Decisión del Tribunal Contencioso beneficia a contribuyentes
(Daniela Abarca)
El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda determinó que ya no será necesario que el representante de un individuo o empresa fiscalizada por Tributación sea un abogado, como hasta al momento se venía exigiendo.
Así lo explicó a este medio el abogado Iván Vincenti, socio de la firma Grant Thornton, quien señaló que finalmente se sentó claridad sobre un tema que no pocos problemas e injusticias había causado a los contribuyentes.
"El Tribunal Fiscal Administrativo rechazaba recursos de apelación que fueran suscritos por representantes no abogados, pues consideraba que sólo a esa categoría de profesionales se les podía otorgar un poder especial administrativo. Ello suponía, en no pocos casos, que luego de varios años de estar en trámite el recurso, el Tribunal Fiscal estimara inadmisible la gestión, sin entrar a conocer el fondo de la disputa y, particularmente grave, sin que se parara el cómputo de intereses en perjuicio del contribuyente", explicó el abogado.
Esto provocaba un perjuicio mayor: no se conocían sus argumentos por la omisión del requisito, pero además se la castigaba adicionalmente con el incremento de su obligación, pues los intereses nunca se interrumpían en su cómputo. Es decir, se sancionaba al contribuyente por el ejercicio de su derecho de defensa.
Ahora, tras la decisión del Tribunal Contencioso se reconoció que no existe fundamento legal válido para restringir que el contribuyente escoja y designe a su representante necesariamente en un abogado, en un procedimiento administrativo tributario.
Por el contrario, la sentencia es clara en advertir que resulta improcedente limitar la decisión del contribuyente de designar el tipo de profesional que lo represente en la investigación ante la Administración Tributaria.
"Al final de cuentas, es manifestación de un derecho fundamental. Así las cosas, puede inclinarse por un abogado, por un contador, o por una persona que le merezca su más absoluta confianza. Califico de trascendente esta sentencia no solo por la ya expuesto; sino porque, además, advierte a la Administración que estos excesivos formalismos atentan contra el debido proceso, derecho igualmente de rango constitucional", agregó Vincenti.