Deudor acude a juzgado por presunto cobro “abusivo” de Coopeservidores

Rodolfo Araya Solano, deudor de Coopeservidores R.L., acudió al Juzgado Tercero Especializado de Cobro del Primer Circuito Judicial de San José por un presunto cobro "abusivo" que pretende hacerle la cooperativa.

Así consta en un recurso de revocatoria con apelación en subsidio que presentó en ese despacho judicial el pasado 25 de abril contra una resolución de ese juzgado, después de que Coopeservidores planteó un proceso para rematar su vivienda, ubicada en Barrio Aranjuez, San José.

En el escrito inicial que dio lugar al proceso, la cooperativa, entidad de ahorro y crédito intervenida por orden del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) desde el pasado 13 de mayo, señaló que Araya adeuda una suma de ¢33.094.969 entre capital e intereses por un crédito hipotecario que adquirió en 2019.

Según Araya, cuando suscribió el crédito también se le obligó a firmar una póliza de seguros con el Instituto Nacional de Seguros (INS).

La mensualidad que pagaba, de alrededor de ¢460.000, cubría la cuota del préstamo y la póliza, mencionó.

Sin embargo, según planteó en un recurso de amparo presentando ante la Sala Constitucional el 1° de marzo anterior, el 20 de julio de 2022 acudió a Coopeservidores para hacer valer su derecho de reclamo de póliza de seguros de vida por hipoteca, ya que por motivos de salud le otorgaron la pensión por invalidez.

En ese amparo que presentó ante los magistrados adujo que en la cooperativa le indicaron que el trámite tardaba entre un mes y 45 días.

También señaló que por motivos que desconoce el trámite fue presentado por la cooperativa ante el INS el 28 de julio de 2023, casi un año después de la presentación de los documentos que él hizo.

Además, argumentó que la relación comercial entre el INS y la cooperativa finalizó en 2022, pero la gestión de reclamo de póliza que él planteó se presentó hasta en 2023.

También indicó que la cancelación de la póliza tuvo lugar a partir del 31 de octubre de 2020. Esto, de acuerdo con Solano, llevó al INS a declinar su caso el 8 de setiembre de 2023.

Pese a ello, dijo que Coopeservidores activó el proceso de cobro y llegó al punto de una ejecución hipotecaria para el remate de su propiedad, el cual se tramita en el expediente número 23-007958-CJ-8 ante el Juzgado Tercero Especializado de Cobro del Primer Circuito Judicial de San José.

Reclamo

Según el recurso de revocatoria con apelación en subsidió que presentó ante el juzgado, Coopeservidores alegó que Solano no hizo pago alguno de su deuda entre el 5 de diciembre de 2022 al 12 de setiembre de 2023.

Sin embargo, Solano aseguró que no fue notificado del proceso cobratorio sino hasta el 9 de diciembre de 2023.

"Entre el plazo de liquidación y el apersonamiento al proceso, sobradamente se cumple el término de prescripción (un año)", indicó en el recurso con la asesoría de su representación legal.

Argumentó que el Código de Comercio establece el término de un año para que se de la prescripción de intereses y que, por ello, la liquidación efectuada por la cooperativa "es espuria".

"Este proceso está viciado de nulidad y el mismo debe anularse desde el momento que se presentó una liquidación espuria que no se ajustaba a lo adeudado", señaló en el recurso ante el juzgado.

Su representación legal consideró que el período liquidado por Coopeservidores "es abusivo ya que no corresponde con la realidad de lo adeudado, lo pagado y lo que se pretende cobrar".

"Indefensión"

Solano dijo a CRHoy.com que su incapacidad, a raíz de un accidente que sufrió, sumado al proceso de remate de su propiedad le ha desencadenado una serie de problemas de salud relacionados con estrés.

"Me encuentro en un estado de indefensión ante la cooperativa, que prácticamente me está obligando a conseguir el dinero para evitar el remate", declaró.

Explicó que la única vía que planteó Coopeservidores para frenar el proceso de remate de su vivienda era un arreglo por ¢9 millones, pero que no tenía esa suma de dinero.

Solano insistió en que se debe ordenar a la cooperativa la aplicación  inmediata de la póliza de responsabilidad civil bajo la cobertura de errores y omisiones y la inmediata detención del remate.

El Conassif ordenó el pasado 13 de mayo la intervención de Coopeservidores, tras una recomendación que le hizo la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).

La Sugef detectó una serie de situaciones que ponen en riesgo la seguridad y la solvencia de la cooperativa.