Sindicato: Junta del BCR es “omisa y pasiva” ante presuntas compras con sobreprecio de la SAFI

La Unión de Empleados de Banco de Costa Rica (Unebanco) denunció que la junta directiva del Banco de Costa Rica (BCR) es pasiva y omisa ante las presuntas irregularidades que se habrían cometido en las compras de al menos 10 propiedades por parte de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (BCR SAFI) desde el 2017.

Tal como lo dio a conocer este medio el pasado 29 de julio, oficios enviados por la Oficina de Investigaciones del Banco de Costa Rica (BCR) establecieron que BCR SAFI habría pagado $92 millones (más de ₡48.486 millones, según el tipo de cambio vigente al 29 de julio de 2024) en sobreprecios por esos bienes inmuebles.

"La junta directiva del banco de forma pasiva y omisa en su accionar como máximo órgano resolutor, ante lo indicado por este sindicato, remarcando la existencia de una denuncia penal en la Fiscalía por estos hechos, misma investigación que nace precisamente porque se cree o existe algún grado de probabilidad de que se haya dado la orden de eliminación de información de discos duros, con la finalidad de que no se pudiesen recabar pruebas sobre estos actos", dijo Jonathan Blanco, secretario general de Unebanco.

Añadió que esperan que ya se haya hecho una auditoría a la SAFI con órganos externos que "no tengan amiguismos" ni "compadrazgos" para que existan criterios objetivos en los resultados.

Por la presunta compra con sobreprecio, destrucción de equipos del banco y administración fradulenta, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) tiene en curso de investigación el expediente 24-017883-0442-PE.

Unebanco indicó que desde el pasado 3 de junio envió un oficio a la junta directiva para solicitar que se tomaran acciones como máximo órgano del banco, pero aseguran que no existe avance sobre esto.

Informes reveladores

Los informes, elaborados a principios de este mes de julio, fueron remitidos a la FAPTA, donde ya existía una causa abierta para investigar la compra con sobreprecio del Parque Empresarial del Pacífico (PEP).

Esa dependencia investiga presuntas anomalías en la adquisición del complejo de bodegas ubicado en Caldera de Esparza, Puntarenas. Dicha propiedad fue adquirida a una sociedad vinculada a Humberto Vargas Corrales, exdiputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) por la provincia de San José entre 2014 y 2018.

Por esa finca, la SAFI le pagó $70 millones a la sociedad del exlegislador y desde la apertura del parque se han presentado infinidad de problemas con permisos de operación, accesos, agua, cumplimiento de requisitos, entre otras cosas.

En el caso del PEP, cuya adquisición es investigada por la FAPTA, la sociedad ligada a Vargas lo habría comprado por $16 millones y la habría vendido al SAFI con una diferencia adicional de $54 millones.

Algunos de los 9 inmuebles restantes que fueron objeto de análisis por parte de la Oficina de Investigaciones del BCR también estuvieron relacionados con sociedades ligadas al exdiputado Vargas. 

Las propiedades bajo la lupa se ubican en Guadalupe (centro educativo), Santa Ana (edificio Madrid), La Uruca, Ciudad Colón, Pavas y el ya conocido PEP. En el caso de La Uruca, Ciudad Colón y Pavas se manejaron fideicomisos con varios lotes. 

Los bienes adquiridos en los últimos años por la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del Banco de Costa Rica (BCR SAFI) son sometidos a estudio por parte del ente financiero a raíz de solicitudes enviadas por diferentes inversionistas de los fondos, por supuestas anomalías que pudieron ocurrir en los procesos de compra.

Douglas Soto, gerente general del BCR, aseguró que atendieron las inquietudes de quienes confiaron su dinero a su subsidiaria y están en un proceso de análisis de todos esos negocios, sin especificar desde qué año se está haciendo esa investigación.

"Se tomó la decisión de revisar todas las compras que la SAFI ha hecho, (…) está en estudio de momento", confirmó.

Esto surgió debido a los múltiples cuestionamientos que recibe la SAFI desde que compró el Parque Empresarial del Pacífico (PEP) a inicios del 2020, pues se desembolsaron $70 millones a la sociedad 3-101-764316 S.A., del exdiputado socialcristiano Humberto Vargas Corrales y el último avalúo hecho a inicios del 2024 tasó el inmueble en $28 millones.

Los inversionistas han solicitado al banco revisar otras compras, principalmente las que se hicieron a sociedades ligadas con Vargas Corrales, pues no tienen certeza de si manejó adecuadamente el proceso de adquisición, debido a que se habló de un mismo modus operandi similar al del PEP en algunos negocios.

"Es una afirmación de los inversionistas sobre el modus operandi que no voy a opinar en realidad, ellos consideran y es muy respetable. Si se presentara alguna contingencia con otras propiedades, tendríamos que ver qué resuelve la Superintendencia, recuerde que esto es un mercado de bienes raíces, los precios suben y bajan dependiendo de la oferta, la demanda, el mercado y para qué se ocupan. Después de la pandemia la oferta de oficinas se quedó incrementada porque el teletrabajo se implementó como una realidad y eso afecta valores, ese negocio está sujeto a todos esos vaivenes de manera que habrá que considerar. En este momento no tenemos ningún tema de modus operandi, porque eso es una afirmación de los denunciantes", dijo Manfred Sáenz, gerente corporativo jurídico de la Sociedad.

Soto dijo que al menos dos de los inmuebles mencionados por los perjudicados, que se ubican en la Uruca, "han mantenido el mismo precio", por lo que descarta que con esos particularmente exista algún problema respecto al valor real de los mismos.

"Esos otros bienes no han sido perjudicados en las valoraciones de los peritajes", dijo.

Aporte de capital

El BCR tuvo que anunciar el 26 de julio que aportará ¢22 mil millones de capital social a su subsidiaria BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (BCR SAFI) por orden de la Superintendencia General de Valores (Sugeval).

La superintendencia emitió un informe solicitándole al banco aplicar seis medidas para "garantizar la continuidad de la sociedad administradora en el largo plazo y así proteger a los inversionistas actuales y potenciales inversionistas que participen de los fondos de inversión que ella administra".

Una de las medidas es realizar aportes adicionales de capital social en BCR SAFI, hasta por una suma de 22.000 millones de colones, a más tardar al 31 de diciembre del 2024.

Una vez recibido el documento SGV-R-128-2024 la directiva del BCR hizo público el aporte millonario, que según sus directivos, no afectará sus finanzas.

Una de las decisiones que se tomó a raíz de la orden emitida el pasado 23 de julio, fue la de no transferir las utilidades al único accionista que es el propio ente financiero.

Medidas solicitadas por la Sugeval

• Utilizar todas las utilidades retenidas de BCR SAFI al cierre del periodo 2023 para reforzar la partida de capital social de esta entidad.
• Prohibir la distribución por BCR SAFI de dividendos a sus accionistas, (Banco de Costa Rica) a partir de esta resolución y hasta tanto se mantenga su vigencia
• Banco de Costa Rica realizará aportes adicionales de capital social en BCR SAFI, hasta por una suma de 22 mil millones de colones
• Ordenar a BCR SAFI mantener en inversiones en valores de alta calidad crediticia el monto equivalente a los aportes de capital requeridos
• BCR SAFI presentará un informe anual rendido por los auditores externos
• BCR SAFI realizará el registro oportuno de las provisiones por pagar en el momento en que se presentan las condiciones requeridas en la normativa vigente para su registro.