Cuestionan crédito de $700 millones para reconstruir obra pública

Paulina Ramírez, diputada del PLN. (Archivo/CRH).

(CRHoy.com) -La diputada Paulina Ramírez, del Partido Liberación Nacional (PLN), cuestionó un crédito de $700 millones negociados por el Gobierno con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para financiar la reconstrucción de infraestructura pública a causa de desastres naturales.

El contrato de préstamo se discute en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa bajo el expediente 23.635.

Ramírez, quien preside ese órgano del Congreso, puntualizó los cuestionamientos en una audiencia en la que Alejando Picado, presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), expuso la forma en la que se planea distribuir el crédito.

Según la legisladora, no consta el plan global de inversiones de los proyectos que la CNE financiará con los recursos. Aunque existe un listado de proyectos de infraestructura que deberán ser atendidos con prioridad, no hay un registro de los costos asociados o los recursos que se girarán para cada carretera, puente, vivienda o escuela, así como tampoco un cronograma de ejecución de los recursos.

Mencionó que, además, falta información sobre la fase de pre inversión. Es decir, no se conoce cuáles de los proyectos a financiar cuentan con diseños básicos o finales. No constan estudios de factibilidad financiera, impacto ambiental, procesos de relocalización de servicios públicos y procesos de expropiación.

Aseguró que el esquema de ejecución es complejo, confuso y burocrático porque la CNE fungirá como Unidad Ejecutora Coordinadora, pero paralelamente existirán Unidades Ejecutoras en otras entidades como el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), el Ministerio de Educación Pública (MEP), el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) y el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah).

Recordó que todos los años la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda alerta sobre debilidades en la ejecución de los préstamos internacionales que conducen al pago de millonarias multas por concepto de comisiones de compromiso.

Otro de los cuestionamientos que formuló la diputada es la mala experiencia del MEP en la administración o ejecución de recursos externos y mencionó el Fideicomiso para el Financiamiento del Proyecto de Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Educativa por un monto de $167,5 millones. No se logró finalizar las obras dentro de los plazos establecidos, se presentaron atrasos en los procesos de planificación, contratación, ejecución y cierre financiero de las obras.

Además, puntualizó los siguientes cuestionamientos:

• Costo del personal técnico. Según la exposición de motivos del texto, se contratarán cinco firmas de implementación que tendrán al menos un gerente, un coordinador técnico y personal para las áreas de legal y fiduciaria, ambiental y social, técnica, planificación, monitoreo y seguimiento, así como administrativa y financiera.
• El artículo 5 del proyecto de ley pretende autorizar al Poder Ejecutivo a incluir los recursos de este contrato de préstamo al Presupuesto Nacional mediante decreto ejecutivo. Los recursos deben ser incorporados mediante un presupuesto extraordinario porque es un tema de control político.
• El artículo 8 del proyecto de ley dispone que los gastos que se generen para el desarrollo de este programa, incluidos todos aquellos que se realicen con los recursos del empréstito, estarán exentos de la aplicación de la regla fiscal. Lo que debe quedar fuera de esa norma son únicamente los $700 millones.
• El artículo 4 del proyecto busca exceptuar de la aplicación de los procedimientos de contratación pública regulados por la legislación ordinaria a las adquisiciones de bienes y servicios necesarios para la ejecución de las obras que se financien con recursos del préstamo. Esto no se recomienda por razones de transparencia, control y supervisión.