042-PE, el extranjero Fernando Gómez González coordinaba pagos a oficiales de tránsito, junto al supuesto testaferro Jonathan Herrera González y su hija, quien está directamente involucrado con empresas de autobuses en Alajuela principalmente.

"(…) Gómez González, mantiene operaciones en distintos ilícitos, siendo que en su accionar involucran empresas autobuseras registradas y administradas por otros miembros de la organización, como lo es Jonathan Herrera González, Nicole Herrera Vega y otros, los cuales de manera constante mantienen ayuda de funcionarios públicos para así evitar ser detectados y con ello seguir operando en sus negocios de manera tranquila", señala el documento judicial.

La tesis del ente acusador es que los empresarios estarían pagando dádivas a los policías para recibir ayudas en carretera como evitar ser multados por eventuales infracciones a la ley de tránsito, alertar de operativos y mantenerlos al tanto de acciones que pudiera desarrollar el Consejo de Transporte Público (CTP) que pudiera repercutir en sus negocios.

En el informe se enlista a los oficiales Campos Bolaños, Alvarado Amador, Ramírez Zumbado, Pérez Alcazar, Morera Quesada, como sospechosos de participar en los actos ilícitos.

"Siendo así Fernando Gómez González y Jonathan Herrera González, han logrado vincularse directamente con el funcionario Campos Bolaños, quien desempeña funciones como oficial de tránsito, el cual mantiene informado a Fernando sobre datos que involucran directamente a la flotilla de buses de este, como lo es, la alerta de órdenes de captura de vehículos y autobuses, esto a cambio de una remuneración económica, por parte del español", expone el expediente.

Añaden que Gómez también tuvo contacto con el oficial Alvarado Amador para que las empresas autobuseras con las que está relacionado tengan en beneficio como "la no confección de boletas de tránsito para la flota de autobuses que brindan el servicio de transporte público, todo esto a cambio de dádivas".

El resto de policías también cumplían un rol similar en carretera para la organización, por lo que se investiga la posible comisión de delitos como asociación ilícita, cohecho (en modalidad de penalidad del corruptor) y procuración de impunidad.

A la organización, además de supuestamente cometer delitos de alteración de señas y marcas, falsedad ideológica, uso de documento falso, enriquecimiento ilícito, entre otros, también se vincula con los delitos de corrupción de funcionario públicos y tráfico de influencias.

Pagos en plantel y transferencias

Sobre el pago de dádivas, el informe 66-UVISE-2023, resalta que se coordinaron reuniones en varios sitios, identificando una el 20 de julio del 2023, en la entrada de un taller, en barrio San José de Alajuela, donde se ubica uno de los planteles de la empresa de buses cuestionada.

Allí llegó una patrulla de Tránsito, placas PE-12-4489, en la cual viajaban dos funcionarios con uniformes de ese cuerpo policial para conversar con Herrera, y los agentes relataron lo observado en la vigilancia.

"(…) se pudo detallar cómo Fernando Gómez González, sacó de uno de los bolsillos traseros de su pantalón su billetera, la abrió y manipuló, sacó algo de su interior y se lo entregó al oficial de la Policía de Tránsito que conversaba con él, acto seguido el oficial de la Policía de Tránsito, abordó la unidad oficial, conversó con su compañero, poco después se fueron del sitio, para ese momento Jonathan y Fernando, se retiraron al interior del taller", detalla.

Incluso en las intervenciones telefónicas incorporadas al expediente resalta una entre Fernando Gómez y el oficial Campos, en la que concretan la colaboración.

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• Campos: Usted sabe que yo siempre lo ando a usted al tanto para que se cuide con las cosas… llegó una orden de captura de dos buses suyos.
• Fernando: ¿De qué buses?
• Campos: No sé, ya casi me lo pasan.

Seguidamente le informa que es por la denuncia interpuesta por un exempleado de la autobusera jubilado que está reclamando por el no pago de prestaciones ante el Ministerio de Trabajo, desde donde se giró la orden de retener las unidades.

