4 jueces rechazaron tramitar medidas cautelares contra jueces y fiscales detenidos

Cuatro jueces de los Tribunales de Goicoechea se negaron a asumir la audiencia de medidas cautelares en contra de tres jueces y tres fiscales que figuran como sospechosos de incumplimiento de deberes, tráfico de influencias y otros delitos, al supuestamente ayudar a un defensor asesinado cuando le brindaban datos sobre causas penales.

Desde la mañana de ayer viernes, los seis funcionarios judiciales fueron capturados por la Fiscalía Anticorrupción (FAPTA) y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Esto debido a que, al parecer, colaboraron con un exjuez de apellidos Ulloa Rodríguez, que fue asesinado a inicios de año y que se encargaba de defender a bandas criminales.

Han transcurrido más de 28 horas y los sospechosos siguen detenidos, debido a que varios jueces se han hecho al lado para no hacerse cargo de la causa.

Al parecer, los cuatro juzgadores que podían dictar medidas cautelares conocen o tienen alguna relación con la pareja sentimental de Ulloa, una de las detenidas que además es hermana el abogado que murió. Al tener algún tipo de cercanía con el esposo de la imputada, quien es también cuñado de la víctima de homicidio, prefirieron hacerse a un lado. 

Andy Jack Sánchez, uno de los abogados que representará a los detenidos, confirmó que la causa penal fue remitida inicialmente al Juzgado de Turno Extraordinario del II Circuito Judicial de Goicoechea, donde no se pudo tramitar. Señaló que por esto, han tenido dificultades para comunicarse o brindarle ropa a los arrestados.

Ellos tienen más de 24 horas de estar detenidos y cuatro jueces no han querido resolver, ni conocer de la audiencia. Ya lo pasaron de Goicoechea y ya lo pasaron a San José. A este momento, no sabemos a qué hora se va a realizar la audiencia. 

Todo comenzó con la muerte

Las investigaciones iniciaron con el homicidio de un exjuez y abogado apellidos Ulloa Rodríguez, que ocurrió el 27 de febrero en La Unión de Cartago. Él trabajó años atrás en el Juzgado de la localidad y se dedicaba a representar legalmente a estructuras criminales conocidas y trascendentes en Cartago.

Previo a su muerte, en apariencia aprovechaba la relación de amistad y relación con varios funcionarios judiciales en activo, para recibir datos de sobre casos penales que él llevaba como abogado defensor privado.

Tráfico de influencias, divulgación de secretos, cohecho propio, falsedad ideológica, incumplimiento de deberes, prevaricato y hasta legitimación de capitales son parte de los delitos que habrían cometido los funcionarios capturados la mañana del viernes.

Se trata de tres jueces identificados los apellidos Sánchez, Padilla, así como tres fiscales de apellidos Kikut, Darcia y Ulloa. Esta última es hermana del exjuez y abogado asesinado en Tres Ríos, el 27 de febrero de 2024.

Las autoridades allanaron ocho sitios: el Juzgado Penal y la Fiscalía de La Unión, la Fiscalía de Flagrancia de Goicoechea; la casa de Sánchez y la de sus padres, el Juzgado de Tránsito de Desamparados, una oficina judicial de Tecnología de Información y la vivienda de Ulloa.

Adicionalmente se investiga si hubo pagos a los funcionarios judiciales para que hicieran algo propio o ajeno a sus funciones. También se indagará si emitieron resoluciones contrarias a la ley. Estas supuestas acciones ilegales fueron reprendidas por el OIJ y la Fiscalía General.

"Por su cercanía, por su confianza y conocimiento con algunos funcionarios activos, se generan estos intercambios de información que constituyen un delito. Cuando un funcionario judicial se va hacia el área privada, los que siguen activos no deberían tener ningún tipo de vínculo y tratarlos de la misma forma como se trata cualquier particular", dijo Michael Soto, subdirector del OIJ.

Por su parte, la fiscal general en ejercicio, Karen Valverde, recalcó la obligación de los empleados de la administración de justicia, de mantenerse alejados de personas que aunque las conozcan. Además, por razones de confidencialidad, no pueden opinar ni aconsejar sobre trámites y otro tipo de situaciones.

"Las causas penales, y en la actualidad máxime cuando se están tramitando causas de delincuencias graves incluso contra grupos organizados, la confidencialidad de las actuaciones para terceros ajenos al proceso es vital", manifestó tras los operativos.

Ya el Ministerio Público culminó la indagación de los detenidos y está a la espera que se fije una fecha para pedir medidas cautelares. El expediente se tramita bajo el número 24-000085-1218-PE.