Auditoría de la CCSS relata a Fiscalía presuntas irregularidades en adjudicación de áreas de salud
Hubo alertas de sobreprecios
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La Auditoría Interna de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) le envió un amplio informe a la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, en el que relata una serie de presuntas irregularidades que se dieron en el proceso de adjudicación de 10 áreas de salud a cooperativas.
En la relación de hechos elaborada por los auditores de la CCSS se menciona una presunta presión de parte de la presidenta de la CCSS Marta Esquivel para realizar la adjudicación, pese a que habían sido advertidos en informes anteriores de presuntos sobreprecios en la adjudicación.
Además, se menciona el hecho de que los miembros de la Junta avalaron la adjudicación pese a que en mayo anterior se había solicitado declarar infructuoso el proceso.
La auditoría alertó a la Fiscalía que los miembros de la Junta Directiva -dirigida por Marta Esquivel- solicitaron de forma "informal" a la directora de la Red de Servicios de Salud Karla Solano que "se extendiera el plazo de contratación a 10 años, cambios en los perfiles administrativos y que se eliminaran requerimientos institucionales en materia de infraestructura y equipamiento, disminución en el monto de la garantía de cumplimiento y la potestad del oferente de consolidar los procesos en casos de ser adjudicado con más de una partida", detalla el informe.
La adjudicación de los centros de salud se dio el pasado 6 de julio y la Auditoría envió la relación de hechos a la Fiscalía 4 días después, el 10 de julio.
Denuncia del SINAES
A raíz de esta adjudicación y la advertencia de la Auditoría, el Sindicato General de Enfermería y Afines (Sinae) denunció a Esquivel por presunta malversación de fondos y tráfico de influencias.
Además, denunciaron a María de los Ángeles Gutiérrez, Directora de Proyección de Servicios de Salud de la Caja Costarricense de Seguro
Social (CCSS), quien presentó la recomendación de adjudicación el mismo día que se aprobó.
La denuncia se presentó ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.
Cuestionamientos desde hace 3 años
La adjudicación ha sido ampliamente cuestionada, ya que diferentes informes alertaron de sobreprecios. Para comprender el porqué esta adjudicación ha sido polémica y hasta investigada, es necesario remontarse más de 3 años atrás.
En marzo del 2021, la Contraloría General de la República (CGR) autorizó a la CCSS a contratar de manera directa a terceros para que brindaran servicios en el primer nivel de atención, lo cual se concretó.
Por atrasos en el cronograma, la CCSS le solicitó a la CGR autorización para prorrogar la contratación por 24 meses. El 1 de setiembre del 2022, el órgano contralor avaló realizar una nueva contratación directa por el plazo de 18 meses.
En marzo del 2023, la Junta Directiva conoció la propuesta de continuidad y acordó adjudicar el procedimiento de compra excepcional.
El 1 de junio, de ese mismo año, el Dr. Marino Ramírez, gerente médico en ese momento, presentó ante la Junta Directiva una propuesta de justificación de la licitación n° 2023LY-000002-0001101142 y a raíz de este se acordó que la contratación de servicios de salud por terceros en el primer nivel de atención, se efectúe por un plazo de 10 años.
18 días después de este acuerdo se invitó a participar en el procedimiento de compra por medio de la plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) y el 2 de noviembre del 2023 se efectuó la apertura de ofertas.
¿Qué ha pasado este año?
La Subárea de Reactivos y Otros realizó el análisis administrativo de las ofertas el 20 de marzo de este 2024, y la Comisión Intergerencial emitió su criterio técnico de las ofertas presentadas.
Luego, el 8 de abril, el Área Contabilidad de Costos, realizó el estudio de razonabilidad de precios y el 10 de ese mismo mes presentó el siguiente resultado:
¿Qué quiere decir esto? El Área de Contabilidad de Costos determinó que los precios ofertados por las cooperativas eran excesivos. A raíz de estos hechos, el 3 de mayo la Junta de Adquisiciones de la CCSS le pidió a las gerencias Financiera, Médica y Logística analizar a fondo la estructura de precios de estas ofertas.
El 8 de mayo, Esteban Vega, gerente de Logística, remitió a la Junta Directiva mediante un oficio el expediente del procedimiento de compra número con el propósito de dictar el acto final de dicho proceso como infructuoso.
El 11 de mayo, la Junta Directiva conoció este oficio y acordaron crear un equipo financiero intergerencial para que analizara y verificara los estudios de razonabilidad de precios de dicha compra y se prorrogó el acto de dictado final para el 26 de junio.
Durante junio se enviaron varios oficios con criterios técnicos, aclaraciones de metodologías, entre otros. Específicamente, el 19 de junio, la Directora de Red de Servicios de Salud, le señaló a la Gerencia Médica los cambios que pidieron los miembros de la junta, de forma "informal" y de los que la Auditoría también alertó a las autoridades judiciales:
- Dejar a la libre los perfiles administrativos.
- La extensión del plazo de contratación a 10 años
- Eliminar requerimientos institucionales en materia de infraestructura y equipamiento.
- Disminución en el monto de la garantía de cumplimiento.
- La potestad del oferente de consolidar los procesos en casos de ser adjudicado con más de una partida.
Una vez más, pese a varias alertas de sobreprecios, la Junta Directiva acordó el 22 de junio -luego de analizar el oficio que recomendaba declarar el acto como infructuoso- ampliar el plazo del acto de dictado final y conformar un nuevo equipo intergerencial.
También, Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la CCSS, le solicitó a María de los Ángeles Gutiérrez Brenes, Directora de Proyección de Servicios de Salud "(…) tener un nuevo informe urgente para la próxima semana, para apoyar en el tema de per cápita (…)". Gutiérrez aseguró que realizarían un estudio comparando unidades institucionales y las administradas por terceros.
Después de la recomendación presentada por Gutiérrez, se acordó adjudicar las 10 Áreas de Salud a terceros. La intención fue que una serie de cooperativas atiendan los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS) y las clínicas en áreas de salud de Barva y San Pablo (Heredia); Escazú, Santa Ana, San Francisco, Carpio, León XIII, San Sebastián-Paso Ancho, Pavas, Desamparados II y Tibás (San José).
La Auditoría le pidió a la Fiscalía, valorar lo expuesto y que adopten las acciones necesarias.
Relacionado con este tema, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción informó que tienen la causa 24-000267-1218-PE, la cual se encuentra en investigación, por el aparente delito de tráfico de influencias. "El caso se tramita contra ignorado, es decir, por ahora no hay personas imputadas individualizadas", indicaron.