Brunner defiende su presencia en inauguración de laboratorio de empresa investigada
El diputado del Partido Pueblo Soberano (PPSO) Stephan Brunner defendió su presencia en la inauguración de un laboratorio de Hybrida Farms en Cartago. El legislador alegó que el nuevo recinto de producción de marihuana medicinal no está en la misma finca que se encuentra bajo investigación.
El Ministerio Público investiga a la empresa por presunto daño ambiental al humedal de Coris, así como a dos de sus altos cargos de apellidos Obando Rojas y Calderón Chaves.
Brunner no atendió las consultas de CR Hoy, pero confirmó en un comunicado que asistió como parte de su trabajo de acompañamiento al desarrollo de la industria regulada del cannabis medicinal y terapéutico en Costa Rica.
Según el diputado, la nueva instalación es distinta de la finca de Coris de Cartago, sobre la cual hay un proceso de investigación por una situación contra el humedal.
Sin embargo, el material que procesa ese laboratorio proviene de la finca que presuntamente invadió el humedal, y ambos inmuebles pertenecen a la misma empresa.
"Yo participé en una actividad pública relacionada con una industria legal y regulada que tiene potencial para generar inversión, innovación y empleo en Costa Rica", afirmó Brunner.
Brunner descartó que su participación sea respaldo
El 31 de agosto, la fracción del PPSO publicó un video en el que Brunner destacó la importancia del laboratorio de Hybrida Farms, que inauguró.
Después declaró que su presencia no representa respaldo a personas investigadas ni una posición sobre un proceso que corresponde resolver exclusivamente a las autoridades competentes.
El diputado también enfatizó que debe garantizarse la protección del humedal de Coris y que las autoridades deben atender y sancionar, conforme a la legislación, cualquier daño que se compruebe.
Cuando el oficialista asistió al evento, las acciones judiciales contra la empresa ya existían y eran de conocimiento público. La Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental mantiene abierta desde hace dos años la causa penal 24-000030-0611-PE por el presunto delito de drenaje, relleno, secado o eliminación de humedales.
Según confirmó el Ministerio Público, el Juzgado Penal de Cartago acogió el 16 de julio de 2026 varias medidas que solicitó la Fiscalía. Con ellas, la compañía debía detener algunas obras y evitar más daños en la zona protegida.
Además, el Juzgado ordenó el 17 de julio una anotación registral al margen de la finca, para hacer constar la investigación sobre el inmueble. Es decir, todas esas medidas ya regían mes y medio antes de que Brunner asistiera al evento y resaltara la importancia del laboratorio.
Desde su primera inspección en esa finca, el Minae advirtió a los propietarios que la propiedad albergaba una de las fuentes termales más importantes de la zona. Pese a ello, la empresa presuntamente la drenó y la tapó con un relleno de tierra, lo que desencadenó la investigación judicial.+
Fuente termal dentro de la finca de Hybrida Farms que fue tapada con rellenos de tierra y piedra.
Hechos previos conocidos públicamente
El 17 de febrero, agentes allanaron una propiedad vinculada con Hybrida Farms, apenas cuatro meses antes de la visita del diputado. La Fiscalía Ambiental y el OIJ decomisaron un teléfono, computadoras y documentación, y realizaron peritajes topográficos.
La Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) otorgó el 2 de mayo de 2024 la viabilidad ambiental al proyecto Hybrida Farms: Nave Industrial, que desarrolla Vantage Point Global CR S. A. Lo hizo pese a que desde febrero de ese año un informe recomendaba incorporar el área al Registro Nacional de Humedales.
En junio de 2026, la Sala Constitucional ordenó mantener suspendidas las obras mientras Setena concluye un procedimiento administrativo sobre esa viabilidad. La Sala no resolvió si el permiso es válido.
El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) también documentó obstáculos para fiscalizar la propiedad. Durante una inspección en febrero de 2025, sus funcionarios observaron maquinaria pesada y determinaron, junto con autoridades municipales, que los movimientos de tierra requerían permisos que no constaban en los registros.
Cuando regresaron con funcionarios municipales y policiales para detener las obras, el personal de seguridad les impidió ingresar. El Sinac pidió en seis ocasiones la intervención de la Fiscalía, sin lograr el acceso.
Los cuestionamientos se remontan, al menos, a enero de 2024. Entonces, el ambientalista Ricardo Muñoz denunció ante la Municipalidad de Cartago y el Minae presuntas afectaciones en la finca La Mara, donde se desarrolla el proyecto. Muñoz advirtió sobre trabajos de dragado y relleno en terrenos con nacientes, un manantial natural y fuentes hidrotermales, y solicitó medidas urgentes para proteger el ecosistema.