Abogados desarman tesis de Fernández sobre “golpe de Estado” de la Sala IV
Laura Fernández, presidenta de la República, junto a los diputados del PPSO. Captura de pantalla
Tres abogados constitucionalistas consultados por CR Hoy rechazaron que la decisión de la Sala Constitucional de prorrogar provisionalmente el nombramiento de los magistrados suplentes pueda calificarse como un "golpe de Estado", como afirmaron este viernes la presidenta de la República, Laura Fernández, y los diputados oficialistas de Pueblo Soberano.
Los juristas Rodolfo Piza, Rodolfo Brenes y Julio Jurado coincidieron en que la medida busca garantizar el funcionamiento del tribunal constitucional mientras la Asamblea Legislativa resuelve la elección de los nueve magistrados suplentes, pendiente desde diciembre de 2025.
El Gobierno anunció que el próximo lunes presentará una denuncia por el supuesto delito de prevaricato contra los magistrados Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal, Ingrid Hess Herrera y Jorge Araya García. Además, calificó la resolución como "ilegal e inconstitucional" y sostuvo que representa "ni más ni menos que un golpe de Estado de un sector del Poder Judicial contra la Asamblea Legislativa".
Para el exmagistrado y exministro Rodolfo Piza, la prioridad era asegurar la continuidad de la Sala Constitucional y evitar que quedara imposibilitada para resolver los asuntos de su competencia.
"Lo que yo tengo claro es que la Sala IV tenía que resolver. Para mí lo más importante es que tiene que garantizar su continuidad", afirmó.
Piza explicó que, si la Asamblea Legislativa no logra nombrar a tiempo a los nuevos magistrados suplentes, resulta válido mantener temporalmente a quienes fueron elegidos originalmente para esos cargos, pues cuentan con una legitimidad de origen.
"Es legítimo, es una salida válida que se mantengan actuando como magistrados suplentes los que fueron electos, aunque se les haya vencido el plazo, solamente mientras la Asamblea nombre los magistrados que vayan a sustituir. Es la fórmula de garantizar que los tribunales sigan operando", señaló.
Añadió que soluciones similares existen en otros países y que impedir el funcionamiento de un órgano constitucional como la Sala IV no es una opción compatible con el Estado de derecho.
En la misma línea, el abogado constitucionalista Rodolfo Brenes rechazó de forma categórica la afirmación del Ejecutivo.
"De ningún modo se trata de un golpe de Estado. Es muy preocupante y absolutamente irresponsable que se emitan con tanta ligereza calificativos de esa naturaleza", manifestó.
Brenes sostuvo que Costa Rica cuenta con un sistema democrático basado en pesos y contrapesos entre los poderes del Estado y que, precisamente, la función de la Sala Constitucional es controlar la constitucionalidad de las actuaciones de los demás poderes cuando corresponde.
"En este caso, la Sala Constitucional lo que está haciendo es protegiendo el derecho de todas las personas a tener acceso a la justicia constitucional, porque en una democracia no es posible que el poder político paralice y secuestre al Poder Judicial", agregó.
Por su parte, el exprocurador general Julio Jurado también descartó que la resolución pueda catalogarse como un golpe de Estado, aunque reconoció que la Sala recurrió a una salida excepcional para enfrentar una crisis institucional.
"No creo que sea adecuado calificarlo como un golpe de Estado. Es una manera de resolver una crisis que se ha generado alrededor del nombramiento de los magistrados suplentes", indicó.
Jurado consideró que el origen del conflicto estuvo en la decisión de devolver la nómina de candidatos remitida por la Corte Suprema de Justicia, pese a que ese mecanismo es el previsto por la legislación para realizar los nombramientos.
A su juicio, la falta de una decisión legislativa puso en riesgo el funcionamiento de la Sala Constitucional.
"Hay que pensar que la actitud que tenía la fracción del Gobierno en la Asamblea Legislativa generó una crisis constitucional importante, porque estuvo a punto de paralizar el funcionamiento de un órgano constitucional de suma importancia en la democracia", concluyó.