Actuaciones de Gerente del BCCR generan dudas entre diputados
Las actuaciones de la gerente general del Banco Central de Costa Rica (BCCR), Hazel Valverde, relacionadas con las solicitudes de datos personales de deudores y clientes de bancos comerciales que hizo esa entidad monetaria genera dudas entre diputados.
Así se sostiene en el informe de la investigación preliminar que hizo la Comisión para el Control del Ingreso y Gasto Públicos de la Asamblea Legislativa por las solicitudes de datos personales de los costarricenses que hizo el BCCR a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y a los bancos Nacional de Costa Rica (BNCR), de Costa Rica (BCR), Popular (BP) y BAC Credomatic.
Valverde reconoció en una audiencia en ese órgano legislativo, el 12 de octubre de 2023, que el Banco Central pidió "por error" a esos bancos la información de la identificación de los depositantes dentro de la solicitud de datos de los deudores.
Mencionó que esa petición se construyó entre varias personas, pero no pudo identificar quiénes cometieron el supuesto error. Esto genera dudas a los legisladores.
"Valverde Richmond también admitió un 'error material' en la solicitud de información durante su comparecencia ante la Comisión. Este 'error' fue señalado por el diputado Francisco Nicolás, quien solicitó conocer a los responsables del mismo. Sin embargo, la jerarca del BCCR indicó que la petición fue elaborada por varias personas y no pudo identificar específicamente quién cometió el 'error'. Además, explicó que el documento con el 'error' estaba incluido en un archivo adjunto de más de 65 páginas y que los datos solicitados ya estaban en posesión del BCCR para calcular la Tasa Básica Pasiva, por lo que lo consideraba un error", se indica en el documento.
El presidente del BCCR, Róger Madrigal, también manifestó a los diputados de esa comisión que la solicitud de datos a los bancos fue realizada "por error".
Según el informe preliminar, que los diputados conocerán este jueves, el Banco Central no ofreció una justificación exhaustiva para requerir datos tan minuciosos de los clientes de esos bancos comerciales, ya que esto no es imprescindible para cumplir con sus atribuciones.
De los cuatro bancos, solo el BNCR se negó a entregar la información solicitada por el BCCR. También la Sugef se rehusó a suministrar los datos al Banco Central.
En respuesta, el BCCR denunció penalmente a la jerarca de la Sugef, Rocío Aguilar, y al entonces gerente general del BNCR, Bernardo Alfaro, por el presunto delito de desobediencia.
"La negativa, tanto de la Sugef como del Banco Nacional, de facilitar información sensible demandada por el Banco Central, subraya la complejidad y la sensibilidad de la solicitud realizada. La reticencia de estas entidades reguladas resalta la importancia de evaluar con cautela la legitimidad y legalidad de dichas solicitudes de información, considerando la delicadeza inherente a datos de identificación personal y financiera. Es imperativo garantizar un equilibrio adecuado entre la necesidad de información para fines estadísticos y la protección rigurosa de la privacidad y confidencialidad de los datos de los ciudadanos", indica el borrador del informe.
Según ese documento, el Banco Central violó la protección de datos personales de los costarricenses al solicitar información de deudores a la Sugef y de clientes a bancos comerciales.
El informe recomienda al presidente de la República, Rodrigo Chaves, la urgente destitución de Madrigal por "la falta de cumplimiento de normativas legales y éticas en la obtención de información y la toma de decisiones que han sido públicas y evidentemente precipitadas y temerarias".
También por "la necesidad de restablecer la confianza pública en la institución, preservar la integridad de las decisiones y salvaguardar la reputación del Banco Central, que ha sufrido un daño difícil de cuantificar".
