Crecen dudas sobre millonario crédito para financiar emergencias
Diputados preocupados por alta tasa de interés
Diputada Paulina Ramírez, presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso. (Asamblea Legislativa).
(CRHoy.com) -Un millonario crédito internacional para financiar la reconstrucción de infraestructura pública destruida por desastres naturales despierta más dudas entre diputados.
Se trata de un préstamo de $700 millones negociado por el Gobierno con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que se discute en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa bajo el expediente 23.635.
Los principales cuestionamientos se relacionan con la alta tasa de interés que el BCIE estableció para ese crédito, la ausencia de un plan global de inversiones, la falta de información, la estructura compleja para su ejecución y los elevados costos administrativos.
La tasa de interés anual para el plazo seleccionado del crédito (30 años) es la tasa SOFR a plazo 6 meses más un margen variable (que actualmente es de 2,51%) al cual se le adicionará el margen fijo (que es de un o,50%). La tasa actual estimada sería de un 7,71%.
La legisladora Paulina Ramírez, del Partido Liberación Nacional (PLN) y presidenta de ese órgano del Congreso, reconoció que existe preocupación por las condiciones financieras del crédito.
Para una mayoría de diputados y diputadas de la comisión, este préstamo resulta muy caro comparado con otros financiamientos para inversión pública. La próxima semana se recibirá en audiencia al representante del BCIE para abordar esta y otras dudas al respecto.
Diputado Pablo Sibaja, Nueva República. (Archivo/CRH).
Uno de esos legisladores a los que se refiere Ramírez es Pablo Sibaja, de Nueva República, quien anunció que su agrupación no dará sus votos a favor del préstamo, si se mantienen las condiciones en las que fue planteado.
Las condiciones actuales con las que el Gobierno tramita un préstamo por $700 millones impiden que le demos nuestro voto afirmativo a este préstamo. Y no porque el fin no sea loable, porque urge la inversión en infraestructura, pero en el pasado hemos aprobado otros créditos por montos similares, cuyas tasas de interés son más favorables para el pueblo costarricense.
Debilidades
Fotografía con fines ilustrativos. (Archivo/CRH).
Ramírez también aseguró que no consta el plan global de inversiones de los proyectos que la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) pretende financiar con los recursos.
En ese sentido, detalló que a pesar de que existe un listado de proyectos de infraestructura que deberán ser atendidos con prioridad, no hay un registro de los costos asociados o los recursos que se girarán para cada carretera, puente, vivienda o escuela, así como tampoco un cronograma de ejecución de los recursos.
Además mencionó las siguientes debilidades:
- Falta información sobre la fase de pre inversión. Es decir, no se conoce cuáles de los proyectos a financiar cuentan con diseños básicos o finales.
- No constan estudios de factibilidad financiera, impacto ambiental, procesos de relocalización de servicios públicos y procesos de expropiación.
Elevados costos
Fotografía con fines ilustrativos. (Archivo/CRH).
La congresista también ha hecho especial énfasis en que el contrato de préstamo establece elevados costos administrativos.
Según la propuesta, se destinarían $62 millones para gastos de supervisión y administración que implicarán la contratación de consultores.
El texto indica que se contratarán cinco firmas de implementación en las áreas legal y fiduciaria, ambiental y social, técnica, planificación, monitoreo y seguimiento, y administrativa y financiera.
"Vemos un gasto administrativo, nos hace pensar que es bastante burocrático lo que se requiere para la administración, llevándose una porción muy alta", dijo Ramírez.
Estructura compleja
Diputado Eliécer Feinzaig, PLP. (Archivo/CRH).
Los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios también han manifestado que el esquema de ejecución propuesto es complejo, confuso y burocrático.
Esto, porque la CNE fungiría como Unidad Ejecutora Coordinadora, pero paralelamente existirían Unidades Ejecutoras en otras entidades como el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), el Ministerio de Educación Pública (MEP), el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) y el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah).
"Como si fuera poco, el esquema de ejecución del programa también contará con una firma de implementación general que fungirá como una Unidad Ejecutora Coordinadora y de firmas implementadoras en cada organismo ejecutor, que harán las funciones de unidades ejecutoras específicas para cada uno de ellos", expresó la congresista Ramírez.
En días recientes, el legislador Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP), comparó el contrato de préstamo con el fracasado proyecto Limón-Ciudad Puerto.
Fue un proyecto terriblemente fracasado en el que no se ejecutó ni el 8% y tenía básicamente la misma estructura que tiene este, que es una Unidad Ejecutora sin ninguna potestad legal sobre las demás unidades ejecutoras y cada una contratando una unidad de implementación, y este proyecto de ley tiene el mismo defecto.
Feizaig advirtió que la propuesta revela que "no se está aprendiendo de los errores del pasado."