Víctor Hugo Víquez, investigado por tobilleras para reos busca ser diputado

Víquez afirmó que "tiene la consciencia tranquila ante cualquier cuestionamiento en su contra

16 de Abr. 2021 | 12:01 am

(CRHoy.com) Víctor Hugo Víquez, exdiputado del Partido Liberación Nacional (PLN), aparece nuevamente en la papeleta distrital del cantón central de Heredia, con miras a llegar a la Asamblea Nacional de dicha fracción política, donde podría postularse como diputado para el próximo periodo.

Víquez es imputado en la investigación de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción por el primer contrato de tobilleras electrónicas para privados de libertad otorgado a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), hecho por el que además se investiga al gerente general de esa compañía y al exmagistrado de la Sala III Celso Gamboa.

CRHoy.com consultó con el partidario verdiblanco, quien confirmó que si reactivó su camino político y no descarta que después de cumplir con todos los procesos pueda llegar a la Asamblea Legislativa, donde podría tener inmunidad frente a eventuales investigaciones de naturaleza penal.

"Efectivamente mi nombre aparece en la papeleta distrital de Heredia, es el inicio de los procesos, porque luego sigue la fase cantonal hasta la Asamblea Nacional del Partido Liberación Nacional y bueno, se trata de un tema de ayudar, yo soy dirigente del PLN desde hace muchos años", apuntó.

Respecto al caso que la Fiscalía sigue en su contra por supuestamente haber intermediado de manera irregular para que la ESPH obtuviera el contrato de tobilleras, Víquez afirmó que nada ha sido comprobado.

"Se me han hecho señalamientos e investigaciones que aún no llegan a nada, tengo la consciencia muy limpia", puntualizó.

Investigación

La causa judicial en contra de Víquez, Allan Benavides, Celso Gamboa, y dos empresarios más de apellidos Rothe y Andel, tiene que ver con una serie de mensajes de texto que encontró la Fiscalía en el teléfono celular personal de Víctor Hugo Víquez.

En estos, se compartieron informaciones entre todas estas personas, quienes en apariencia idearon una estrategia para conseguir el millonario contrato de brazaletes para el monitoreo de reos con el Ministerio de Justicia.

Para tales fines, Víquez habría entablado conversaciones con el exmagistrado de Sala III Celso Gamboa, cuya madre, Cecilia Sánchez, era la ministra en esa época.

La Fiscalía pretende establecer que efectivamente los mensajes que intercambiaban estas personas provocaron que el Ministerio de Justicia y Paz finalmente le otorgó la contratación millonaria a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) para brindar el servicio de monitoreo de privados de libertad.