(VIDEO) Esta es la opinión “ciudadana” del ministro del MOPT sobre Uber y DiDi

(CRHoy.com). Luis Amador, ministro de Obras Públicas y Transportes, aún no tiene una postura oficial sobre los planes que ofrecerán para una eventual regulación de las plataformas de movilidad (como Uber o DiDi).

Estos sistemas, que funcionan en el país desde 2015 en medio de incertidumbres legales, han sido tema para las 2 últimas Administraciones (2014-2018 y 2018-2022). No obstante, ninguna logró construir, junto con la Asamblea Legislativa, una propuesta de regulación.

Amador, quien es ingeniero civil, no quiso ahondar en los planes que trae para abordar este pendiente. Eso sí, brindó su punto de vista como "ciudadano".

"Tendría yo que referirme como un ciudadano en particular. No como el ministro de Obras Públicas y Transportes. Yo realmente creo que la sana competencia es adecuada, que, si todos estamos en la misma igualdad de condiciones, no le veo problema. Pero, ese soy yo. No como ministro", expuso el jerarca.

En abril, antes de dejar el cargo, los miembros de la Comisión de Asuntos Económicos de la legislatura 2018-2022 aprobaron un nuevo texto del proyecto de ley para regular los servicios de transporte de personas por medio de plataformas. Esa propuesta fue ampliamente refutada por los taxistas formales (rojos).

El plan crearía un marco normativo para regular la prestación de esos servicios en el país y actualizar la legislación que regula los contratos de concesión del servicio de transporte remunerado de personas en la modalidad de taxi.

De acuerdo con el texto, los servicios que prestan las plataformas tecnológicas como Uber y DiDi son de carácter privado, pero de utilidad pública. En la propuesta, se establece que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) sea la autoridad competente para interpretar, ejercer, observar y aplicar las atribuciones y obligaciones previstas en la ley, y coordinar todo lo relacionado con la actividad del transporte privado de personas mediante las empresas de intermediación de servicios de transporte de personas por medio de plataformas tecnológicas.

En esa línea, las empresas deberán producir y mantener actualizado un registro interno o base de datos de los conductores y vehículos acreditados, inscribirse como contribuyentes ante la Dirección General de Tributación (DGT) y brindar a los usuarios una factura electrónica por cada servicio realizado por medio de su plataforma tecnológica.

También, tendrán que garantizar que las pólizas de seguros se encuentren vigentes y establecer un sistema de protección al usuario, así como evitar el acoso sexual y la discriminación.

Además, deberán suministrar a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y a la DGT la información de ingresos de cada uno de los conductores registrados en los términos y formatos que sean definidos por el reglamento a la ley.

Otra obligación será suministrar al MOPT información sincronizada o consolidada, así como estadísticas de los recorridos, viajes, tiempos, precios, evaluaciones de viajes.

Las empresas también establecerán los esquemas de precios de los servicios que brindarán los conductores.

De acuerdo con el texto, los requisitos para autorizar que un vehículo preste servicios por medio de plataformas tecnológicas serían: título de propiedad, derecho de circulación vigente, póliza de seguro, el modelo del vehículo no podrá ser mayor a 10 años de fabricación y con una capacidad máxima de 7 pasajeros.

Los conductores, por su parte, deberán inscribirse ante la CCSS como trabajadores independientes.

También, se crea el Fondo Especial de Servicios de Transporte Remunerado de Personas que sería administrado por el ministerio y que sufragará los costos del finiquito e indemnización de los contratos de concesión que el Estado ha otorgado en la modalidad taxi.

Los recursos servirán, además, para sufragar los costos de operación y fiscalización de los servicios privados de transporte de personas por medio de plataformas tecnológicas.

El texto dictaminado tendrá que ser estudiado, discutido y votado por el nuevo Plenario Legislativo que se instaló desde el 1º de mayo.