Poder Judicial no podrá llenar 2.463 plazas vacantes y 810 son de OIJ

Nogui Acosta, jefe de fracción del PPSO. Creditos: Esteban Rojas, Asamblea Legislativa

El Poder Judicial no podrán disponer de 2.463 plazas vacantes en sus principales programas durante 2027, según una norma de ejecución presupuestaria impuesta por el Ministerio de Hacienda. De esa cantidad, 810 pertenecen al Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Esto luego de que los diputados de Pueblo Soberano (PPSO) aprobaron las normas de ejecución presupuestaria que condicionan recursos y limitan el uso de dichas instituciones, al dictaminar el Presuen la norma presupuestaria número 12.

Según la norma, las instituciones no podrán hacer uso de las plazas sin un estudio previo de la Contraloría General de la República (CGR) y de la Corte Plena del Poder Judicial. Posteriormente, la Corte Suprema de Justicia deberá enviar la solicitud de autorización a la Comisión de Ingreso y Gasto Público.

La norma también 12 afectaría a plazas de jueces, fiscales, defensores públicos, peritos e investigadores judiciales.

Hacienda incorporó en el Presupuesto 2027 las normas 9, 10, 11 y 12, dirigidas exclusivamente al Poder Judicial. Las disposiciones son rechazadas por diputados de Liberación Nacional (PLN) y del Frente Amplio (FA), quienes anunciaron que acudirán a la Sala Constitucional para consultar su viabilidad.

La diputada del PLN, Diana Murillo, calificó estas normas como obstruccionistas e inconstitucionales, por lo que anunció que acudirá al órgano constitucional.

¿Qué establecen las normas?

Las normas establecen cuatro controles sobre el presupuesto judicial: la fiscalización de un fideicomiso, los traslados de recursos entre subpartidas, el pago de compensaciones salariales y la ocupación de plazas vacantes.

• Norma 9: Congelamiento de ₡29.844 millones. Mantiene esos recursos bloqueados hasta que se cumplan requisitos de fiscalización del fideicomiso inmobiliario con el Banco de Costa Rica (BCR), se presenten estados financieros auditados y la Contraloría General de la República (CGR) certifique el cumplimiento de disposiciones sobre infraestructura.
• Norma 10: Restricciones para modificar el presupuesto. Limita los traslados de recursos entre subpartidas y exige que determinados movimientos se tramiten mediante un presupuesto extraordinario sujeto a autorización legislativa.
• Norma 11: Restricciones al pago de compensaciones salariales. Condiciona el pago de una compensación de la escala salarial de la Judicatura a la presentación de un análisis de costo-beneficio sobre las labores administrativas y jurisdiccionales de los magistrados. El estudio debe ser refrendado por la Contraloría y conocido y aprobado por la Asamblea Legislativa.
• Norma 12: Prohibición de ocupar plazas vacantes. Impide al Poder Judicial llenar puestos vacantes a partir de enero de 2027. La restricción afectaría alrededor de 2.463 plazas vacantes, de las cuales 810 corresponden al Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Para liberar los recursos, también se requiere un informe avalado por la Comisión de Ingreso y Gasto Público, en el que el Poder Judicial justifique el uso que dará a los fondos. Además, el documento debe ser aprobado por el Plenario Legislativo.

A estas disposiciones se suma un recorte de ₡10.000 millones al presupuesto judicial, que los diputados del PPSO dejaron en firme durante el trámite del Presupuesto de 2027.

El PPSO también avaló el Segundo Presupuesto Extraordinario de 2026, que incluye un recorte de más de ₡13.000 millones al Poder Judicial. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia advirtió que este presupuesto requiere 38 votos para su aprobación, debido a que los recortes afectan el funcionamiento de la institución.

Principales afectaciones

Los recursos condicionados incluyen partidas para equipamiento tecnológico, licencias, infraestructura y gastos operativos. Las autoridades judiciales han advertido que las restricciones podrían afectar la emisión de sentencias, las audiencias virtuales, la tramitación de expedientes y la notificación de resoluciones.

Entre las principales consecuencias señaladas figuran:

• Afectaciones al acceso a la justicia y a la protección de las víctimas.
• Dificultades para la Defensa Pública y recursos insuficientes para cubrir alquileres.
• Falta de una morgue judicial, un edificio para tribunales y celdas judiciales en la Zona Sur.
• Afectaciones a la disponibilidad de personal en el sistema penal.
• Una reducción de 810 plazas en el OIJ.
• La pérdida de 251 funcionarios en la Fiscalía y 230 en la Defensa Pública.
• Cerca de 300 puestos menos en el área administrativa.
• Una reducción de 115 puestos en la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito.

Las autoridades judiciales también han advertido que el bloqueo presupuestario podría provocar el cierre de sedes regionales.

Tras el dictamen, el Presupuesto Ordinario de 2027 pasa al Plenario Legislativo para su discusión y votación en dos debates. La aprobación definitiva debe concretarse a más tardar el 29 de noviembre.