• Fernando: Esos buses no los tiene ni en la calle.

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"(…) se puede observar y como es común en estos grupos criminales, intentan mantener aliados dentro de diferentes entidades públicas, con la finalidad de adelantarse y evitar ser descubiertos y sancionados. Para este caso, Fernando recibe información del funcionario de la Policía de Tránsito, quien le advierte sobre los buses que mantienen orden de captura, para que evite sacarlos a la vía pública", describe el análisis de los fiscales.

En otra llamada interceptada el 4 de mayo del 2023, se pudo determinar que Campos le brinda asesoría al español con posibles problemas que pueden llegar a tener los buses, además en la conversación hablan de transacciones realizadas al oficial "como forma de pago, por las colaboraciones que este le hace, para que su grupo criminal, pueda operar de forma tranquila".

Reclamos a oficiales

También en una comunicación entre ellos el 20 de junio del mismo año se pudo escuchar cuando el extranjero le pide cuentas al policía porque están deteniendo un bus de él para bajarle las placas a lo que Campos le responde: "voy a ver quién está, a ver quién puede ser, voy a ver quién está ahora en la tarde para ver quién es".

Se incorporaron otras intervenciones como la de Jonathan Herrera con el oficial Alvarado Amador, con quien habla en tono de reclamando diciendo que tráficos le pararon sus buses en carretera y tras intentar arreglar, le dice que pase a la oficina para coordinar otros aspectos y para sostener un almuerzo para finalmente decirle: "luego le hago un sinpe".

Agregan que además el funcionario público le brindaba asesoría sobre las rutas que podría llegar a ocupar, evacuando dudas sobre operaciones que estarían disponibles, posteriormente coordinan nuevos pagos mediante otra llamada.

"(…) se puede observar que el oficial de tránsito es un funcionario que le solicita dineros a Herrera, a cambio de favorecer la empresa de autobuses de la organización; en esta ocasión se comunica para efectuar un nuevo recibido de dinero de parte de Jonathan, además se puede apreciar que para Alvarado, es claro que la acción realizada no forma parte de sus funciones, ante el temor de ser observado con la patrulla en el lugar y con el fin de evitar problemas, le advirtió a Jonathan Herrera de dicha situación, acordando el contacto en las afueras del local", se lee en el informe.

Este contacto, que no duró más de 30 segundos, fue confirmado mediante la revisión de las cámaras de monitoreo de la Policía Municipal de Alajuela, donde se observa la interacción entre las personas señaladas.

También se incorporaron llamadas de Herrera con el oficial Pérez, donde se evidencia que hay contactos constantes para pedir favores, como no realizar partes por colisiones que tuvieron vehículos de la empresa autobusera, que además andaban sin la documentación al día o manejar de manera especial choques de sus unidades.

Precisamente en la sinopsis de una llamada del 25 de abril de este año, Jonathan Herrera llama a su Nicole, quien trabaja en la administración de una de sus empresas y le dice: "Nicole recuerda al tráfico que le depositamos ayer, pásele veinticinco rojos ya, porque no ve que un chófer chocó un bus" y le contesta que lo va a hacer de una vez.

Caso Madre Patria

Esta presunta banda fue desmantelada el martes 25 de junio tras la ejecución de 47 allanamientos en diferentes partes del país, que dejaron como resultado la detención de 36 personas hasta el momento.

El Ministerio Público confirmó que se investigan los presuntos delitos de asociación ilícita, falsedad ideológica, estafa mayor, legitimación de capitales, cohecho (en modalidad de penalidad del corruptor) y procuración de impunidad.

Entre los capturados figuran dos españoles que serían los líderes del grupo, según la policía. Se trata de León Muñoz y Gómez González, quienes en apariencia tenían una red para apropiarse de inmuebles por medio de fraudes junto a los dos hermanos Chaves Arias, hijos del exconvicto Omar Chaves.

Junto a ellos en apariencia operaron un juez de apellido Venegas, varios abogados y notarios, exfuncionarios judiciales, empresarios autobuseros, entre otros.