(CRHoy.com) -El acuerdo para flexibilizar las huelgas en el sector educación divide a diputados de distintas fracciones, quienes reconocen que el tema será revisado cuando el proyecto de ley para frenar abusos en huelgas ingrese al Plenario Legislativo para su discusión y votación.

Una negociación entre organizaciones magisteriales y legisladores de la comisión especial del Congreso que dictaminó afirmativamente ese proyecto logró excluir a la educación pública de la lista de servicios esenciales, en los que se prohibirán completamente las huelgas.

Según el texto del proyecto, las huelgas en el sector educación quedarán limitadas a un plazo de 21 días consecutivos o 10 días naturales discontinuos.

Concluido ese plazo, los educadores tendrán que regresar a sus labores, pero si no hay un acuerdo entre las partes, el conflicto deberá ser resuelto por otras vías, como el arbitraje.

Las posiciones de los congresistas en torno a la concesión que se hizo a las organizaciones gremiales en el proyecto de ley están encontradas.

Algunos creen que fue oportuno, otros sostienen lo contrario y consideran que la educación es un servicio esencial, mientras hay quienes adelantan que ese tema deberá ser revisado por el Plenario, máximo órgano de decisión de la Asamblea Legislativa.

Los legisladores expresaron sus posturas en momentos en que la Asociación Nacional de Educadores (ANDE) y la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) se preparan para otra huelga a partir del próximo lunes, paradójicamente en protesta contra el proyecto de ley en el que se suavizó el tratamiento a ese sector.

En desacuerdo

Aunque el acuerdo con los sindicatos aún no ha sido discutido en el seno de sus bancadas, los diputados María Inés Solís, jefa de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), y Otto Roberto Vargas, del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC), expresaron que están en contra de excluir a la educación de la lista de servicios esenciales.

Solís sostuvo que el 8% del Producto Interno Bruto (PIB) se traslada a la educación y que eso es suficiente razón para que sea un servicio esencial.

"No tiene otra explicación. Para mí, se queda como servicio esencial, si fuera yo la que tuviera que decidir, pero somos 57", manifestó.

Añadió que necesariamente el tema tendrá que ser abordado en la reunión de los socialcristianos.

Vargas, por su parte, opinó que estaría dispuesto a que en el Plenario Legislativo se revise el acuerdo.

Reservas

En la bancada del Partido Liberación Nacional (PLN) -dos de cuyos diputados formaron parte de la negociación con las organizaciones gremiales- no existe una posición sólida con respecto a la decisión de flexibilizar las huelgas en el sector educación.

Incluso, hay reservas y la negociación -en la que estuvieron los legisladores Carlos Ricardo Benavides, presidente del Congreso y Yorleni León– será discutida en la reunión semanal de los verdiblancos el próximo lunes.

"Nosotros tenemos ese tema definido para abordarlo el lunes. Vamos a abordar el tema, igualmente la moción de suspensión de pago de salarios desde el inicio de la huelga. A mí me parece que hay varios elementos que ahora necesitamos discutir de manera más integral", dijo la jefa de la fracción liberacionista, Silvia Hernández.

La legisladora recordó que cuando se decidió excluir a la educación de la lista de servicios esenciales fue en el marco de una mesa de trabajo, con el propósito de que el proyecto fuera "políticamente posible con un sector que siempre es difícil", sin perder de vista el objetivo del proyecto de regulación de huelgas", afirmó.

Admitió que el PLN siempre ha abogado a favor de la educación como un servicio "primordial" y, al igual que Solís, manifestó que así lo refleja la asignación presupuestaria del 8% del PIB.

A favor

La fracción del oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC) y los legiladores Zoila Volio, del Partido Integración Nacional (PIN), Erick Rodríguez (independiente), y Eduardo Cruickshank, del Partido Restauración Nacional (PRSC), son del criterio de que la educación debe estar excluida de la lista de servicios esenciales.

La jefa de bancada del PAC, Nielsen Pérez, opinó que el acuerdo fue producto de un proceso de diálogo entre diputados de la comisión especial, organizaciones magisteriales y representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

"Esto es un acuerdo y nosotros estamos apoyando este acuerdo (…) Mantenemos esa posición desde que se dictaminó el proyecto de ley, y es la que estaríamos manteniendo en el Plenario", dijo.

La congresista Volio sostuvo que las huelgas en el sector educación, de acuerdo con el proyecto, quedarán limitadas por un plazo de 21 días consecutivos.

Dijo que está de acuerdo con el texto, pero reconoció que necesariamente se tendrá que revisar en el Plenario Legislativo.

El diputado Rodríguez, por su parte, indicó que "a él le habría gustado" que la educación se categorizara como un servicio esencial, pero manifestó que no fue así porque a los sindicatos se les dio una concesión.

"Veo difícil que se revise en el Plenario porque cuando se conversó con los gremios fue lo que se acordó", añadió.

El legislador Cruickshank, jefe de bancada del PRN, explicó que su agrupación no ha visto el tema, pero, a título personal, reconoció que está de acuerdo con que la educación no quede como un servicio esencial.

"Creo que podría permitirse la huelga en la educación, pero regulando los tiempos, como está establecido en el proyecto", dijo.

El proyecto de ley para frenar abusos en huelgas ocupará en el primer lugar de la agenda del Plenario en setiembre.