Actualidad de Crucitas: menos coligalleros, pero con más experiencia e igual de dañinos

Jerarca alista visita junto a vicepresidenta Campbell, quien está encargada de desarrollo de plan

21 de Mar. 2019 | 1:27 pm

Menos cantidad no necesariamente se traduce en un menor impacto.

Así sucede en Crucitas de Cutris, en San Carlos de Alajuela, zona agobiada en los últimos años por actividades de minería ilegal.

Tras recientes intervenciones hechas por autoridades de gobierno, el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) sostiene que en la actualidad hay "muchísima gente menos" realizando actividades ilícitas en la zona. Eso, no significa en que continúan generando daños y creando severos peligros ambientales.

El lugar más afectado, un territorio de unas 800 hectáreas y conocido como 'finca mina Crucitas', ha estado en el ojo recurrente de los infractores que buscan engordar sus bolsillos a través de contaminación y destrucción.

Ese es el  mismo sitio donde la empresa minera canadiense Infinito Gold Mining intentó fallidamente desarrollar un proyecto minero.

El Minae y el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) estiman que en el punto más álgido de la minería clandestina -entre 2017 y 2018- hubo hasta 4.500 ingresando constantemente al punto (en su mayoría nicaragüenses).

En las últimas incursiones, las cantidades de infractores se redujeron a decenas. Sin embargo, según las mismas autoridades, existen entre 14 o 17 fincas en las cercanías que están bajo amenaza. Incluso, hay reportes de que algunos de esos territorios han sido invadidos en algún momento.

Carlos Manuel Rodríguez Echandi, ministro de Ambiente y Energía, explicó que "han cortado" los accesos logísticos de los coligalleros y oreros ilegales. No obstante, no por ello la situación pasó a ser "menos crítica".

Uno de los puntos que más preocupa es la especialización. Al parecer, quienes extraen el oro ilícitamente diseñaron sus propias estrategias: ahora procesan el mineral en zonas alejadas a Crucitas para evitar el cerco policial o invaden fincas privadas con yacimientos (pero poco exploradas por la minería ilegal).

[accordionset][accordionx heading='¿Qué es un coligallero?']

Es un minero que roba oro en pequeñas cantidades. Originalmente una actividad lícita por ser un minero artesanal, que luego considerada delito.[/accordionx][/accordionset]

"La estrategia fue todo el año pasado contener el problema. Hay muchísima menos gente y todos los servicios de logística que se estaban dando ya están cortados. La operación ahora es con mucho menos gente, pero no por ella menos crítica. Los coligalleros ilegales se han ido especializando y dispersando en la zona", relató el ministro.

En diciembre de 2018, un informe elaborado por el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional (IRET-UNA) alertó sobre los impactos del mercurio –usado para extraer el oro- en el agua, los peces y los sedimentos de los sitios aledaños a la actividad minera en la finca más afectada.

La cartera espera que en las próximas semanas se complete otro estudio, pero enfocado en incidencia forestal, en vida silvestre y en suelos.

"El mercurio es un muy tóxico y pesado. El Ministerio de Salud tiene la responsabilidad legal de hacer la recuperación y el manejo del mercurio. Ellos están con ese plan. Sigue habiendo un problema de mercurio y de actividades ilegales", agregó Rodríguez, quien explicó que el nuevo documento les dará más insumos para enfrentar la problemática.

Vicepresidenta hará plan

El ministro y funcionarios del Minae visitarán Crucitas la próxima semana. Precisamente, irán acompañados de Epsy Campbell, Primera Vicepresidenta de la República, quien es la encargada de realizar el plan de desarrollo de la Zona Norte. "Dentro de ese contexto, dará seguimiento a la tarea que inició la ministra de Planificación (María del Pilar Garrido), de hacer un plan de abordaje integral", expuso el jerarca del Minae.

El jueves 10 de enero, ante la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa, el ministro Rodríguez indicó que la extracción de ilegal de oro en los últimos meses asciende a $90 millones.

En un principio señaló que era de $1.5 millones, sin embargo esa cifra quedó corta para la realidad.

El funcionario agregó que valoran la posibilidad de ejecutar la garantía ambiental por $600 mil para enfrentar el daño producido por el mercurio y el cianuro.

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