Diputadas encienden alarmas por ruta del Gobierno para endeudar al país sin control legislativo

Tres diputadas encendieron las alarmas por un mecanismo creado por la administración anterior para asegurarse un mayor endeudamiento público sin necesidad de autorización de la Asamblea Legislativa.

Este procedimiento —establecido mediante un decreto firmado en julio del año pasado por el entonces presidente Rodrigo Chaves y el ministro de Hacienda, Nogui Acosta— le permite al Ministerio de Hacienda colocar y cancelar títulos de deuda interna en moneda extranjera en el mercado local. Sin embargo, los recursos para adquirirlos provienen de inversionistas del exterior que participan en ese mercado a través de puestos de bolsa.

El propósito es captar recursos financieros destinados a cubrir las necesidades de financiamiento del Gobierno Central, así como propiciar una gestión del portafolio de deuda pública mediante su diversificación por moneda, tasa de interés, plazo y fuente de financiamiento.

Esto le ha permitido a Hacienda realizar, hasta el momento, tres colocaciones de bonos de deuda interna en euros en el mercado local, por un monto total de €3.000 millones, sin necesidad de aprobación del Congreso, como sí ocurre con las emisiones de títulos de deuda en el mercado internacional.

Investigación

La diputada María Eugenia Román, quien representa al Frente Amplio (FA) en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, consultó a la Contraloría General de la República (CGR) sobre la legalidad de ese procedimiento.

El planteamiento lo formuló este miércoles durante una mesa de trabajo en la que legisladores, autoridades del Ministerio de Hacienda y representantes del Banco Central de Costa Rica (BCCR) y de la CGR analizan un nuevo proyecto de ley que busca autorizar al Poder Ejecutivo a colocar $13.500 millones en eurobonos, en nueve tractos anuales de $1.500 millones cada uno, entre 2026 y 2034.

Román preguntó si se ha investigado si ese mecanismo vulnera el artículo 121 de la Constitución Política, el cual establece que una de las facultades de la Asamblea Legislativa es aprobar o improbar el endeudamiento externo de Costa Rica, así como si contraviene los principios de legalidad presupuestaria y otras normas aplicables.

Julissa Sáenz, representante de la CGR, respondió que el tema no ha sido estudiado por la institución, pero manifestó que existe jurisprudencia de la Sala Constitucional que debe analizarse de manera integral.

Consultada por este medio, la congresista indicó que su despacho está investigando el tema porque tiene dudas sobre el procedimiento seguido por Hacienda.

«Este podría presentar roces constitucionales con el artículo 121, inciso 15, de la Constitución Política», remarcó.

Prioridad

La diputada Diana Murillo, del Partido Liberación Nacional (PLN), declaró que la creación de ese procedimiento debe ser investigada con carácter prioritario.

«Es fundamental aclarar si realmente se respetó el marco constitucional o si se utilizaron mecanismos para eludir el control que le corresponde ejercer a la Asamblea Legislativa sobre el endeudamiento público. Cuando existe una duda de esta naturaleza, lo responsable es investigarla», expresó.

Argumentó que, si se utilizaron instrumentos financieros para captar recursos del exterior presentándolos como deuda interna, se estaría ante un asunto que merece una revisión profunda.

«Más allá de la legalidad del mecanismo, debemos garantizar que exista transparencia y que no se debiliten los controles que protegen las finanzas públicas», añadió.

En su criterio, el tema debe involucrar a:

• La Contraloría General de la República, para que realice una revisión técnica y financiera sobre la naturaleza de estas colocaciones y determine si el procedimiento se ajustó al marco legal.
• La Asamblea Legislativa, a través de la Comisión de Ingreso y Gasto Público, para que ejerza su función de control político y solicite las explicaciones correspondientes a las autoridades que participaron en este proceso, tanto de la administración anterior como de la actual.
• La Procuraduría General de la República (PGR), para que valore la legalidad del decreto ejecutivo que permitió este mecanismo de financiamiento y determine si se actuó dentro de las competencias que establece el ordenamiento jurídico.

Su compañera de bancada, Ángela Aguilar, se sumó a las dudas y afirmó que la entidad que debería investigar si el procedimiento utilizado por Hacienda vulneró la Constitución Política es la CGR, en su condición de órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa en la fiscalización de las finanzas públicas.

Defensa

Acosta, hoy jefe de fracción del oficialismo y exministro de Hacienda, sostuvo que el mecanismo se ajusta a la legalidad.

«Toda la vida ha habido inversionistas extranjeros en el mercado local y, precisamente, una de las leyes aprobadas aquí, en la Asamblea Legislativa, que determinó cuál es el tratamiento tributario de un inversionista local o de un inversionista internacional en Costa Rica, es lo que permitió hacer estas emisiones. Esas emisiones en euros en el mercado local son legales y apegadas a la ley costarricense», manifestó.

Hacienda recurrió a las colocaciones de bonos en euros en el mercado local debido al rechazo del Congreso a autorizar nuevas emisiones de títulos valores en el mercado internacional, a causa del alto endeudamiento externo del país.

El 1.° de octubre de 2025, la Asamblea Legislativa rechazó una reforma a la Ley de Eurobonos, la cual buscaba flexibilizar las condiciones fiscales que permitieran al Ministerio de Hacienda colocar títulos valores por $2.000 millones en los mercados internacionales.

Esos $2.000 millones formaban parte de una autorización que el Congreso otorgó al Poder Ejecutivo para colocar un total de $5.000 millones en eurobonos el 29 de noviembre de 2022.

De ese monto, Hacienda logró colocar $3.000 millones en dos emisiones, cada una por $1.500 millones, en el mercado internacional durante 2023.