Presupuestos públicos para este año ascienden a ¢30 billones
Presupuesto del Gobierno presenta el mayor crecimiento nominal
Fotografía con fines ilustrativos. (Archivo/CRH).
Los presupuestos públicos para este año ascienden a un total de ¢30 billones, incluyendo el del Gobierno y el sector descentralizado.
Así lo indica la Contraloría General de la República (CGR) en un reciente informe sobre la gestión de los presupuestos vigentes para este año.
Dentro del sector público, el Gobierno de la República es el grupo institucional cuyo presupuesto (¢12,6 billones) presenta el mayor crecimiento nominal (¢374.794 millones) para este año, en relación con el presupuesto inicial de 2023.
Esto se relaciona con aumentos en partidas como intereses y amortización, transferencias corrientes y de capital, y remuneraciones. En este último caso, la incorporación del aumento salarial retroactivo por costo de vida a los funcionarios públicos contratados en 2020 es un factor relevante, señala la Contraloría.
En abril de 2020, la administración de Carlos Alvarado congeló temporalmente ese ajuste salarial por la emergencia ocasionada por el Covid-19.
No fue sino hasta este mes que el gobierno de Rodrigo Chaves suspendió esa medida y acordó comenzar a pagarlo. Según estimaciones del Ministerio de Hacienda, el total de los desembolsos tiene un costo de ¢70.000 millones aproximadamente.
Otros ajustes
Ministerio de Hacienda. (Archivo/CRH).
El dinamismo de las partidas de amortización e intereses y comisiones, en su conjunto, representan más del 40% del presupuesto del Gobierno desde 2021. En el caso de la Ley de Presupuesto 2024, estas dos partidas componen el 45,9%, lo que produce el estrujamiento del resto del gasto público.
Otro aspecto que contribuye al crecimiento del presupuesto inicial del Gobierno en 2024 es la incorporación de ¢5.951 millones netos de gastos adicionales a la propuesta que hizo Poder Ejecutivo, realizada durante el proceso de discusión y aprobación del proyecto de ley de presupuesto en la Asamblea Legislativa. Ese gasto adicional se financia con un aumento en la autorización para la colocación de títulos de la deuda.
"Esta situación, sin asidero expreso en el marco normativo que regula la iniciativa y trámite del presupuesto, deteriora el nivel de endeudamiento", advierte la Contraloría.
Entre los principales cambios realizados en el proceso de discusión legislativa también destaca:
- La asignación de ¢14.500 millones para la partida de transferencias de capital, recursos que se destinan a fines como la atención de la infraestructura vial por parte de los gobiernos locales, y a fortalecer la infraestructura y equipamiento del sistema educativo (transferencias a las Juntas de Educación y Administrativas).
Sector descentralizado
Contraloría General de la República.
En el caso del sector descentralizado, la CGR tramitó un total de 176 presupuestos y se aprobaron cerca de ¢17 billones.
De acuerdo con el análisis, el monto autorizado fue de un 96,3%, una cifra similar al promedio de aprobación del periodo 2018-2023.
Pero no todos los planes de gastos fueron aprobados de forma completa. En el caso de los presupuestos autorizados parcialmente, dentro de las razones de improbaciones parciales de ingresos se encuentran que la administración no aportó justificaciones y estimaciones suficientes que respalden esos ingresos y transferencias que no fueron debidamente incorporados por el concedente o no coinciden en monto.
También por el incumplimiento de lo establecido en las directrices generales de política presupuestaria relativas a la obligación por parte de las entidades públicas bajo el ámbito de aplicación de estas órdenes de registrar y mantener todos sus recursos en sus respectivas cuentas de Caja Única, por lo que se improbó a las entidades que incumplieron esos artículos los montos relativos a intereses sobre títulos valores del Gobierno Central, depósitos en bancos públicos y rentas de activos financieros.
Con respecto a las aprobaciones parciales de egresos, en 72 casos la entidad fiscalizadora improbó parte del contenido presupuestario de la partida de remuneraciones.
Dentro de las razones se encuentran que el contenido presupuestario para plazas nuevas no contó con una demostración suficiente sobre la razonabilidad y sostenibilidad financiera para adquirir estas obligaciones salariales, no se aportaron las justificaciones suficientes que permitieran acreditar que estos puestos cumplen con las condiciones establecidas en la Ley Marco de Empleo Público o ausencia de justificaciones que permitan incrementos salariales superiores al comportamiento de la inflación.
Para este año, un total de 23 presupuestos no fueron autorizados por la Contraloría durante el proceso de aprobación presupuestaria y 4 se archivaron sin trámite.
Según el informe, entre las principales razones de improbación están el incumplimiento del principio de plurianualidad presupuestaria, establecido en el artículo 176 de la Constitución Política, y la falta de inclusión de contenido presupuestario suficiente para cubrir todos los egresos probables durante 2024.
Entes financieros y municipalidades
Imagen con fines ilustrativos. (Archivo/CRH).
La Contraloría indica que con respecto a los presupuestos iniciales aprobados del sector descentralizado, se observa que grupos, como el de las Instituciones Públicas Financieras (IPF) y los Gobiernos Locales (GL), presentan los mayores crecimientos porcentuales, en comparación con el presupuesto inicial de 2023: 6,9% y 6,1%, respectivamente.
En el caso de las municipalidades, el gasto aumenta por el dinamismo de partidas como remuneraciones, servicios y bienes duraderos. Estos dos sectores son los que presentan los mayores crecimientos del gasto total (gasto corriente y de capital) para 2024, con una variación por encima del límite de crecimiento establecido por la regla fiscal en 2024 (3,53%).
De manera similar, los sectores institucionales excluidos del ámbito de cobertura de las medidas extraordinarias en materia salarial, han presentado un mayor dinamismo en su gasto en remuneraciones. Esto evidencia disparidades en las tasas de crecimiento en comparación con los sectores que sí están bajo ese ámbito.
Por ejemplo, los salarios de los funcionarios de los gobiernos locales crecen en 3,8%, mientras que los de las Instituciones Descentralizadas No Empresariales (IDNES) lo hacen en un 0,7%.
Según la Contraloría, estas disparidades podrían mitigarse con la entrada en vigencia de la Ley Marco de Empleo Público, con la cual se promueve una tendencia hacia la uniformidad en la determinación del monto de las remuneraciones, con menor incidencia del componente correspondiente a incentivos salariales, que ha sido, históricamente, un factor influyente en el crecimiento y asimetría de los salarios públicos.