(VIDEO) Presidente Sala IV: Ley de Huelgas se debe aplicar, pero sin dictar sentencias

(CRHoy.com).- Fernando Castillo, Presidente de la Sala Constitucional, indicó que la llamada Ley de Huelgas deberá seguir aplicándose, pero no se podrán dictar las resoluciones finales tanto en juzgados como en la parte administrativa, luego de que fuera admitido un recurso de inconstitucional contra varios de los artículos.

"Hay que aclarar, en primer lugar, que la admisibilidad de una acción para estudio no suspende la vigencia de las normas impugnadas", dijo Castillo.

Sin embargo, al darle curso a la acción, la Sala explicó en el documento que la "publicación prevista en el numeral 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional tiene por objeto poner en conocimiento de los tribunales y los órganos que agotan la vía administrativa, que la demanda de inconstitucionalidad ha sido establecida, a los efectos de que en los procesos o procedimientos en que se discuta la aplicación de la ley, decreto, disposición, acuerdo o resolución, tampoco se dicte resolución final mientras la Sala no haya hecho pronunciamiento del caso".

Precisamente el Presidente de la Sala señaló que lo único que se suspende es el dictado de resolución final. "Es importante tener claro que los operadores jurídicos deben seguir aplicando la normativa que está impugnada salvo los casos de excepción, concretamente, los jueces de la República a quienes no se les permite dictar la resolución final y por otra parte a los jerarcas de la Administración, que agotan la vía administrativa".

El Tribunal Constitucional tramita el recurso bajo el expediente 21-00512-0007-CO.

¿Cuáles fueron los artículos impugnados?

• Artículo 349 inciso d), la parte accionante señala que este numeral impone un medio de notificación electrónico, lo que constituye un trato discriminatorio y violenta el artículo 33 constitucional y los principios de razonabilidad, idoneidad, no discriminación y debido proceso.
• En cuanto al ordinal 371 inciso b), el accionante cuestiona la frase que señala: "Serán ilegales las huelgas políticas o aquellas que no tengan conexión directa con la relación de empleo o incumplimientos laborales imputables al patrono"
• En cuanto al artículo 379 párrafo 2 y 4, señala el accionante que este dispone la terminación de contratos en servicios esenciales que no lo son, la firmeza de la orden notificada y el tema de pago de salarios en tractos que, son aspectos en detrimento de los trabajadores, que violentan el principio de progresividad y no regresividad de los derechos laborales y la libertad sindical.
• Alega que el artículo 376 incisos a, b, c, f, g, h, define los servicios esenciales y prohíbe la huelga en todos los servicios por un tema de estrategia económica, no por ser esencial, lo que es irracional, desproporcional y vacía de contenido el derecho de huelga.
• Considera que el yerro del inciso c) del artículo 377, se encuentra en establecer el preaviso como un requisito de legalidad de la huelga, de manera que, si no se cumple con la obligación de su presentación oportuna y completa, el Juez de Trabajo estaría habilitado para declarar la ilegalidad de la huelga, y ello también lo habilita a imponer sanciones disciplinarias sobre los trabajadores participantes.
• La parte accionante aduce que los artículos 661 y 661 bis, obligan a los jerarcas a pedir la calificación de la huelga, lo cual imposibilita la negociación y resolución del conflicto.
• En relación con los numerales 663 y 375 bis, aduce que el primer artículo dispone un plazo para contestar la demanda de calificación de 24 horas, que es corto, irracional y desproporcionado, al igual que el ordinal 375 bis, que lo da en días naturales.
• Acusa la parte accionante que, el artículo 664 bis no supone un debido proceso, ni derecho de defensa. La norma impugnada establece la posibilidad de que, durante el proceso de calificación de huelga, se pueda realizar una inspección ocular por parte del Juzgado de trabajo; sin embargo, no se respeta el derecho de defensa en dicha gestión.
• Indica que los artículos 376 ter, quater y quinquies, establecen limitaciones en cuanto a temporalidad de la huelga, y extralimitación en la prohibición de huelga en servicios privados. Aduce que estas limitaciones son excesivas en servicios no esenciales