Víctima de tentativa de femicidio teme por su vida: “No quiero que me compartan en ‘Ni una menos’”
Dayana Rodríguez Chavarría es madre de una recién nacida
Ella fue víctima de tentativa de femicidio por parte de un hombre de apellidos Rojas Gómez.
A través de un video publicado en sus redes sociales y mientras lloraba desconsoladamente, contó lo que sufre al ser amenazada por Rojas, sujeto que presuntamente intentó matarla cuando estaba embarazada, meses atrás.
"Yo fui víctima de agresión doméstica de una persona que intentó matarme estando embarazada y puse la denuncia y como incumplió orden de alejamiento le dieron la medida cautelar de no poder estar aquí en San Carlos. Él la incumplió nuevamente. Llevé un video desde la cámara de seguridad del lugar en el que estuvo, llevé una testigo y como simplemente dijo no haber sido notificado, le dijeron que se tenia que volver a ir y que si volvía, se iba a preventiva de aquí al juicio.
Yo tengo miedo porque nos tiene amenazadas de muerte a mi y a mi hija y yo sé que la va a volver a incumplir. Yo no quiero topármelo en la calle y que sí cumpla sus amenazas", mencionó la mamá de un bebé de un mes de nacido.
Ella pidió ayuda a las autoridades "antes de que sea muy tarde".
"Yo quiero ya detener la pesadilla. Yo no quiero que sea muy tarde. Yo no quiero que me compartan en ‘Ni una menos' ni a mi hija tampoco (…) yo no estoy recibiendo el apoyo de las autoridades que yo necesito", indicó Rodríguez.
A través del video publicado por Dayana, la joven compartió unas fotografías donde ella dice que son la evidencia de la agresión.
Tras consulta de CRHoy, el Ministerio Público informo que al sospechoso Rojas Gómez se le investiga por varios delitos.
"En respuesta a su consulta, la Unidad de Género de San Carlos informó que en contra de Rojas Gómez existe el expediente 23-001783-0306-PE, en el cual este despacho lo acusó por los delitos de maltrato, tentativa de femicidio, ofensas a la dignidad, daño patrimonial, amenazas contra mujer, incumplimiento de una medida de protección y conductas sexuales abusivas. El caso cuenta con orden de apertura a juicio, por lo que se está a la espera de que se programe el debate", explicaron en la Fiscalía.
En el Ministerio Público dieron amplios detalles del caso. Afirmaron que la primera denuncia la recibieron el 25 de julio del 2023 y que el 16 de febrero de 2024 se presentó una ampliación por parte de Dayana.
"Ante esa circunstancia, el Ministerio Público ordenó la detención del sospechoso, la cual fue ejecutada por oficiales de la Fuerza Pública al día siguiente. Tras la aprehensión del imputado, la Unidad solicitó prisión preventiva, petición que fue acogida por el Juzgado Penal de la localidad, el cual ordenó la medida cautelar por un plazo de cuatro meses.
Sin embargo, el 27 de febrero la ofendida manifestó su deseo de no continuar siendo parte del proceso, por lo que fue abordada por personal de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima de Delito. No obstante, ante la negativa de la víctima para participar en el proceso, no fue posible contar con elementos probatorios para mantener al sospechoso privado de libertad, por lo que la defensa técnica del imputado solicitó el cambio de la medida cautelar.
Como resultado, el 20 de marzo, el Juzgado Penal dispuso la libertad de Rojas y ordenó otro tipo de medidas cautelares, tomándose en cuenta que la víctima aseguró no ser víctima de agresión o amenaza.
Posteriormente, el 22 de marzo, la ofendida se presentó nuevamente al Ministerio Público para denunciar hechos del 16 de marzo y, más adelante, el 06 de junio presentó una nueva denuncia penal", mencionaron en el Ministerio Público.
De acuerdo con las autoridades, el 04 de julio se realizó la solicitud de apertura a juicio.
"El 04 de julio, la Unidad de Género confeccionó la acusación y solicitud de apertura a juicio, por lo que el 04 de setiembre se realizó la audiencia preliminar, en la cual el Juzgado Penal admitió la acusación y ordenó la realización del debate.
Es importante mencionar que en esa oportunidad la fiscal del caso realizó una serie de llamadas a la ofendida, sin embargo, no fue posible contactarla y, a su vez, la víctima decidió comunicarse únicamente con el abogado a cargo de la querella (acusación privada) y de la acción civil resarcitoria.
Durante la audiencia preliminar, el abogado informó que el imputado se había presentado en su motocicleta frente a la vivienda de la ofendida, por lo que, a pesar de que la Unidad de Género no logró tener contacto con ella ni tener su versión o elementos probatorios adicionales, solicitó al Juzgado Penal imponer la medida cautelar de prisión preventiva. Sin embargo, por la falta de prueba o manifestación de la ofendida, dicha instancia rechazó el requerimiento, e impuso las medidas cautelares de:
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Prohibición de molestar, agredir, perturbar a la ofendida, ya sea de forma personal, por medio de terceras personas o medios tecnológicos.
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Prohibición de acercarse a una distancia no menor de 200 metros de la ofendida, de su domicilio actual y permanente, así como lugar de trabajo, estudio o recreo", agregaron en la Fiscalía.
En la institución explicaron además que, en ese momento, el Ministerio Público apeló la resolución por lo que el 01 de octubre se realizó la audiencia ante el Tribunal Penal. Dijeron que dos días después, se rechazó el requerimiento, no obstante, se amplió la medida cautelar al imponer la prohibición de acercarse al cantón de San Carlos sin cita o autorización previa, durante toda la duración del proceso.
"El pasado 21 de octubre, la ofendida se presentó al Ministerio Público para manifestar que fue alertada por una amiga suya que, el día anterior, el imputado se mantuvo en un bar ubicado en Cerro Cortés de Aguas Zarcas. En ese momento aportó un video de cámara de seguridad, sin embargo, no fue posible identificar ningún rostro.
Posteriormente, el 25 de octubre, el abogado querellante solicitó una audiencia ante el Tribunal Penal, a fin de solicitar un cambio de la medida cautelar, por lo que el pasado 08 de noviembre se realizó la vista, en la cual se determinó que existía una actividad procesal defectuosa, ya que el imputado no había sido notificado por el Tribunal de lo resuelto, por lo que procedió a subsanar el error indicado y se le advirtió de los detalles de la medida cautelar y las consecuencias legales de su incumplimiento.
Posterior a esa fecha, no consta en los sistemas de la Unidad de Género que exista algún incumplimiento a la medida cautelar, o bien nuevos hechos de violencia en contra de la ofendida", concluyeron en el Ministerio Público.