6 señales contradictorias del Gobierno que debilitan la confianza
Políticos y empresarios reclaman que Ejecutivo se relajó y olvidó agenda de reactivación y contención del gasto
(CRhoy.com) 2019 dejó para el Gobierno malos resultados en áreas trascendentales del campo económico entre los cuales destacan un déficit fiscal mayor al esperado, un crecimiento económico apenas tibio y un desempleo rampante.
Las cifras ocasionaron un remezón a nivel político y económico pues se esperaban mejores resultados en especial luego de someter a la población en general al cumplimiento del plan fiscal que entre otras cosas implicó el aumento tributario mediante el Impuesto al Valor Agregado (IVA). La presión llevó al ministro de Hacienda Rodrigo Chaves a tener que poner la cara ante la Asamblea Legislativa, con un nuevo paquete de medidas económicas.
Lejos de apaciguar las preocupaciones el accionar del gobierno más bien parecen debilitar la poca confianza que pudieron haber ganado con las discusiones del plan fiscal. Al menos seis aspectos concretos son considerados como señales contradictorias del gobierno que minan la confianza económica.
Con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en vigencia desde diciembre de 2018 se obligó a todos los ciudadanos a someterse a una nueva normativa tributaria que implicó un incremento en la base de productos tasados en el anterior impuesto de ventas con el nuevo Impuesto al Valor Agregado.
Sin embargo el Gobierno no ha sido igual de enérgico para hacer cumplir lo establecido en esa ley dentro de la propia administración.
Primero fue la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) que pretendió salirse del plan fiscal y luego la Junta de Protección Social que decidió aplicarla apenas este año sin que en ambos casos hubiese mano firme de Casa Presidencial hacia sus jerarcas.
Por si fuera poco, al Gobierno se le pide aplicar la denominada regla fiscal, una herramienta que pone freno al gasto presupuestario, pero ahora el Ejecutivo desea no cumplirla. Para ello Hacienda interpreta que para la creación del presupuesto siguiente debe tomarse el presupuesto inicial del año anterior y no el ejecutado, aún y cuando la Contraloría ya señaló que es con el ejecutado.
La diferencia significaría abrirle la llave al Ejecutivo para que pueda utilizar ₡433 mil millones de más en su próximo plan de gastos, algo considerado por el ministro de Hacienda Rodrigo Cháves como necesario para poder invertir.
La situación molesta a políticos y representantes del sector empresarial por igual. Luis Álvarez, director ejecutivo de la Cámara de Exportadores (Cadexco) señaló la contradicción del gobierno en sus señales sobre la regla fiscal.
"No aplicar la regla fiscal en los alcances para los cuales fue definida, tal como lo ha dicho la Contralora, representa un mensaje contradictorio, que si se suma a la propuesta de la apertura del secreto bancario, incrementa los niveles de desconfianza e incertidumbre que poco bien le hace al ambiente nacional. El compromiso del Gobierno de la República no puede ser otro que aplicar la regla fiscal y ser riguroso con la contención del gasto", dijo el representante empresarial.
Según el Jerarca de Hacienda, aprobar una legislación que permita a las autoridades tributarias levantar el secreto bancario es imperativo para poder reducir la evasión.
Pero para el sector empresarial y a nivel político se considera que sería abrir una peligrosa puerta, dado además de que esta es una potestad ya existente mediante la autorización de un juez.
La señal es más bien un desincentivo a la inversión y al empresario, en momentos en que el país más necesita de generar empleos y de echar a andar la economía.
Durante la discusión de la reforma fiscal, el compromiso del gobierno era promover una nutrida agenda de reformas estructurales que dieran mayor estabilidad al país a mediano y largo plazo. Se sabía que el plan fiscal era una medida momentánea.
La agenda incluía una reforma a la Ley de Empleo Público que viniera a ordenar los conflictivos regímenes salariales existentes y sus pluses, así como el análisis sobre la conveniencia de mantener instituciones, eliminar duplicidades y reducir el aparato estatal.
Nada de esto ha sido posible pese a que ya pasó más de un año de la vigencia del plan fiscal.
"Una vez que se aprobó el plan fiscal perdieron el sentido de urgencia sobre la situación fiscal del país… el plan fiscal vino a cambiar los nervios tanto de actores a lo interno como a lo externo (…) pero una vez aprobado, el país entero y principalmente el gobierno cayeron en autocomplacencia y empezamos con el Etanol, con la descarbonización, con control de armas, con el plan nacional de aguacate... toda una agenda en donde el tema del gasto desapareció", cuestionó el analista Juan Carlos Hidalgo.
