(Videos) Chaves y Fernández, tajantes contra abogados de criminales excepto con Villalobos
El expresidente Rodrigo Chaves y la presidenta Laura Fernández se han mostrado tajantes al hablar de los abogados que defienden a criminales y sospechosos de crimen organizado, pero han guardado silencio sobre el diputado oficialista José Miguel Villalobos.
Ambos gobernantes han dedicado buena parte de sus conferencias de prensa a cuestionar a los juristas que asumen este tipo de defensas. Pese a que Villalobos incumplió su promesa de abandonar el litigio al asumir como legislador, ni Chaves ni Fernández se han pronunciado sobre esa situación.
Las críticas han ido más allá. En octubre de 2023, por ejemplo, Chaves dedicó cerca de media hora a explicar por qué, según su criterio, resulta incompatible defender a criminales y, al mismo tiempo, crear o modificar leyes.
En una serie de cuestionamientos dirigidos a la diputada Gloria Navas, aseguró que existía un conflicto directo entre ejercer privadamente como abogado defensor de personas imputadas y ocupar un cargo público cuya finalidad es legislar para combatir la criminalidad.
También cuestionó que, a diferencia de los ministros del Poder Ejecutivo —quienes tienen prohibición legal de ejercer profesiones liberales—, los diputados puedan desarrollar actividades profesionales privadas de manera paralela a sus funciones legislativas y percibir, además, un salario estatal.
Incluso sostuvo que esa situación contrasta con el enfoque del Poder Ejecutivo, basado en la "mano dura", el castigo efectivo y el encarcelamiento prolongado, frente a la labor de defender a personas sospechosas de cometer delitos. Sin embargo, Chaves no ha mantenido una posición igual de crítica con Villalobos, quien continúa ejerciendo como abogado defensor.
Aunque la semana pasada Villalobos fue captado ausentándose de un importante evento legislativo para asistir a una audiencia judicial del caso Pana, relacionado con narcotráfico y legitimación de capitales, tanto Chaves como Fernández han evitado referirse al tema.
Laura Fernández
Ya como presidenta, Laura Fernández también ha lanzado cuestionamientos públicos sobre la defensa legal de figuras vinculadas con el crimen organizado.
Un ejemplo fue cuando arremetió contra el abogado de Alejandro Arias, alias Diablo, por haber sido fiscal del Ministerio Público. No obstante, cuando ha sido consultada por el papel de Villalobos como litigante, ha optado por guardar silencio o salir en su defensa.
Durante el debate presidencial de Canal 6, en enero pasado, se le cuestionó por la permanencia de este litigante como candidato a diputado pese a que continuaba ejerciendo la profesión. Al finalizar el debate, los periodistas le consultaron si mantendría una posición "implacable" y le pediría la renuncia.
"Voy a saludar a la gente de afuera. Muchas gracias por la cobertura del debate", respondió, antes de que una personera de Repretel interrumpiera la labor de los periodistas. Esa misma noche también evitó responder la consulta durante el debate.
Al día siguiente, durante una entrevista en ese mismo canal, Fernández nuevamente se negó a solicitar la renuncia de Villalobos.
Pese a ese aparente conflicto de intereses, Villalobos desempeña un papel relevante dentro de la Comisión de Asuntos Jurídicos, órgano legislativo por el que pasan la mayoría de los proyectos de ley sobre el combate a la criminalidad y al crimen organizado, sin que Chaves o Fernández le hayan solicitado apartarse de esas discusiones.
Villalobos Umaña, diputado del partido Pueblo Soberano, prometió públicamente durante la campaña electoral que abandonaría por completo el ejercicio privado de la abogacía litigante para dedicarse de manera exclusiva a sus funciones como legislador en la Asamblea Legislativa.
Sin embargo, incumplió ese compromiso al continuar ejerciendo activamente como abogado defensor en procesos judiciales, entre ellos la audiencia de medidas cautelares del caso Pana, una de las investigaciones por crimen organizado más relevantes del último año.
Durante la campaña, el propio Villalobos reconoció que ejercer simultáneamente como diputado y como abogado litigante en el sector privado eran actividades totalmente incompatibles.