Burocracia consume mayoría de acuerdos y decretos del Gobierno
Mayoría de acciones corresponde a nombramientos y autorizaciones de viaje
(CRHoy.com) El 13 de noviembre anterior el Programa Estado de la Nación revelaba ante el país cómo la situación del empleo y los ingresos de la gente se habían convertido en un problema nacional.
El llamado de los expertos fue casi como un grito de auxilio: Prácticamente 9 de cada 10 personas tenían problemas para alcanzar el fin de mes con su salario y la esperanza de generar más empleos estaba en manos de un sector microempresario que padecía de "raquitismo", con muy poca fuerza para crecer y generar los trabajos que el país necesita.
La noticia siguió generando titulares y discusiones por un par de días, y hasta el gobierno dijo sentirse "preocupado".
Pero esa preocupación nunca llegó a convertirse en acciones para luchar por esos problemas. Dos días después del informe, los medios oficiales del Estado daban cuenta de cuáles eran las verdaderas prioridades del gobierno: cinco autorizaciones de viaje, un nombramiento en un cargo público y un decreto sobre el fondo de prevención bananera, fueron las únicas acciones publicadas por el Poder Ejecutivo.
No fue un caso aislado. CRHoy elaboró una base de datos con todos los acuerdos, directrices y decretos ejecutivos publicados desde el 15 de noviembre y hasta el último día de febrero pasado, para determinar cómo utilizó el gobierno de Carlos Alvarado las herramientas que posee para tomar acciones en materia de administración pública, en especial acuerdos, decretos ejecutivos y directrices, todas ellas publicadas en el diario oficial La Gaceta.
El resultado fue un total de 357 acuerdos, 151 decretos (incluida la aprobación y posterior retiro de la Upad) y 9 directrices. 517 acciones en total de las cuales siete de cada diez correspondieron a aspectos meramente administrativos.
Estos incluyen especialmente nombramientos en cargos dentro de ministerios y entidades, en representaciones y en comisiones. También fueron amplia mayoría las autorizaciones de viaje al extranjero y menor medida avales de índole tributario que tuvieron que ver especialmente con otorgamientos de beneficios de zona franca.
Del análisis se desprende que no hubo ni una sola medida de índole económico o que pudiera delimitarse como una acción en pro de la reactivación económica.
Los acuerdos
Del total de 357 acuerdos un 48% correspondió a nombramentos, en su mayoría realizados por el Ministerio de Justicia, la Cancillería, Salud, Educación y el Consejo de Gobierno. Hay nombramientos que van desde la Comisión de Biodiversidad, hasta para sustituir jerarcas del gabinete que se han ido.
Respecto a las autorizaciones de viajes, la entidad que más ha otorgado es Comercio Exterior (Comex) con 55, Educación con 27, seguidos posteriormente con Salud (19) y Presidencia (18), entre otros.
Decretos y directrices
Los decretos y directrices no escapan a la misma realidad. De los 151 decretos publicados en el periodo analizado la mayoría tuvo que ver con asuntos comunales, en especial declaratorias de acueductos rurales como de interés.
Hubo en ese mismo periodo al menos 20 declaratorias de asueto, y en menor medida de índole tributario (variaciones tarifarias y de reglamentos) cambios presupuestarios, entre otros.
Únicamente hubo tres tres decretos relacionados con el tema de empleo, una de las preocupaciones expresadas por Estado Nación en noviembre, pero ninguno de ello tendiente a generar o promover nuevos puestos de trabajo.
El primero el 10 de diciembre publicado por la Presidencia para reformar los lineamientos generales sobre la evaluación de desempeño de los empleados públicos, el segundo del Ministerio de Trabajo publicado el 28 de enero en donde derogó el Programa Conócete y el último publicado el 29 de enero efectuando cambios en el subsidio del programa Empléate.
El único decreto relacionado con las preocupaciones económicas fue uno publicado el 22 de enero por el Ministerio de Economía, oficializando una Política de Empresariedad de cara al 2030, pero que no estipulaba acciones concretas en el campo.
Respecto a las directrices, dos de ellas eran sobre seguridad, otras dos sobre salud, una sobre vacaciones, otra sobre inclusión social, otra sobre ciencia, una más sobre reglamentos en servicios públicos y finalmente otra sobre recorte de gastos en la administración pública.
Este decreto sobre reducción de gastos; sin embargo, fue un evento al cual el Gobierno se vio obligado y no necesariamente obedeció a una política del Ejecutivo para reducir los presupuestos. Fue la directriz que permitió el traslado horizontal y uso de plazas en Japdeva, ante su riesgo de quiebra.
El accionar del gobierno hace proyectar un sentimiento de que lo que se está haciendo en el gobierno no es suficiente. Y tomando en cuenta que el país atraviesa un momento de incertidumbre por la pandemia del COVID-19, el temor es que la situación se complique.
"Hay un montón de pequeñas cosas que se pueden hacer, pero no se hacen… flexibilidad de horarios, cargas sociales en pymes, pólizas de riesgo… El sentir es que las medidas son suficientes, se puede hacer mucho más y que hay que reaccionar con mucho más fuerza", apunto Alonso Bogantes, gerente de la empresa Matra.
¿Y los proyectos de ley?
Desde el 1 de diciembre y hasta el último día de abril, las decisiones de lo que se discute en la Asamblea Legislativa están a cargo del Gobierno.
Según la documentación presentada ante la Asamblea Legislativa, se han enviado al menos 192 proyectos y se efectuaron al menos 11 retiros.
La prioridad del gobierno en los proyectos enviados al Congreso ha estado especialmente enfocada en aspectos sociales, ambientales y de derechos humanos.
En materia de reactivación económica hubo solo cinco iniciativas, de las cuales solo una fue generada por el Ejecutivo, correspondiente a un proyecto que regulaba la tasa de usura. El proyecto fue retirado de la corriente legislativa el 28 de noviembre y el Congreso luego comenzó a trabajar sobre un texto distinto.
Los restantes proyectos en trámites son el 21.520 del PUSC para incentivar la generación de emprendimientos y empleo, el 21.522 también del PUSC que establece una amnistía en cargas sociales, el 21.524 de incentivos a microempresas presentado por María José Corrales del PLN, y el 21.647 de varios diputados para la creación de juntas cantonales de empleo.
Pedro Muñoz, de la PUSC, afirmó tajantemente que los intereses del Ejecutivo en materia de reactivación económica "no existen".
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Desde la advertencia del Programa Estado de la Nación en noviembre el país ha visto pasar más noticias sobre la situación económica del país, unas menos alentadoras que otras. Se conoció el elevado déficit fiscal de 6,9% en diciembre, se confirmó que el país alcanzó el mayor nivel de desempleo histórico con un 12,4%, y aunque el Banco Central apuntó una ligera mejora económica hacia el cierre del año, la llegada del COVID-19 ha despertado los temores de una recesión mundial y un contagio económico local.
Precisamente no fue sino ante la llegada del COVID-19 que este fin de semana el Ejecutivo anunció una serie de medidas que tomará en el campo económico, algunas de ellas mediante acuerdos y otras por medio de proyectos de ley, que involucrarían desde flexibilizaciones en cargas sociales y en materia tributaria hasta cambios en la política de tasas de interés.