Auditoría: Inder financió proyectos en zonas con baja prioridad

(CRHoy.com) Una auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) determinó que el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), financió proyectos en territorios con nivel de prioridad "Bajo", aun cuando existen territorios con mayor rezago en su desarrollo (Prioridad "Alta") que no han recibido recursos para este tipo de proyectos.

Además, la auditoría detalla que el Inder implementó los proyectos articulados sin una visión estratégica de intervención pública. Asimismo el instituto no evalúa el impacto social o económico que generan los proyectos articulados en el desarrollo rural de los territorios, de manera que se pueda medir la entrega de valor que realiza el Instituto con estos proyectos.

Lo anterior, imposibilita y podría incidir negativamente en el adecuado reparto de los recursos y la atención prioritaria de las necesidades de la población, según detalló la Contraloría.

Consultados al respecto, la entidad indicó, por medio de su oficina de prensa, que están analizando el informe y valoran presentar un recurso de apelación. 

"Es importante aclarar, también, que bajo ninguna circunstancia el Inder dona instituciones públicas o a entes privados, sino que utiliza la figura de convenio con fundamento en el artículo 36 de la ley 9036 de Creación del Inder. Además, los convenios requieren de una contraprestación de servicios, incluyendo recursos económicos que deben aportar la otra parte con la que se realice el convenio" explicó José Mario Guzmán Conejo, encargado de Prensa y Comunicación del Inder.

La institución afirma que estará comunicando el resultado del recurso interpuesto.

El documento determinó que el modelo de gestión establecido por el Inder cumple parcialmente con el marco regulatorio y prácticas aplicables. Además, la entidad no participa activamente de las propuestas de proyectos que se articulan con terceros para el desarrollo rural.

También se encontró que el Inder ejecuta proyectos articulados con sujetos privados mediante el otorgamiento de beneficios patrimoniales de recursos líquidos, con sustento en normativa interna, lo cual es incongruente con los alcances de lo dispuesto en la Ley n.° 9036, de cuyo análisis jurídico no se desprende la posibilidad de realizar el traslado de recursos líquidos a privados.