Defensoría advierte de posibles riesgos del Acuerdo Transpacífico
Defensoría de los Habitantes. (CRH).
La Defensoría de los Habitantes expresó su preocupación por los posibles efectos de la adhesión de Costa Rica al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) sobre los productores agrícolas y ganaderos, el empleo rural y las comunidades que dependen de estas actividades.
La institución anunció una investigación y solicitó al Ministerio de Comercio Exterior (Comex) los estudios y las condiciones negociadas para examinar si las decisiones están respaldadas por una valoración suficiente de sus consecuencias productivas y sociales.
Según manifestó, el crecimiento de las exportaciones o del producto nacional puede coexistir con pérdidas de ingresos y empleo en determinados sectores y territorios.
La Defensoría investigará quiénes podrían aprovechar las oportunidades del acuerdo, quiénes enfrentarían mayores costos y qué políticas permitirían que sus beneficios contribuyeran a una distribución más equitativa de la riqueza.
En las comunidades rurales, una eventual contracción de la agricultura o la ganadería también podría afectar a quienes transportan, procesan y comercializan la producción, así como a los negocios que dependen del consumo de las familias productoras.
Donde existen pocas alternativas laborales, esas afectaciones podrían profundizar la desigualdad territorial, aumentar la informalidad y debilitar las posibilidades de desarrollo regional.
«La atención se concentrará especialmente en las pequeñas unidades productivas, la agricultura familiar, las mujeres rurales y las personas jóvenes y trabajadoras vinculadas con estas actividades. Interesa conocer si los estudios permiten identificar los riesgos por región y actividad, considerando las diferencias de acceso al crédito, la tecnología, la infraestructura y los mercados», señaló la institución.
La seguridad alimentaria también forma parte de esta valoración. La Defensoría examinará cómo se consideraron la capacidad nacional para producir alimentos, la estabilidad del abastecimiento y el acceso de los hogares a una alimentación adecuada.
Asimismo, interesa verificar si las eventuales reducciones arancelarias se trasladarían a los precios que pagan los consumidores y cómo se relacionarían con los ingresos de las familias productoras.
Una preocupación central es establecer si la adhesión estaría acompañada de políticas públicas sectoriales suficientes, financiadas y oportunas.
Los períodos de reducción de aranceles deben valorarse según el tiempo efectivo disponible y las capacidades existentes para mejorar la productividad, fortalecer los encadenamientos nacionales y atender las brechas competitivas. Su utilidad depende de que los programas de apoyo se ejecuten durante esos plazos.
La institución pidió conocer las medidas previstas para quienes pudieran sufrir pérdidas atribuibles al acuerdo, como apoyos temporales al ingreso, atención del endeudamiento, capacitación, alternativas de empleo y continuidad de la protección social. También examinará sus presupuestos, cobertura territorial, entidades responsables y condiciones de acceso.
La revisión comprende la transparencia de la información y la participación efectiva de los sectores productivos y las comunidades rurales.
Estas personas deben contar con información suficiente y oportuna para plantear observaciones y recibir respuestas fundamentadas antes de que se tomen nuevas decisiones.
La investigación permitirá valorar la suficiencia de las actuaciones públicas, sin anticipar conclusiones sobre los efectos de la adhesión.
Para la Defensoría, las decisiones de política comercial deben sustentarse en evidencia y en medidas concretas que protejan los derechos al trabajo, la alimentación y la seguridad social, amplíen las oportunidades de desarrollo de las regiones rurales y garanticen la participación ciudadana.