Yunta ICE-MOPT para desarrollo de obras viales no convence a todos
Cámara de la Construcción advierte "competencia desleal" con incursión del instituto
(CRHoy.com). La propuesta para que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) incursione en el desarrollo de obra vial no es nueva. Tal y como lo planteó sin éxito el gobierno de Luis Guillermo Solís (2014-2018), la Administración Chaves Robles (2022-2026) procura que la entidad se convierta en un soporte fundamental para el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
Luis Amador, titular de esa cartera, confirmó acercamientos con Marco Acuña, jerarca del instituto, en 3 sentidos: la habilitación de la planta de producción de mezcla asfáltica en Guanacaste (El Chopo), construcción de puentes nuevos menores a los 50 metros de longitud y la ejecución de estudios hidrológicos sobre drenajes.
Ante esta intención, hay voces que discrepan de resurgir la idea para que el ICE participe en el desarrollo de obras viales.
Así lo expresaron la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC); Olman Vargas, exdirector ejecutivo del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) y Eli Feinzaig, diputado del Partido Liberal Progresista (PLP).
"La participación desleal del ICE en actividades de consultoría, diseño y construcción de obras públicas es inconveniente para el país porque representa una competencia desleal que deja por fuera y sin capacidad de participar a diversas empresas y profesionales. Asimismo, genera un desenfoque del objetivo central que debe perseguir la institución, que es la provisión de servicios de energía eléctrica y telecomunicaciones de calidad a precios competitivos", señaló la CCC, tras calificar como "muy preocupante" el acercamiento entre el ministerio y el instituto.
En esta misma línea, el ministro Amador confirmó que ya el ICE les "prestó" por 3 meses, con posibilidad de más plazo y bajo convenio, a 6 ingenieros civiles para diseñar los términos de referencia de las contrataciones para arreglar más de 400 puentes deteriorados y puntos con riesgo de deslizamientos.
Para la CCC, este tipo de convenios suscritos entre ambas entidades estatales ocasiona una afectación sobre el buen uso de los recursos del Estado, al realizar contrataciones evadiendo los procedimientos de contratación administrativa.
"Las instituciones públicas deben asegurarse de contratar los mejores servicios, en las mejores condiciones y al mejor precio, incluyendo el cumplimiento de plazos. Sin embargo, el ICE es un constructor que se caracteriza por excederse en el costo de sus obras y en los plazos de finalización de estas", concluyó la cámara.
Para Olman Vargas, exdirector ejecutivo del CFIA, el gran problema de que el "ICE" entre en el desarrollo de obra pública tiene 2 aspectos: que entraría en una "competencia directa" con las empresas privadas existentes en el mercado en condiciones de franca ventaja y que este no es su fin institucional.
"Es cierto que el ICE tiene experiencia en la construcción de algún tipo de obra pública, como los túneles, uno pensaría que, para algunas cosas muy específicas, que tienen una alta competencia técnica, podrían existir convenios entre instituciones del Estado para ir adelante. Pero, no para cosas que tengan que ver con el negocio normal de construcción de obra pública. Yo no veo al ICE construyendo edificios, ni llevando plantas de asfalto, ni nada de ese tipo de cosas. Me parece que sería una competencia desleal", apuntó Vargas.
Para el diputado Feinzaig, el tema podría crear una contradicción con la necesidad de meter bisturí a los gastos del Estado. "¿No les recuerda esto al famoso proyecto ICE Constructor? Si yo les hubiera presentado todas estas noticias sin nombres, sin fechas y a ojos cerrados y ustedes solo me están escuchando, probablemente ustedes hubieran dicho que estamos en un gobierno PAC. Pero, esta es la realidad. Cuando era candidato y después de ser presidente (Rodrigo Chaves, presidente de la República), decía que su intención es recortar costos y bajar los costos del gobierno", cuestionó Feinzaig, en la sesión del plenario legislativo del pasado 10 de agosto.
En 2021, mediante un análisis jurídico, la Procuraduría General de la República (PGR) determinó que el ICE puede vender aquellos servicios en los que cuente con experiencia comprobada.
En su criterio, la PGR amplió la interpretación sobre el concepto de "servicios afines" que el ICE puede ofrecer. Esos servicios son adicionales a las actividades sustanciales del instituto, es decir: la electricidad y las telecomunicaciones.
Según el criterio, el concepto de afinidad que está en la legislación nacional incluye la prestación de servicios relacionados con la capacidad, experiencia, pericia y experticia técnica que ha adquirido la institución en las diferentes ramas de la ingeniería.
Esa noción también se relaciona con la administración de proyectos en general, y con la especialización del ICE en la construcción de obras de infraestructura de importancia.
Además, la Contraloría General de la República (CGR) y el ICE sostuvieron pulsos sobre la viabilidad para que la entidad participe en el desarrollo de obra pública.
Así ocurrió en 2016 con la supervisión del tramo central de la vía a San Carlos y en octubre de 2019 con convenios firmados para construir edificios del Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ). No obstante, una sentencia de Sala Primera otorgó razón al instituto.
Desde 2020, el ICE redujo la planilla y los esfuerzos centrados en el área de Ingeniería y Construcción (IC) que se encargó de los principales proyectos de construcción de plantas para la generación de energía.
