Sala IV ordena incluir impacto del cambio climático en evaluación de proyectos
La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo contra el Poder Ejecutivo y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) al concluir que la normativa vigente de evaluación ambiental no exige analizar los riesgos e impactos asociados al cambio climático en obras, actividades y proyectos.
Los magistrados determinaron que el reglamento que regula los procesos de evaluación ambiental omite la obligación de valorar cómo los proyectos pueden verse afectados por el cambio climático o contribuir a agravar sus efectos.
Por esa razón, la Sala ordenó al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y a la Setena modificar la normativa en un plazo máximo de 18 meses para incorporar el análisis de riesgos e impactos climáticos dentro de los procesos de evaluación ambiental.
La reforma deberá incluir, además, las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático que tendrán que aplicar los desarrolladores de proyectos para reducir sus efectos sobre el ambiente y enfrentar posibles riesgos futuros.
La resolución responde a la exclusión de esta variable dentro de la regulación ambiental durante la gestión del entonces ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach Capra, y del secretario general de Setena, Andrés Cortez Orozco.
En su análisis, la Sala revisó normativa nacional e internacional relacionada con la protección ambiental y el cambio climático. Los magistrados destacaron que el Estado tiene la obligación de prevenir daños significativos al sistema climático y actuar con la debida diligencia para proteger los derechos fundamentales de las generaciones actuales y futuras.
La sentencia también tomó en consideración criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Internacional de Justicia, que han señalado la importancia de incorporar la variable climática en los estudios de impacto ambiental como parte de las obligaciones estatales de protección ambiental.
Los magistrados Fernando Salazar Alvarado, Jorge Araya García y la magistrada Damaris Garro Vargas emitieron consideraciones adicionales relacionadas con los compromisos asumidos por Costa Rica en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Garro Vargas, además, salvó parcialmente el voto en lo relativo a la ejecución de la sentencia.
