Avalan endurecer penas de cárcel por reconstruir o reutilizar pistas clandestinas
Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Foto: Asamblea Legislativa.
Hasta 15 años de prisión podrían enfrentar los propietarios, arrendatarios o administradores de terrenos que reconstruyan o vuelvan a utilizar pistas de aterrizaje clandestinas o no autorizadas, según un proyecto de ley dictaminado por la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.
La iniciativa establece penas de 10 a 15 años de cárcel para propietarios o administradores que rehabiliten, reconstruyan o reutilicen esas instalaciones después de que las autoridades hayan ordenado su inhabilitación, cierre o destrucción.
Se trata de un proyecto para sancionar e inhabilitar las pistas de aterrizaje clandestinas y no autorizadas y permitir el decomiso de bienes vinculados a actividades ilícitas, impulsado por la presidenta Laura Fernández y avalado por unanimidad en comisión.
La propuesta plantea endurecer las sanciones contra quienes faciliten infraestructura aeronáutica utilizada para actividades relacionadas con el narcotráfico y el crimen organizado.
Uno de los principales cambios consiste en elevar de tres a ocho años de prisión a un rango de cinco a diez años la pena para quienes faciliten, auspicien, toleren, permitan, habiliten o construyan pistas de aterrizaje, aeródromos, helipuertos o sitios de atraque no autorizados o utilizados para actividades ilícitas.
La reforma amplía las responsabilidades más allá de quienes construyan directamente las pistas, pues también incluye a personas que permitan o toleren su funcionamiento en terrenos bajo su administración o posesión.
Votaron afirmativamente diputados de Pueblo Soberano (PPSO), Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio y PUSC.
Multas también aumentarían
La propuesta contempla cambios en la Ley General de Aviación Civil. Actualmente, operar aeronaves en aeródromos y aeropuertos no autorizados se sanciona con una multa equivalente a 20 salarios mínimos.
El proyecto pretende duplicar esa sanción y elevarla a 40 salarios mínimos, equivalentes a aproximadamente ₡14,9 millones.
Además, el expediente otorga a la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) la potestad de declarar la clandestinidad o ilegalidad de estas instalaciones mediante una resolución administrativa.
Asimismo, permite al Ministerio Público solicitar ante un juez penal la inmovilización registral de las propiedades donde se identifiquen pistas clandestinas.
Con lo anterior, se incorporan mecanismos para que las autoridades soliciten la inmovilización registral de las propiedades relacionadas con estas actividades, lo que impediría venderlas, traspasarlas o hipotecarlas mientras se mantenga vigente la medida cautelar.
La iniciativa también permitiría el decomiso preventivo de maquinaria, vehículos, aeronaves y otros equipos utilizados para construir, acondicionar u operar las pistas.
El proyecto forma parte del paquete de iniciativas de seguridad que presentó el Gobierno de Laura Fernández ante el Congreso en junio de 2026.
Ahora, el texto pasa al Plenario para continuar su trámite.