Sala IV admite acción de inconstitucionalidad contra ley sobre estafas electrónicas
Imagen con fines ilustrativos. (CRH).
La Sala Constitucional admitió para su estudio una acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras de Costa Rica (CBF) contra la ley para regular la protección de los consumidores en la custodia de su dinero frente a fraudes electrónicos.
La admisión de la acción fue comunicada mediante una resolución del pasado 1.° de julio y permite que el Tribunal Constitucional analice los argumentos planteados por la Cámara en relación con el proceso de formación y aprobación de la ley.
"La Cámara no cuestiona el objetivo de la ley. Lo que se somete al análisis de la Sala Constitucional es la forma en que fue aprobada, pues existen elementos que podrían constituir vicios sustanciales en el procedimiento legislativo y que deben ser valorados por el Tribunal", explicó Luis Ortiz, asesor legal de la entidad.
Cuestionamientos
En la acción de inconstitucionalidad, la CBF expone:
- El texto aprobado no fue sometido a la debida consulta, pese a haber sido modificado sustancialmente durante su trámite.
- Se incorporaron temas que exceden el objeto original del proyecto, lo que podría violar el principio de conexidad legislativa.
- Existen dudas sobre la validez de su aprobación en comisión legislativa, debido a su posible impacto en el derecho fundamental a la autodeterminación informativa.
- El proceso de aprobación se caracterizó por una limitación del debate parlamentario, especialmente en las etapas finales.
- El texto final aprobado atribuye competencias ajenas a autoridades administrativas como la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), al conferirle funciones cuasijudiciales sin haber sido consultada adecuadamente la Corte Suprema de Justicia.
La ley establece un nuevo régimen de responsabilidad para las entidades financieras, así como procedimientos obligatorios para la atención de reclamos y mayores cargas regulatorias.
"Estos cambios impactan directamente a las instituciones financieras, aunque el reclamo se centra en la legalidad del proceso legislativo", agregó Ortiz.
La Cámara de Bancos solicita a la Sala Constitucional que declare la inconstitucionalidad total de la normativa y que analice los vicios identificados en su proceso de formación.
Asimismo, pide valorar la suspensión de determinados efectos de la ley mientras se emite una resolución definitiva sobre el fondo del asunto.
Para la Cámara de Bancos, el respeto al procedimiento de formación de la ley constituye una garantía fundamental para la seguridad jurídica y la legitimidad de las normas.
La ley fue aprobada por la Asamblea Legislativa en marzo de 2026 y publicada el 22 de abril de ese mismo año, en el marco del debate nacional sobre los fraudes electrónicos y el fortalecimiento de los mecanismos de protección para los consumidores financieros.
