Abogados internacionales preocupados por intentos de desmantelamiento del Poder Judicial
Grupos de abogados internacionales expresaron su preocupación por los recientes y severos recortes presupuestarios impuestos por el Poder Ejecutivo al Poder Judicial , en medio de una fuerte tensión institucional. El pronunciamiento conjunto fue emitido por la Asociación de Abogados de la Ciudad de Nueva York (NYSBA), el Centro Cyrus R. Vance para la Justicia Internacional y el Grupo de Trabajo sobre la Independencia de los Abogados y Jueces.
Las organizaciones señalaron que esta situación se suma a una preocupación más amplia por el debilitamiento de la independencia judicial en América Latina. Según indicaron, este fenómeno se ha manifestado mediante represalias disciplinarias, campañas de difamación y amenazas contra jueces.
En el caso de Costa Rica, advirtieron sobre un "estrangulamiento financiero" del órgano responsable de administrar justicia.
El grupo reiteró que la autonomía presupuestaria constituye una garantía esencial para la independencia y el funcionamiento del Poder Judicial.
Además, señaló que utilizar la asignación de recursos como mecanismo de presión sobre los tribunales pone en peligro sus operaciones diarias. Esto también afecta los miles de casos y disputas que dependen de ellos, así como la seguridad jurídica que necesita un país para prosperar económicamente.
Nombramiento de magistrados
El pronunciamiento también alerta sobre una segunda crisis: la falta de nombramiento de magistrados suplentes de la Sala Constitucional.
Según las organizaciones, esta situación ha dejado a la Sala sin el quórum necesario para resolver determinados casos cuando los magistrados titulares deben abstenerse de participar.
El grupo expuso que el derecho internacional de los derechos humanos reconoce que la independencia judicial no se limita a garantizar formalmente que los jueces decidan sin interferencias externas en cada caso concreto. También requiere condiciones estructurales e institucionales que permitan ejercer adecuadamente la función judicial.
La NYSBA reiteró que no cuestiona la autoridad soberana de los Estados para determinar asignaciones presupuestarias razonables, tomando en cuenta las distintas prioridades públicas.
Sin embargo, advirtió que cuando la reducción, suspensión o retención de fondos destinados al Poder Judicial se utiliza para presionar, desestabilizar o debilitar a los tribunales, deja de ser un ejercicio ordinario de política fiscal y se convierte en un mecanismo para socavar la independencia judicial.
Peticiones
Las organizaciones instaron al Poder Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa a proteger la autonomía presupuestaria y garantizar el funcionamiento operativo del Poder Judicial.
En concreto, solicitaron:
- Abstenerse de utilizar la asignación presupuestaria como mecanismo de presión contra el Poder Judicial.
- Participar en un diálogo institucional transparente con el Poder Judicial para evaluar, de manera conjunta y técnica, sus necesidades presupuestarias reales.
- Establecer o fortalecer mecanismos legales que garanticen una asignación presupuestaria mínima y estable al Poder Judicial, sujeta a mecanismos claros de rendición de cuentas. El objetivo es evitar que su autonomía financiera dependa de decisiones presupuestarias discrecionales de otros poderes del Estado.
- Garantizar el pleno funcionamiento de la Sala Constitucional mediante el nombramiento de una cantidad suficiente de magistrados suplentes.
Finalmente, la Asociación de Abogados de la Ciudad de Nueva York hizo un llamado a organismos regionales e internacionales para que den seguimiento a la situación en Costa Rica. Entre ellos mencionó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y al relator especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados.