Excepciones impiden a Contraloría auditar cumplimiento de regla fiscal
Contraloría General de la República. (CGR).
La Contraloría General de la República (CGR) no pudo auditar si las instituciones públicas cumplieron la regla fiscal durante 2025. La razón: una acumulación de excepciones y cambios normativos que hicieron imposible la tarea.
Así lo advierte la entidad fiscalizadora en un informe reciente dirigido a la Asamblea Legislativa.
La regla fiscal es el mecanismo que limita cuánto puede crecer el gasto del Estado —tanto el gasto corriente como el de inversión— en las instituciones del Sector Público No Financiero (SPNF). Es, en términos simples, el freno legal al despilfarro público.
La CGR identificó dos razones concretas que le impidieron hacer su trabajo:
- La aprobación y aplicación acumulada de leyes que, desde 2022, exceptúan a muchas entidades públicas del cumplimiento de la regla fiscal.
- Un conjunto de modificaciones al reglamento de la regla fiscal que alteraron la base de verificación —del gasto ejecutado al presupuestado— y el ámbito de aplicación de esa norma.
El problema de fondo es que esas excepciones no están definidas de forma clara ni uniforme. Eso impide saber con exactitud qué dinero queda fuera del cálculo de la regla fiscal y, por tanto, no hay forma confiable de auditar.
"En consecuencia, la Contraloría General emite una opinión denegada, al no haber contado con los elementos requeridos para concluir sobre el cumplimiento o incumplimiento de la regla fiscal en el ejercicio económico 2025", señala el informe.
La CGR aclara que esta situación no es nueva: se arrastra desde años anteriores, porque los criterios para aplicar la regla fiscal siguen sin poder usarse de forma consistente ni verificable.
El caso de las universidades
Un ejemplo concreto ilustra el enredo normativo. Las universidades públicas acumulan varias excepciones superpuestas: quedan fuera del cálculo los subsidios, becas y ayudas, pero también los gastos financiados con recursos propios obtenidos por venta de servicios académicos, científicos y tecnológicos, y los fondos recibidos de sus fundaciones.
Esa superposición de exclusiones, sin una delimitación clara, hace casi imposible rastrear qué gasto entra y qué gasto sale del cálculo.
La CGR advierte que, aunque algunas excepciones podrían verificarse de forma individual, su efecto combinado impide identificar con certeza el gasto que sí está sujeto a la regla y, por ende, delimitar qué puede auditarse.
Sin reglas claras
La situación se agrava porque no existen lineamientos técnicos uniformes para que las instituciones clasifiquen, registren y reporten sus excepciones. Cada entidad las interpreta a su manera.
El dato más revelador: el 58% de las instituciones descentralizadas —14 de 24— presenta ambigüedades en cómo entiende y aplica sus propias excepciones.
"Estas condiciones evidencian una limitación en la auditoría, dado que no se dispone de criterios confiables y pertinentes ni de una base de información trazable que permita verificar y replicar de manera independiente los cálculos asociados a la regla fiscal", concluye la Contraloría.