Salchichón y Chon extendieron su organización por las siete provincias
Allanamiento en casa de sujeto vinculado a Salchichón.
La organización criminal que presuntamente lideran Marvin Francisco Vargas Marín, alias "Salchichón", y Mario Delgado Sandí, conocido como "Chon", extendió sus operaciones a las siete provincias de Costa Rica. Su principal centro de actividades estaba en Liverpool de Río Blanco, Limón.
Así lo establece la investigación del caso Portus, que permitió identificar una estructura dedicada al robo de combustible y contenedores, así como a otras actividades delictivas relacionadas con narcotráfico, homicidios y legitimación de capitales.
Según el expediente judicial al que tuvo acceso CR Hoy, los investigadores documentaron hechos delictivos en Limón, Heredia, Alajuela y Guanacaste. También identificaron el traslado de mercancías robadas hacia San José, así como movimientos en las otras dos provincias, aunque menos frecuentes.
Aunque el grupo tenía su base en el Caribe, las autoridades determinaron que su alcance territorial abarcaba todo el país.
La Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos y la Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial dirigen la investigación, en coordinación con la Delegación Regional del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Limón.
El expediente señala que las actividades del grupo se remontan, al menos, a enero de 2017. Las pesquisas por presunta legitimación de capitales abarcan hechos desde 2019.
Antecedentes de Salchichón y Chon desde 2017
El caso Portus tiene como antecedentes dos expedientes judiciales que se abrieron en 2017 y 2018 por robos de combustible y contenedores: las causas 17-000913-0063-PE y 18-002033-0063-PE. En ellas, las autoridades ya vinculaban a "Chon" con otros cuatro sospechosos:
- Josué Villalobos Bustos, alias "Chue".
- Jean Carlo Bourne Mondell, alias "Sopa".
- Carlos Salazar Rodríguez, alias "Saya".
- Jairo Ariel Guzmán Corea.
Según la documentación judicial, los investigadores identificaron una participación conjunta y reiterada de estos sujetos en diferentes actividades delictivas.
La investigación señala que los integrantes de la estructura habrían diversificado sus actividades hasta involucrarse en homicidios con armas de fuego, principalmente en Liverpool de Limón.
Intervención de comunicaciones
El 5 de febrero de 2025, a las 8:30 a. m., el Juzgado Penal de Limón autorizó aplicar el procedimiento especial de crimen organizado en esta investigación. La resolución permitió intervenir las comunicaciones de varios integrantes de la estructura para profundizar en sus operaciones y determinar las funciones que presuntamente desempeñaban en el grupo.
Las autoridades también recopilaron antecedentes judiciales de otros sospechosos vinculados con robos de combustible a la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).
Uno de ellos es Jorge Luis Soto Rivera, a quien las autoridades detuvieron el 4 de febrero de 2025 junto con Luis Carlos Barrantes Varela y Kevin Alfredo Maitland Sterling, por un presunto robo agravado contra Recope. Soto también figura en otras investigaciones por violación de sellos y robo de combustible.
Por su parte, Dennis Pablo Delgado Sandí enfrentó una detención el 5 de junio de 2023 por robo agravado en perjuicio de Recope. El Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de Limón lo sentenció el 1.º de abril de 2024.
En el caso de "Salchichón", el expediente señala que las autoridades lo detuvieron el 1.º de julio de 2026 por una causa de robo agravado. Anteriormente, además, descontó prisión preventiva en el Centro Penal Gerardo Rodríguez por otra investigación relacionada con el mismo delito.
El caso Portus contra Salchichón
El caso Portus motivó un amplio operativo judicial el viernes 9 de octubre, cuando el OIJ ejecutó 80 allanamientos en diferentes puntos del país.
Las autoridades investigan a la organización por su presunta participación en robos millonarios de contenedores y combustible, así como en narcotráfico, homicidios y legitimación de capitales. La investigación también busca determinar el destino de las ganancias que habría obtenido la estructura.
Los expedientes judiciales y las intervenciones de comunicaciones forman parte de las pruebas con las que el Ministerio Público reconstruye el funcionamiento de la organización, identifica a sus integrantes y establece el alcance de sus operaciones en el territorio nacional.