Gasto sin contenido presupuestario es de ¢182 mil millones, alerta Contralora
(CRH)
Las amortizaciones de títulos de la deuda que no cuentan con el necesario contenido presupuestario al 31 de julio de 2018 suman un total de ¢182 mil millones, alertó este jueves la Contralora general, Marta Acosta.
Se trata de ¢48 mil millones de deuda de corto plazo y ¢134 mil millones de largo plazo. Según la Contraloría, el incremento fue provocado por cambios no previstos en las colocaciones y menores canjes.
La Contraloría General de la República advirtió que esto contraviene condiciones de rango constitucional y legal.
"La estrategia de canjes, si bien válida, puede generar opacidad en el fenómeno del endeudamiento. Como corolario, la coyuntura fiscal ha ido minando la transparencia presupuestaria", señala el informe "Evolución Fiscal y Presupuestaria del Sector Público – Primer Semestre 2018".
La entidad también llamó la atención sobre las obligaciones del Estado con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), pues no están siendo presupuestadas (aumento del 0,58% a 1,24% en la cuota estatal), aunque sí se registran como un pasivo en los estados financieros del Poder Ejecutivo.
Panorama sombrío
Martha Acosta (Archivo)
Con base en las cifras e indicadores macroeconómicos del semestre, Acosta se atrevió a pronosticar un "sombrío panorama fiscal".
"Como sociedad ya no podemos 'esperar a que aclaren los nublados del día', sino que es momento de tomar acciones inmediatas y permanentes para el ajuste fiscal", dijo.
La contralora resaltó que en solo 10 años, la Hacienda Pública pasó de una situación superavitaria a un déficit financiero que roza peligrosamente los críticos valores de los años ochenta e incluso se estima que los superen: en 2017 el déficit financiero del Gobierno Central se situó en 6,2% del PIB, y para 2018 y 2019 el Banco Central lo proyecta en 7,2% y 7,5% del PIB, respectivamente, un deterioro profundo.
"Entre más tiempo pase sin realizar el ajuste, la consecuencia es que este tenga que ser más elevado y costoso para la sociedad. Poco a poco el país ha ido sumando elementos que lo hacen más riesgoso y vulnerable. Las condiciones macroeconómicas van cambiando y se tornan menos favorables", agregó.
La Contraloría señala que el portafolio del endeudamiento del Gobierno este se torna paulatinamente más vulnerable, con el consecuente incremento en el riesgo de refinanciamiento.
A manera de ejemplo, el 48% de las colocaciones realizadas en el segundo semestre de 2017 vencen en 2018, y durante el primer semestre de 2018 no se logró cumplir con la meta de canjes de deuda.
Caro procedimiento
El pasado 31 de julio el Ministerio de Hacienda presentó ante la Asamblea Legislativa un presupuesto extraordinario para incrementar el límite de endeudamiento interno en ¢600 mil millones, con el fin de hacer frente a los vencimientos de 2018 y en general de los requerimientos del flujo de caja del Presupuesto, es decir, se requiere incrementar el límite de la autorización de endeudamiento para amortizar las colocaciones de periodos previos.
(CRH)
Incluso se prevé la presentación de un segundo presupuesto extraordinario con el fin de suplir la menor recaudación esperada de ingresos corrientes en el 2018 en comparación con el monto actualmente presupuestado, recaudación de menos que esta Contraloría estima en el orden de los ¢335 mil millones, producto de una menor actividad económica esperada y de un menor rendimiento tributario interno de los principales sectores económicos. Como se aprecia, el país está inmerso en un círculo perverso en materia fiscal.
En consecuencia, poco a poco el portafolio de deuda del Gobierno Central ha mostrado una desmejora en los principales indicadores de riesgo:
- Riesgo de moneda, por el aumento en la proporción de deuda en dólares (de 19,3% en 2016 a 24,6% al mes de junio de 2018); riesgo de plazo, donde el porcentaje de deuda que vence en menos de un año pasó de 15,0% en 2016 a 18,2% en 2018;
- Riesgo de interés, con un 20,2% de la deuda pactada en tasa variable (12,3% en 2016). En palabras sencillas, ante la premura en las necesidades de liquidez, se deben ofrecer tasas más altas, plazos más cortos, y/o en moneda extranjera en las colocaciones de deuda.
"Algunos riesgos se están materializando. Hace un año se evidenció el deterioro en las condiciones de liquidez. El día de hoy se observa en las dificultades de colocación y en la desaceleración de los ingresos. Todo ello mientras la estructura de egresos continúa sin cambios sustantivos", señala un informe de la Contraloría.
Como último agravante, existen situaciones que inciden en la transparencia presupuestaria.
A la fecha, pasivos relevantes como las obligaciones del Estado con la CCSS no están siendo presupuestados y contabilizados dentro del déficit financiero, aunque sí se registran como un pasivo en los estados financieros del Poder Ejecutivo (al 31 de diciembre de 2017, existía una deuda acumulada por concepto de Contribución Estatal al Seguro de Pensiones que ascendía a la suma de ¢88.519 millones).
De haber materializado este pago, el déficit financiero en 2017 habría ascendido al 6,4% del PIB en lugar de 6,2%, sólo por ese concepto. Para 2018 el aumento citado tampoco tiene contenido presupuestario.
La Contraloría también dictaminó de forma negativa la liquidación del presupuesto 2017, ante la ausencia de registro de las inversiones realizadas y no recuperadas en el Banco Crédito Agrícola de Cartago, que de haberse registrado habrían elevado el cálculo del déficit financiero de ese año en 0,4% del PIB.