Bono Proteger: Gobierno recupera solo 13% de montos pagados a funcionarios públicos
129 instituciones agrupan a 1212 servidores estatales
El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, informó el 15 de junio de 2022 que daba un ultimátum de 1 mes para que más de 1.200 funcionarios públicos devolvieran el Bono Proteger que no les correspondía.
A casi 21 meses del anuncio presidencial, se procedió a reportar la devolución únicamente del 13% del monto pagado de forma indebida.
El dato se desprende de un análisis realizado por CRHoy.com con base en estadísticas oficiales que compartió el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) con corte a diciembre de 2023.
El MTSS identificó 1.212 casos de funcionarios públicos de 129 instituciones del aparato estatal, entre ministerios, instituciones autónomas, municipalidades, bancos, universidades públicas, Corte Suprema de Justicia y otros.
El monto identificado del desembolso fue de ₡342.707.500. De ese monto, se recuperaron ₡46.324.250 y quedan aún pendientes ₡296.383.250.
Según el MTSS, "el dinero desembolsado es la suma que se le depositó a todos los posibles funcionarios, pero no quiere decir que sea el dinero a recuperar debido a que en muchos casos sí les correspondió el dinero".
La nota al pie de la cartera de Trabajo se da a pesar de que existió una prohibición por parte de los funcionarios públicos para recibir este tipo de ayudas estatales en medio de la pandemia.
El bono Proteger se convirtió en una herramienta impulsada por el gobierno anterior el 9 de abril de 2020 con el propósito de ayudar con financiamiento a aquellos trabajadores del sector privado e independientes cuyo impacto en la pandemia fue reducirles sus ingresos salariales.
La cuota era de ₡62.500 mensuales por un trimestre para quienes se les disminuyó a la mitad su remuneración, mientras que el monto ronda los ₡125.000 tanto a cesados como a quienes se les suspendió el contrato producto del Covid-19.
El subsidio nunca incluyó a los funcionarios del sector público, pero aun así, entidades fiscalizadoras como la Contraloría General de la República (CGR) encontraron fallos a la hora de administrar los recursos.
Ultimátum
El mandatario Chaves giró la orden en junio de 2022 para reintegrar los recursos a todos los funcionarios públicos, incluyendo a municipalidades, universidades públicas, bancos y otras instituciones estatales.
Para ese momento, la cifra de funcionarios públicos que el Gobierno de la República manejaba era de 1.309, a los cuales se les dio el lapso de 1 mes para devolver los fondos.
"Hay 1.309 funcionarios públicos que recibieron bono Proteger en contra de la ley por un monto muy sustancial y que estamos dándoles a esos 1.309 funcionarios públicos un mes para que devuelvan el dinero del bono Proteger en contra de la ley y por un error administrativo.
Por lo tanto, de acuerdo con la normativa de control interno y a los requisitos de probidad de la función pública, tienen que devolver estos recursos de manera inmediata", sostuvo Chaves en junio de 2022.
Andrés Romero, ministro de Trabajo, informó el 3 de mayo de 2023 que abriría 187 órganos disciplinarios, así como una auditoría de carácter especial respecto con el pago de recursos del subsidio a funcionarios públicos.
"Tenemos una serie de notas y en este momento abrimos 187 órganos disciplinarios. Enviamos una nota más para que al resto de funcionarios también se les investigue por la recepción de los fondos", dijo Romero el 3 de mayo del año anterior.
Durante ese día, Chaves reconoció no tener injerencia en instituciones como universidades públicas y municipalidades, a pesar de que en junio de 2022 les exigió la devolución del dinero. Ahí hizo la excitativa del reintegro de los fondos.
Se hizo la consulta a la Oficina de Comunicación del Ministerio de Trabajo sobre los avances del informe de Auditoría realizados desde marzo. La gestión está pendiente de una respuesta.
Desglose ministerial
Con corte a diciembre de 2023, la institución que más registra más funcionarios públicos pendientes es el Ministerio de Educación Pública (MEP) con 333, seguido de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) con 262 y las municipalidades con 172.
En cuarta posición se encuentran las universidades públicas con 80 y finalmente la Corte Suprema de Justicia con 57, de acuerdo con estadísticas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Funcionarios del MEP procedieron a la devolución de ₡26.625.000, mientras que los de la CCSS están de ₡6.500.500 y las municipalidades ₡2.256.250.
La Contraloría General de la República detectó que se depositaron de forma errónea ₡10.200 millones a 5.500 personas.