Batalla entró a reunión de forma intempestiva para defender atrasos de MECO en pista de aeropuerto
El 21 de agosto de 2024, Mauricio Batalla Otárola, en su condición de ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), participó en una reunión técnica virtual convocada para discutir la modificación del contrato otorgado a la Constructora MECO. El proyecto en cuestión consistía en la reparación de la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós (AIDOQ).
Durante el encuentro, Batalla defendió los atrasos que presentaba la empresa en la ejecución de las obras, pese a que ya se conocían incumplimientos por parte del contratista.
El gobierno había adjudicado un contrato por $39,9 millones a dicha compañía por medio de un procedimiento de excepción, y actualmente se investiga la posible comisión de delitos por parte de varios funcionarios y miembros de la empresa, relacionados con presiones indebidas para obtener la adjudicación del proyecto y con la modificación contractual que habría favorecido a MECO.
El caso se tramita en el expediente 24-000030-1218-PE y se indaga la posibilidad de que se cometieran los delitos de tráfico de influencias, influencia contra de la Hacienda Pública y malversación de fondos.
El exjerarca distribuyó culpas entre los participantes de la reunión con el fin de eximir de responsabilidad al contratista, pese a que ya se conocían irregularidades derivadas del incumplimiento del contrato.
La orden de allanamiento, mediante la cual la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) solicitó la detención de Batalla; de Alejandro Picado Eduarte, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias; de Henry Villalobos Solís, ingeniero del CNE y fiscalizador de la obra; y de Marcos Castillo Masís, director de Aviación Civil, confirma las actuaciones del exministro.
Durante la reunión virtual, los miembros de la Unidad Ejecutora del proyecto —Sylvia Jiménez Cascante, Alexander Sánchez Mora, Fabián Brenes Arce y David Rojas Alfaro— recibieron una reprimenda por parte de Batalla, quien posteriormente se desconectó de la sesión.
En el encuentro también participaron Villalobos y Castillo, así como José Alfredo Sánchez Zumbado, en representación de MECO; todos ellos figuran actualmente como imputados en el caso Pista Oscura.
Además, estuvo presente el consultor internacional Fabián Alejandro Schvartzer, acompañado de su equipo de trabajo, con el objetivo de analizar las notas técnicas elaboradas por él mismo.
"Mientras se estaba llevando a cabo la referida reunión, en forma intempestiva ingresó a la misma el funcionario público imputado Mauricio Batalla Otárola, quien intervino en razón de su cargo como Ministro de Obras Públicas y Transportes, prevaleciéndose de su posición jerárquica como máximo jerarca de la entidad, para continuar dirigiendo el desarrollo del plan encaminado a que se admitiera la ingeniería de valor propuesta por la empresa Constructora MECO S.A."
Según la Fiscalía, Mauricio Batalla influyó sobre los miembros de la Unidad Ejecutora al reprocharles, supuestamente, por entorpecer el avance de la obra. Los responsabilizó de los atrasos en su ejecución y los condicionó al ordenarles que esta no debía paralizarse.
"(…) aduciendo que era una orden suya y la posición de la administración (CNE, MOPT y Presidencia de la República), así como que debían atender las observaciones que realizara el consultor Schvartzer sobre quien influyó indebidamente al presionarlo para emitir un criterio que permitiera continuar con el avance de la obra para poderla concluir antes de noviembre de 2024 y se desconectó de la reunión sin darle la oportunidad a los miembros de la Unidad Ejecutora de referirse a la posición que han sostenido, los incumplimientos de la empresa contratada o las manifestaciones realizadas por el ministro Batalla en esa reunión"
Batalla fue detenido el miércoles en su casa en Curridabat, como uno de los imputados en este caso.
La Fiscalía le atribuye haber presionado, presuntamente, para que se admitiera la propuesta de ingeniería de valor presentada por MECO, con el fin de que la compañía pudiera concluir las obras sin recibir sanción disciplinaria ni económica.
Batalla y el resto de implicados permanecen en libertad, a la espera de que se les impongan las medidas cautelares correspondientes.
En total, la Fiscalía investiga a 16 personas. Quince de ellas figuran en la causa que tramita la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), mientras que la causa paralela está en manos de la Fiscalía General de la República e incluye al presidente Rodrigo Chaves Robles, quien firmó el decreto de emergencia que permitió utilizar recursos del Fondo Nacional de Emergencia para reparar la pista de la terminal aérea.