VIDEO: Junta directiva de la CCSS valoró que entidad les pagara póliza igual a la de Chaves y su Gabinete

 

Yo ando detrás de que la Caja, tanto la Junta Directiva como las gerencias, tienen que tener una póliza de responsabilidad civil que las proteja por exactamente errores, en la toma de decisiones, es porque en el fondo los estamos asumiendo personalmente cuando tomamos las decisiones (…) las gerencias y la Junta Directiva deben tener una póliza de responsabilidad civil que las proteja por errores en las decisiones o por negligencia, la toma de decisiones como son los contratos típicos de responsabilidad civil, expresó Gómez.

Gómez sugirió que la gerencia administrativa revisara con el área de seguros la posibilidad de establecer una "póliza de la vergüenza", como se le ha llamado recientemente a la que el gobierno intenta contratar. Para este directivo suspendido la que los cubre de fidelidad no alcanza "ni para el café", además, aseguró que están al descubierto.

Por su parte, Jorge Porras, quien también es imputado y empleado del Banco Nacional, reclamó que en la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), "casi ni nos dan café". También, calificó la póliza como "importantísima" porque ha estado en otras juntas donde si le dan esa cobertura.

Trabajamos prácticamente ad honorem aquí, pero hay una gran responsabilidad (…) Me gustaría que en algún momento los miembros de la Junta Directiva veamos eso un poco más en concreto, comentó Porras.

Esta información fue dada a conocer por Telenoticias. 

Tal y como dio a conocer crhoy.com, el Ministerio de Hacienda busca contratar al Instituto Nacional de Seguros (INS) una póliza de responsabilidad civil por ¢248.391.706 para el Presidente de la República Rodrigo Chaves, los vicepresidentes Mary Munive y Stephan Brunner y los ministros y viceministros.

La vigencia de esta póliza por ¢248 millones sería anual e incluiría gastos y costas legales de defensa, costos y gastos de emergencia para 65 jerarcas e incluirá a directores y oficiales retirados.

Incluiría, además, los costos para fianzas, costos para atención de crisis, gastos para relaciones públicas y gastos para proteger la reputación de los asegurados, costos por procesos de extradición, costos de enjuiciamiento, multas y sanciones civiles, costos para salud y seguridad ocupacional, privación o confiscación de activos, costos de preinvestigación, violaciones ambientales, audiencia derivada de una investigación, administradores no ejecutivos, entre otros. De momento se frenó para consultar a la Procuraduría.

Tanto Gómez como Porras forman parte de los imputados del caso Barrenador, quienes según la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) se valieron de su puesto como directivos para favorecer a cooperativas y una asociación de salud con un contrato de administración de 10 áreas de salud con presuntos sobreprecios.