Auditoría: Se desconoce paradero de 5 armas pertenecientes a equipo de seguridad del Congreso
Edificio Asamblea Legislativa. (Foto: CRH)
(CRHoy.com) La Asamblea Legislativa desconoce el paradero de 5 armas de fuego. Así lo revela un informe de la Auditoría Interna de ese poder de la República, al cual tuvo acceso CRHoy.com.
Según el documento AL-AUIN-INF-0009-2022, con fecha del 28 de setiembre de 2022, se identificó que se mantiene una inconsistencia de 5 armas, entre las reportadas por el Área de Seguridad y las que aparecen inscritas ante el Departamento de Armas y Explosivos.
Se exterioriza que estas no están en poder de la Asamblea Legislativa, sino que están extraviadas, de tal situación pese a que se indica en los oficios que se realizaron gestiones, tales como, una declaración jurada por parte de la Asamblea Legislativa, para el reporte de esas armas, no se encontró la información formal, suficiente y competente que sustente lo indicado, señala el informe.
La actual jefa de Seguridad del Congreso, Magaly Camacho explicó que las armas se perdieron hace 20 años cuando ella no estaba en la institución.
"Fue muy extraño porque a la Auditoría se le explicó muy bien que esas armas se extraviaron entre los años 2000 y 2002, cuando yo no era jefa de Seguridad, yo asumí en el 2004", afirmó.
Camacho insiste que bajo su mando los controles son diferentes, y hace inventario de armas cada cambio de jornada.
"Cuando yo asumí las armas ya no estaban en el inventario, eran 5 revólveres, yo me di cuenta porque el departamento de Armas y Explosivos me informó cuando hubo declaraciones juradas por reformas en la ley y declaré lo que tenía en ese momento", agregó.
Aun así, las armas extraviadas siguen apareciendo en el inventario, aunque nadie sabe qué pasó con ellas, ni donde están.
Camacho agrega que no existen registros porque por la ley muchos archivos se destruían cada cierto tiempo.
"Yo supongo que esos oficios ya no existen, entonces no se ha podido buscar más información de la que yo quisiera, ni más documentos que puedan demostrar qué sucedió", mencionó la funcionaria.
La Ley 7530, Ley de Armas y Explosivos, en su artículo 5, establece que los órganos estatales, deben informar, semestralmente, a la Dirección Control de Armas y Explosivos del Ministerio de Seguridad Pública, sobre la cantidad de armas, el tipo, el número de serie, el patrimonio, nombre de la persona a quien se le han asignado y el estado de las armas de fuego bajo su custodia.
Dicha ley establece llevar un inventario permanente de todas las armas donde se debe puntualizar: cantidad, tipo, marca, modelo, calibre, número de serie, número de patrimonio y estado de las armas que posean, así también el nombre o lugar donde se ha asignado cada arma.
"De acuerdo con el inventario de armas reportado por el Área de Seguridad y Vigilancia de la Asamblea Legislativa, la institución cuenta con 45 armas de fuego, dato que coincide con lo informado por la Jefa de la Unidad de Seguridad y Vigilancia, al Departamento de Control de Armas y Explosivos del Ministerio de Seguridad Pública, no obstante dicho informe remitido no consignó los nombres de las personas responsables a quien se asignó dicho armamento, tampoco el número de patrimonio y su estado", indica el informe.
Además, señala la Auditoría Interna que el inventario de armas en custodia del Área de Seguridad, remitido por la Unidad de Suministros y Bienes, no aparece una asignación de responsabilidad de dicho armamento.
"En contraposición a lo que establece el Reglamento de Bienes Muebles de la Asamblea Legislativa en el artículo 16 al señalar que en aquellas dependencias institucionales en que los funcionarios laboren con los mismos bienes muebles, es decir que sean de uso compartido, los jefes son responsables de la pérdida, el daño o la depreciación que sufran estos, cuando no se deban al deterioro natural por razón de uso legítimo o de otra causa calificada, por la jornada laboral", agrega el documento.
Los funcionarios, por su parte, están obligados a velar por el uso correcto de los bienes muebles y deben gestionar la conservación y el mantenimiento adecuado, así como informar a las autoridades competentes cualquier situación irregular que observen en la custodia.
Magaly Camacho, jefa de Seguridad de la Asamblea Legislativa (Captura)
Chalecos
Este mismo informe revela además que el personal de seguridad interna del Congreso no utiliza 15 chalecos antibalas que están en condiciones de uso.
Además que 41 de los 56 chalecos que se disponen ya alcanzaron la fecha de caducidad que se indica en cada uno de ellos, misma que coincide con la vigencia que para el caso de paneles balísticos, es de 7 años, y para forros o funda portadora que en su mayoría es de 3 años.
Camacho señala que tiene 60 oficiales pero no existen los recursos para comprar un chaleco nuevo para cada uno.
Debido a la falta de presupuesto es imposible que los oficiales dispongan de un chaleco cada uno.