51 diputados avalan póliza estatal para cubrir demandas contra policías
La Asamblea Legislativa aprobó, con 51 votos en primer debate, un proyecto de ley para crear una póliza pagada por el Estado que cubra la responsabilidad patrimonial y los gastos de representación legal de los policías que enfrenten procesos judiciales por actuaciones relacionadas con sus funciones.
La iniciativa reforma la Ley General de Policía y recibió el respaldo de diputados de Pueblo Soberano (PPSO), Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio, Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y Coalición Agenda Ciudadana (CAC).
Dicha cobertura por responsabilidad patrimonial sería de hasta ₡23,1 millones, equivalentes a 50 salarios base, mientras que el monto para gastos de representación legal alcanzaría ₡11,5 millones, correspondientes a 25 salarios base.
Con la reforma se busca evitar que los funcionarios policiales deban asumir a título personal el costo completo de defender actuaciones realizadas en cumplimiento del mandato estatal.
¿Quiénes quedan fuera?
La protección aplicaría únicamente a acciones u omisiones propias de la labor policial que impliquen una intervención directa frente a personas o sus bienes.
La póliza excluiría a los oficiales que actúen bajo los efectos del alcohol o drogas ilícitas, así como a quienes incurran en conductas evidentemente contrarias a la ley al apartarse de instrucciones, protocolos o procedimientos institucionales.
Tampoco cubriría casos relacionados con delitos o infracciones sexuales, tratos crueles, inhumanos o degradantes, ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas.
Además, los funcionarios policiales podrán renunciar a la cobertura de la póliza y solicitar, si así lo desean, la representación legal de la Procuraduría General de la República.
Durante su discusión, se presentaron algunos cuestionamientos sobre el texto, principalmente de diputaciones del bloque democratico, aunque no dejaron de ver positiva esta protección.
Según un criterio del Departamento de Servicios Técnicos del Congreso, el proyecto de ley no contempla cómo se financiará dicha póliza.
Ahora el texto se votará en segundo debate.