Diputada refuta críticas a plan para mayor regulación de plaguicidas
La diputada Kattia Cambronero, del Partido Liberal Progresista (PLP), refutó las críticas hechas por organizaciones privadas a un proyecto de ley que impulsa para regular el uso de plaguicidas en Costa Rica.
En un foro organizado por la Alianza para la Sostenibilidad Agrícola (ASA), en colaboración con la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Greivin Pérez, del Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA) de la Universidad de Costa Rica (UCR), y Roberto Cordero, abogado y asesor legal ambiental, afirmaron que la iniciativa carece de base y estudios técnicos que respalden la prohibición de 16 plaguicidas utilizadas en la agricultura costarricense.
La legisladora negó que el texto carezca de estudios técnicos e hizo las siguientes aclaraciones:
- Diversos estudios en el país y en el mundo han demostrado que la exposición a plaguicidas está asociada con problemas de salud graves como cáncer, enfermedades neurológicas y desórdenes endocrinos.
- Investigaciones recientes han encontrado residuos de plaguicidas en fuentes de agua potable en comunidades de Costa Rica que afectan la salud de sus habitantes. Por ejemplo, en la región de Los Santos, San Carlos y en Oreamuno de Cartago se han reportado niveles elevados de plaguicidas en el agua que superan los límites permitidos.
- La normativa costarricense sobre el límite de plaguicidas en el agua potable está alineada con los estándares de la Unión Europea (UE) considerados de los más estrictos a nivel mundial. Esos estándares están basados en rigurosos estudios científicos y epidemiológicos. Su adopción no es arbitraria, sino precautoria para proteger la salud pública de los costarricenses.
- La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) tienen directrices claras y bien fundamentadas sobre los niveles seguros de plaguicidas en el agua, basadas en extensos estudios científicos y análisis de riesgos.
- Conciliar los intereses de la industria con los de la salud es posible.
- Instituciones como la Universidad Nacional (UNA), el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), la Universidad Técnica Nacional (UTN) y la Universidad de Costa Rica (UCR) han realizado estudios que respaldan la necesidad de una regulación más estricta de los plaguicidas para proteger la salud pública y el medio ambiente.
- La regulación de plaguicidas no solo protege la salud de las generaciones actuales, sino que también es una medida responsable hacia las futuras generaciones.
- Afirmar que no hay pruebas de la afectación directa a la salud de las personas por el uso excesivo de plaguicidas "es una irresponsabilidad".
- La iniciativa de ley, que se tramita bajo el expediente 23.783, aún está en construcción y recién comenzará su paso por la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa en el próximo periodo de sesiones ordinarias.
"Este proyecto no solo busca prohibir, también establece métodos para registro de nuevas moléculas, incentivos para la agricultura sostenible e impulso para la producción de plaguicidas biológicos. Abrimos las puertas al diálogo, más no estaremos de acuerdo con sacrificar los intereses de los costarricenses por el de unos pocos. Ante estos ataques, seguiremos adelante con la convicción de hacer lo mejor para Costa Rica", declaró Cambronero.
