Traficante de metanfetamina invirtió en turismo sin demostrar origen de los fondos
Un empresario de Cahuita identificado como Carlo Vaz McLeod, sospechoso de tráfico de metanfetamina cristalizada, realizó inversiones durante la pandemia del COVID-19 en sectores golpeados por la crisis sanitaria, como hotelería, turismo y construcción, sin demostrar el origen de los recursos. Vaz, su esposa, un hijo y otro sospechoso cumplen seis meses de prisión preventiva.
Según el expediente judicial, no existe respaldo documental suficiente que justifique la capacidad financiera para sostener esas inversiones.
De acuerdo con el análisis registral, se detectó un patrón reiterado de movimientos patrimoniales mediante donaciones y traspasos de bienes utilizando intermediarios o testaferros. Estos terceros figuraban como titulares temporales de propiedades que, en cuestión de semanas —incluso menos de dos meses—, eran transferidas a sociedades vinculadas al imputado, lo que evidenciaría una estrategia estructurada para concentrar y ocultar activos.
El estudio también determinó que tanto el empresario como las sociedades relacionadas inscribieron actividades económicas formales entre 2020 y 2024. En varios casos, estas inscripciones ocurrieron después de la adquisición o consolidación de bienes, lo que incrementa las dudas sobre la trazabilidad de los fondos.
En cuanto a su entorno cercano, el análisis también señala que una persona vinculada al núcleo familiar figura como titular de bienes de alto valor y registra múltiples actividades económicas en períodos coincidentes con el crecimiento patrimonial del principal sospechoso, sin que exista una relación clara entre dichas actividades e ingresos que se puedan justificar.
El OIJ allanó varias propiedades de Vaz la semana anterior.
Los negocios
El Ministerio Público identificó un hotel, restaurante, soda, un muelle, lanchas, maquinaria pesada, vehículos e incluso una empresa dedicada a la venta de materiales de construcción y prefabricados entre los negocios de Carlos Vaz y y su familia.
Él y varios miembros de su familia figuran como parte de la sociedad Fábrica de Láminas de Microconcretos y Baldosas S.A., la cual registra al menos tres propiedades: dos ubicadas en Alajuela, de 306 y 322 metros cuadrados, y una más en Limón, de 2.995 metros cuadrados, que —según la descripción registral— corresponde a un terreno con tres viviendas.
Además, el sospechoso aparece como propietario de tres embarcaciones, maquinaria pesada y un cuadraciclo, mientras que durante los allanamientos la policía judicial también intervino un muelle que, en apariencia, estaría vinculado a este empresario.
Asimismo, se detectó un restaurante y algunas actividades turísticas que durante el proceso de investigación no revelaron ganancias que permitan justificar la acumulación de bienes.
El informe del OIJ señala crecimiento patrimonial acelerado, mediante la adquisición de bienes que habrían sido financiados con recursos de origen ilícito; por ejemplo, en marzo de 2020 el imputado adquirió una propiedad en Santa Bárbara de Heredia, valorada en más de ₡52 millones, aunque registrada por un monto inferior. Días después, por medio de una sociedad vinculada, compró un vehículo de carga.
Ese mismo año, un familiar adquirió un camión de carga pesada, también bajo la sospecha de que los fondos provenían de actividades ilegales.
Para 2021, el expediente incluye la adquisición de una finca en Limón mediante una donación por un monto simbólico, lo que refuerza el patrón detectado por las autoridades: uso de transferencias para ocultar el verdadero origen del dinero.
Ese mismo año, otro integrante del núcleo familiar compró un vehículo, en el marco del crecimiento patrimonial investigado. En enero de 2022, el empresario adquirió un nuevo vehículo de carga.
Mientras que en 2023 se registran varias operaciones relevantes: dos propiedades en Alajuela obtenidas también por donación —tras haber sido transferidas previamente a una tercera persona— y una finca de gran extensión en Cahuita.
Estas transacciones, según el OIJ, evidencian un patrón estructurado de adquisición de bienes, en el que se combinan compras directas, donaciones y participación de terceros.