Diputada acudirá a la Sala IV por normas que congelan recursos al Poder Judicial
La diputada de Liberación Nacional (PLN), Diana Murillo, calificó de obstruccionistas e inconstitucionales las normas de ejecución presupuestaria que condicionan cerca de ₡30.000 millones del presupuesto del Poder Judicial y anunció que las llevará a consulta ante la Sala Constitucional.
Se trata de las normas 9, 10, 11 y 12, mediante las cuales el Ministerio de Hacienda congela recursos de la institución para 2027.
Las declaraciones las brindó durante la discusión del Presupuesto Ordinario 2027 en la Comisión de Hacendarios, donde Murillo defendió mociones para eliminar esas disposiciones. Sin embargo, Pueblo Soberano (PPSO) ha rechazado varias propuestas del PLN que buscan liberar los fondos.
"Es una obstrucción total, un bloqueo completo, una intromisión al Poder Judicial", declaró Murillo.
"Con estas normas estamos poniendo amarras al Poder Judicial en un momento clave, en un momento donde la inseguridad está en nuestros barrios", agregó.
La norma 9 contempla 313 subpartidas por cerca de ₡30.000 millones, equivalentes al 5,6% del presupuesto del Poder Judicial para el próximo año. La restricción también podría afectar el funcionamiento del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público.
Principales afectaciones
Los recursos condicionados incluyen partidas para equipamiento tecnológico, licencias, infraestructura y otros gastos operativos. Según las advertencias de las autoridades judiciales, las restricciones podrían afectar la emisión de sentencias, las audiencias virtuales, la tramitación de expedientes y la notificación de resoluciones.
Entre las principales consecuencias señaladas figuran:
- Afectaciones al acceso a la justicia y la protección de las víctimas.
- Dificultades para la Defensa Pública y fondos insuficientes para cubrir alquileres.
- Falta de morgue judicial, edificio para tribunales y celdas judiciales en la Zona Sur.
- Cerca de 2.500 plazas comprometidas en el sistema penal.
- Una reducción de 810 plazas en el OIJ.
- La pérdida de 251 funcionarios en la Fiscalía y 230 en la Defensa Pública.
- Cerca de 300 puestos menos en el área administrativa.
- Una reducción de 115 puestos en la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito.
Las autoridades judiciales también han advertido que el bloqueo presupuestario podría provocar el cierre de sedes regionales.
Las diputadas liberacionistas Ángela Aguilar y Norjelens Lobo también presentaron mociones para eliminar las restricciones, pero el PPSO las rechazó.
Si las normas se mantienen, el Poder Judicial deberá acudir a la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público para justificar la necesidad de los recursos. Incluso si esa instancia aprueba el giro, el Ministerio de Hacienda tendrá la decisión final sobre su liberación.
La Comisión de Asuntos Hacendarios continúa con la discusión de las mociones al Presupuesto Nacional de 2027 que debe dictaminarse a más tardar esta medianoche.