Recorte presupuestario de Hacienda al Poder Judicial afectará principalmente al OIJ
Edificio del Ministerio de Hacienda.
El OIJ será la dependencia más afectada por el recorte presupuestario que el Ministerio de Hacienda solicitó al Poder Judicial para 2026.
De la rebaja total de ₡23.722 millones, la Policía Judicial perdería ₡9.536,3 millones. Según el Poder Judicial, la medida afectará la persecución penal, las acciones contra la delincuencia y los servicios dirigidos a poblaciones en condición de vulnerabilidad.
La Asamblea Legislativa deberá conocer este recorte mediante un presupuesto extraordinario. La medida se comunicó una semana después de que Hacienda informara al Poder Judicial que liberaría ₡3.053 millones correspondientes a las cuotas del tercer y cuarto trimestre de 2026, recursos que pretendía retener.
El Poder Judicial señaló que el recorte al OIJ ocurre mientras la institución desarrolla investigaciones y operativos contra estructuras de delincuencia organizada que han permitido detener a líderes criminales.
La reducción también afectaría los recursos destinados a los juzgados y tribunales, la Defensa Pública y el programa de Atención y Protección de Víctimas y Testigos.
Hacienda plantea las siguientes rebajas:
- Organismo de Investigación Judicial: ₡9.536,3 millones.
- Administración y operación: ₡8.728,8 millones.
- Juzgados y tribunales: ₡3.287,9 millones.
- Defensa Pública: ₡1.087 millones.
- Ministerio Público: ₡558,1 millones.
- Atención y Protección de Víctimas y Testigos: ₡335,7 millones.
- Fondo de Jubilaciones y Pensiones: ₡187,8 millones.
El recorte presupuestario
El Poder Judicial explicó que la rebaja reduciría los recursos de partidas que forman parte del presupuesto aprobado y que están vinculadas con la operación institucional durante el resto de 2026.
Además, indicó que Hacienda calculó el recorte mediante una estimación estadística elaborada con la información disponible al 30 de junio de 2026 y los patrones históricos de ejecución presupuestaria. Según la institución, este método no permite determinar cuánto dinero se encuentra realmente disponible para reducirlo.
Desde el 30 de junio, el Poder Judicial ha continuado con procesos de contratación, adjudicaciones y adquisiciones de bienes y servicios. Asimismo, ha asumido otros compromisos y pagos correspondientes al segundo semestre.
Un estudio técnico de la institución determinó que 56 de las 85 subpartidas seleccionadas por Hacienda tienen un saldo disponible inferior al monto que se pretende rebajar.
Por esta razón, el Poder Judicial evaluará las acciones legales correspondientes.
Aclaraciones del Poder Judicial
El Poder Judicial precisó que, el 29 de junio, la Corte Plena acordó ceder ₡13.242,08 millones del presupuesto de 2026 que se encontraba en ejecución. La institución tomó la decisión ante una solicitud del Ministerio de Hacienda y como parte de sus esfuerzos para contribuir a la sostenibilidad fiscal del país.
Sin embargo, ese monto no forma parte de los ₡23.722 millones que Hacienda pretende rebajar mediante un presupuesto extraordinario. Por lo tanto, se trata de una reducción adicional.
En cuanto al fideicomiso para construir infraestructura, la institución aclaró que no asciende a $700 millones ni a $600 millones, sino a $82 millones. Además, aseguró que este no tiene relación con el presupuesto institucional.
Los recursos financiarán proyectos de infraestructura judicial para atender el déficit de edificios y espacios adecuados para prestar los servicios. Las obras también buscan reducir progresivamente el gasto en alquileres y generar ahorros para el Estado.
Depósitos judiciales
El Poder Judicial también aclaró que los recursos que custodia mediante depósitos judiciales no pertenecen a la institución ni forman parte de un fideicomiso.
Se trata de dinero de las usuarios vinculado con procesos judiciales en los que una autoridad ordenó un embargo, una retención u otra medida. También incluye los recursos correspondientes a pensiones alimentarias que deposita la parte obligada y que posteriormente se giran a la persona beneficiaria.
Por lo tanto, el Poder Judicial no puede utilizar estos recursos para financiar su funcionamiento ni destinarlos a otros fines.
Finalmente, la institución recalcó que la Constitución Política establece que debe recibir una suma no menor al 6% de los ingresos ordinarios del Estado. Sin embargo, aseguró que actualmente recibe el equivalente al 3,61%.