Impugnan decreto que amenaza estabilidad de sector avícola y cárnico
Imagen con fines ilustrativos. (CRH).
La Asociación de Profesionales en la Agroindustria de Costa Rica (APACR) interpuso un recurso de amparo y una acción de inconstitucionalidad contra el decreto ejecutivo 44394-MAG y el convenio de tercerización del Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) con el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA).
Según la organización, ese decreto, que impone nuevas normas de tercerización y veterinarios oficializados, amenaza la estabilidad del sector avícola y cárnico, y afecta la economía de pequeños y medianos productores.
La APACR argumentó que esta medida incrementará drásticamente los costos de operación en más de un 100% y afectará a cientos de pequeños productores en el país.
Además, sostuvo que el decreto y el convenio de cooperación con OIRSA fueron fundamentados en interpretaciones incorrectas de normativas internacionales, lo que genera una amenaza contra derechos fundamentales como el derecho al trabajo, la libertad de comercio y la protección estatal a la producción agroindustrial.
La acción de la APACR, en representación de numerosos asociados, denuncia que la tercerización y el modelo de "veterinarios oficializados" por el OIRSA incrementan costos que los establecimientos deberán asumir mediante nuevos contratos.
"Esto afectará a los empresarios, quienes deberán rescindir los contratos actuales con veterinarios autorizados y cubrir los nuevos salarios y costos establecidos por el OIRSA", indica.
El cambio, según la Asociación, perjudicará principalmente a quienes no operan en el mercado de exportación e impone medidas que no están alineadas con sus necesidades y que sobrepasan la normativa costarricense.
La APACR aseguró que las normativas internacionales de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y la Organización Mundial de Comercio (OMC) otorgan libertad a cada país para adaptar sus regulaciones sanitarias a su propia realidad.
Sin embargo, el Senasa interpretó estos acuerdos como mandatos obligatorios de tercerización.
La organización advirtió que con la implementación del decreto, a partir del 1° de diciembre de 2024, los establecimientos se verán obligados a destinar recursos económicos adicionales en contratación, viáticos, y costos administrativos.
Para la APACR, el modelo actual de regencias veterinarias, operado a través del Colegio de Médicos Veterinarios, es la medida que mejor protege la economía del sector agroindustrial en Costa Rica.