País lucha contra una peligrosa amenaza pospandemia: La deserción escolar

(CRHoy.com). – El 2020 fue un año retador para el sistema educativo costarricense y a la fecha la pandemia del COVID-19 continúa causando estragos en la dinámica educativa de cientos de estudiantes del ámbito público.

A parte de las severas repercusiones a nivel académico y la brecha digital, el Ministerio de Educación Pública (MEP) ha tenido que lidiar con un peligroso enemigo que acecha anualmente a los centros educativos pero que con la pandemia se ha vuelto más amenazante: la exclusión escolar.

De acuerdo con datos de la Unidad para la Permanencia, Reincorporación y Éxito Educativo (UPRE) del MEP, el año anterior, un total de 18.384 estudiantes fueron reportados como excluidos.

El mayor número se registró en educación de jóvenes y adultos. Regiones como San Carlos, Heredia, Alajuela y Guápiles, reportaban las cifras más altas.

Sin embargo, los esfuerzos y estrategias del MEP para combatir esta problemática, han mostrado avances. Según datos arrojados a través de la plataforma ministerial SABER, de este total de estudiantes excluidos del 2020, 10 mil de ellos se encuentran matriculados en el actual curso lectivo, no obstante hay una pérdida lamentable de poco más de 8 mil alumnos que abandonaron su formación.

De acuerdo con la UPRE, son muchos los factores que pueden obligar a un estudiante a dejar sus estudios, por lo que para prevenir la exclusión estudiantil, trabajan desde la plataforma SABER en el desarrollo de un módulo que permita la actualización y transmisión de datos que alertan al sistema educativo, para reaccionar de manera temprana y oportuna a las amenazas o riesgos presentes alrededor del estudiante que se encuentra matriculado en cualquiera de las ofertas educativas.

"Esa información, le permite al MEP, que las instituciones educativas cuenten con apoyo de la familia y actores relevantes, en la formulación oportuna de planes de acción para cada estudiante identificado en el sistema como persona en riesgo de exclusión y lograr su permanencia y conclusión exitosa de sus estudios", indicó el ministerio.

Cierres prolongados

Ante el aumento de casos y hospitalizaciones por COVID-19, el MEP se vio forzado a suspender el curso lectivo entre el 24 de mayo y el 25 de junio, para luego dar paso a las vacaciones de medio periodo y posteriormente retomar lecciones el 12 de julio.

Sin embargo, organismos internacionales han advertido reiteradamente que los cierres prolongados no le hacen nada bien a los estudiantes, quienes experimentarán repercusiones negativas no solo sobre los aprendizajes alcanzados, sino también en la escolarización a tiempo, la deserción y la promoción.

"Esto afectará aún más a aquellos estudiantes pobres y de clase media vulnerable, así como a los estudiantes indígenas, migrantes y con necesidades especiales. Además, los estudiantes repitentes y en sobreedad, así como aquellos que están en los grados y en edades críticas corren un mayor riesgo de ser expulsados por el sistema", advirtió el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en uno de sus informes.

Las Naciones Unidas, también han sido críticas en este tema. De acuerdo con una reciente encuesta publicada por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación de la Unesco, América Latina y el Caribe, es la región con el cierre de escuelas más prolongado del mundo, con un promedio superior a los 6 meses.

"3 de cada 5 de los estudiantes que perdieron al menos 3/4 partes de sus clases presenciales durante 2020 viven en América Latina y el Caribe. Se teme que esto tenga impactos duraderos: un aumento en el abandono escolar, pérdida de aprendizajes y agudización de las inequidades en los logros de aprendizaje", señala la encuesta.

Severas repercusiones

La exclusión escolar, además de generar efectos en la escolarización de niños y jóvenes, principalmente en aquellos en situación de pobreza y pobreza extrema también puede repercutir en una sobrecarga de tareas domésticas, explotación sexual o laboral, consumo y venta de drogas.

En 2019, una investigación realizada por el programa Estado de la Educación, evidenció que la existencia de escenarios y patrones espaciales que condicionan el trabajo de las Direcciones Regionales del MEP en su lucha contra la exclusión educativa.

Como parte de los hallazgos, se evidenció que existen casi 800 centros educativos que además de estar ubicados en un contexto de altas tasas de homicidios donde el principal móvil es el ajuste de cuentas ligado al tráfico de drogas también persisten altos porcentajes de pobreza, desempleo y bajo nivel educativo.

De acuerdo con Walter Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en los últimos tiempos, han detectado un aumento de adscripciones de personas menores de edad a grupos criminales que efectúan acciones de todo tipo de naturaleza: sicariato, amenazas, transporte de objetos prohibidos o vigilancia.

"El tema educativo se ha visto afectado muchísimo con la pandemia y a nosotros a nivel del OIJ nos preocupa que dentro de unos años eso se pueda reflejar en un grupo etario importante que no concluyó sus estudios y que de pronto se va a acercar a los hechos delictivos para poder subsistir", aseguró Espinoza.