Banda narco de yerno e hija de Macho Coca descontarán un año de prisión
La Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada (Faedo) consiguió que se ordenara un año de prisión preventiva contra 55 personas vinculadas con la organización narco desarticulada en la operación Leviatán, que permitió la caída del grupo encargado de brindar servicios logísticos a otras bandas que habrían exportado 14,5 toneladas de cocaína.
Entre los cabecillas figuran Joseph Casanova y Melanie Bell, yerno e hija de Gilbert Bell Fernández, alias "Macho Coca", extraditado a Estados Unidos por narcotráfico. En total, 55 personas permanecerán en prisión preventiva, mientras que otras dos cumplirán medidas cautelares menos severas. El Juzgado Penal de Limón dejó a otros dos imputados en libertad.
La Fiscalía analizará la resolución completa para determinar si procede interponer un recurso de apelación.
"Este caso responde a una importante investigación que venía desarrollando la Fiscalía, porque pone de manifiesto y permite desarticular una importante red de narcotráfico que, básicamente, se dedicaba a reexportar clorhidrato de cocaína hacia Estados Unidos y Europa.
De esos 14.500 kilos, algunos fueron interceptados aquí, en Costa Rica, dentro de las instalaciones de APM, y también fueron incautados en acciones policiales en Europa, fundamentalmente", detalló el fiscal adjunto Mauricio Boraschi.
La organización estaba integrada, entre otros, por funcionarios que trabajaban o se encontraban dentro de APM Terminals, así como por oficiales de Policía que colaboraban con la estructura y que, por lo tanto, podían burlar y evadir los controles establecidos para facilitar los procesos de tráfico internacional de drogas.
La banda no producía la droga, sino que operaba como una empresa transnacional de servicios logísticos para otros grupos criminales. Cobraba una tarifa fija de $250.000 por contenedor e introducía la cocaína mediante tres métodos específicos en la Terminal de Contenedores de Moín (TCM).
Nueve oficiales de la Policía de Fronteras y un exoficial fueron capturados. Según reveló el expediente judicial, estos funcionarios omitían deliberadamente la revisión de los documentos de transporte, permitían el paso de cabezales sin verificar la identidad de los choferes e incluso daban luz verde al ingreso y salida de camiones sospechosos sin dejar ningún tipo de registro en las bitácoras o sistemas oficiales de APM Terminals.
La organización también contaba con el apoyo directo de choferes de camiones, operadores de grúas dentro del puerto y personal técnico. Uno de los coordinadores clave, de apellidos Camacho Jara, era un exoperador de APM Terminals que utilizaba su conocimiento interno para coordinar los puntos ciegos y la logística para contaminar los contenedores.
La desarticulación requirió 65 allanamientos simultáneos el 28 de julio en seis provincias del país, durante los cuales inicialmente fueron capturados 52 sospechosos. Días después, tras la entrega voluntaria de algunos de los cabecillas que habían huido en primera instancia —entre ellos, la pareja Bell-Casanova y Camacho Jara—, la cifra de imputados superó los 60.