Álvarez de Cadexco reforzó la idea al señalar que el Gobierno no ha sido claro en mejorar la administración del erario y le ha puesto atención a áreas no prioritarias.
"Es un claro mensaje que genera desconfianza e incertidumbre, que si duda pueden traducirse en una mayor cautela en los flujos de inversión y en el desarrollo productivo que impacta negativamente en la economía y generación empleo", agregó.
Los resultados financieros del gobierno al cierre de 2019 comprobaron que hubo un gasto mayor al esperado, al cerrar con un déficit del 6,9%. El compromiso de la Administración estaba centrado en cerrar los tubos al gasto desmedido; sin embargo, aunque la llave sí se apretó un poco, siempre hubo una fuga importante de recursos.
El esfuerzo fue notorio en el crecimiento de los salarios que representó un crecimiento dos puntos porcentuales menor al del 2018, empujado por decretos para congelar salarios y la aplicación de recortes en pluses contenidos en el plan fiscal.
Pero al mismo tiempo hubo gastos adicionales, especialmente realizados a final de año, que terminaron de disparar el déficit. Entre ellos transferencias al Conavi y a las juntas de educación, el pago por pertenecer a la Corporación Andina de Fomento, la capitalización por el cierre de Bancrédito y el rescate de Japdeva.
En la Asamblea Legislativa el lunes anterior algunos diputados esperaban que el Jerarca de Hacienda les presentara una agenda más exhaustiva de proyectos para reactivar la economía así como recortes inmediatos al gasto, pero en lugar de ello se produjo la promesa de la eventual venta de Fanal y de Bicsa y el uso de superávtis para pagar deuda.
"Los mensajes son una cortina de humo… el Ministro no vino a hablar de cambios para generar empleo o bajar el costo de la vida, de la energía, de las tasas de interés", cuestionó el socialcristiano Pedro Muñoz.
En 2019 el porcentaje de ocupados con un empleo informal fue de un 46,5%, lo que equivale a un millón de personas.
Esto conlleva un efecto directo sobre las cotizaciones. Según el Banco Central hubo una disminución en algunos sectores como construcción y agro, entre otras.
El Gobierno no ha presentado ningún plan para reducir estos niveles de informalidad que no dan tregua, pero además, existen trabas especialmente en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) para aquellas personas que desean formalizarse, pues se les cobra millonarios montos a modo de multa por el tiempo que no han estado dentro del empleo formal. Es decir, aunque afirman trabajar para formalizar a más gente y catapultar la economía, más bien desincentivan a la gente que intenta hacerlo.
"Resulta que hay proyecto de ley para arreglar la situación con la Caja, pero los tiene ahí pegados con deudas de 5 ó 10 años… es gente que nunca va a contribuirle a la Caja", reclamó el presidente de la Asamblea Legislativa, Carlos Ricardo Benavides.
El tema de la informalidad no es algo que involucre solo a la CCSS sino también a cómo Hacienda puede interactuar para cobrar las obligaciones tributarias de aquellos empleados y patronos informales que evaden el sistema.
"La informalidad no paga impuestos y a Rodrigo (Cháves) lo que le interesa es si los trabajadores estaban o no registrados en la Caja como patronos… ese no es todo el cuento, el tema es si Hacienda esta en capacidad de hacer un control cruzado y caerle a los negocios informales para dejar de hacerle competencia desleal a los que pagan y trabajan formalmente", reclamó Benavides.
Al tiempo que el gobierno impulsó una legislación fiscal para mejorar la recaudación sobre bienes y servicios (IVA) y establecer controles que reduzcan la evasión, y ha defendido a capa y espada iniciativas como el cobro tributario a casas de lujo, por otro lado miembros de su propio gabinete han resaltado en las últimas semanas por aparecer morosas con el pago de impuestos.
Uno de los primeros casos fue el de la titular de Justicia Marcia González quien ante la presión debió renunciar el 7 de febrero anterior por aparecer morosa con el impuesto a las casas de lujo.
Pero aunque la funcionaria debió abandonar el cargo, el gobierno no ha sido se ha mostrado especialmente cauto con el tema, incluso defendiendo a otros funcionarios cuestionados por el mismo tema.
Tal fue el caso del ministro de la Presidencia Víctor Morales quien apareció moroso con el impuesto a las personas jurídicas. el funcionario únicamente pidió disculpas y descartó renunciar. Asimismo el propio vicepresidente Marvin Rodríguez tuvo que pagar una multa de ₡300 mil por no actualizar durante tres años el valor de una propiedad.
El reclamo es que mientras el gobierno le solicitó a la ciudadanía su apoyo con la reforma tributaria, a los funcionarios del gabinete más bien los exculpa, como hizo el propio presidente Carlos Alvarado este jueves.