Víctima de asesinato en La Unión laboró como juez de la República hasta octubre de 2022
Fue sancionado como funcionario por no presentar la declaración jurada de bienes
Juez Ulloa Rodríguez
Luis Diego Ulloa Rodríguez de 43 años, asesinado la tarde de este martes en Dulce Nombre de La Unión, laboró como juez penal 3 para el Poder Judicial hasta el 18 de octubre del 2022, cuando la Contraloría General de la República (CGR) ratificó en su contra una sanción de 2 años de no ejercer cargos públicos por no presentar la declaración jurada de bienes, obligación estipulada en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.
El hecho quedó documentado en la resolución número 16923-2022 dictada dentro del procedimiento administrativo CGR-PA-2022001501 de ese mismo año.
Según lo expuesto, el exjuez no podía regresar a sus labores hasta el 18 de octubre del 2024, por lo que presentó su renuncia semanas antes de conocerse la resolución oficial, según consta en actas del Consejo Superior.
"En relación con su consulta, nombre y cédula aportado, esa persona ingresó a laborar al Poder Judicial en fecha 17 de enero 2005 en una plaza de técnico judicial en el Ministerio Público. El último nombramiento que registra fue el 30 de octubre del 2021 como juez penal en el Juzgado Penal de La Unión provincia de Cartago. Ambos son datos de los registros de la Dirección de Gestión Humana", confirmó el Poder Judicial.
El hasta hoy defensor particular fue atacado cuando iba a bordo de un vehículo marca Hyundai Santa Fe.
El exfuncionario iba cruzando un puente y tras ser impactado por varios balazos, al parecer intentó huir del auto, pero cayó sobre la acera ya sin vida.
Ulloa resolvió varios casos mediáticos en los últimos años mientras laboró para el Juzgado Penal de La Unión, uno de esos fue la decisión de enviar a juicio la acusación contra un hombre de apellidos Mejía Chavarría, sospechosos de asesinar a la joven Luany Salazar Zamora en Linda Vista.
Fue él quien ordenó que el proceso debía llegar a la etapa conclusiva, el cual finalmente tuvo como resultado la condena del sujeto a 35 años de prisión luego de pasar por varias instancias.
También fue el juez que en su momento ordenó la liberación de un funcionario de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), detenido como sospechoso de incumplimiento de deberes, tras fingir vacunar a un adulto mayor que llegó al centro de salud local para ponerse la inyección contra el COVID-19.
El sujeto de apellido Arrieta, quien es Asistente Técnico de Atención Primaria (ATAP) fue puesto en libertad tras la decisión de Ulloa, luego de analizar el caso en el que en apariencia fingió inocular a un adulto mayor de 82 años.
También participó como expositor en varios seminarios del Colegio de Abogados.
Litigante privado
Debido a la sanción, el ahora fallecido emprendió labores independientes como litigante privado, con el bufete Advocatuscr, donde ofrecía sus servicios en derecho penal, como máster en Ciencias Penales, desde días antes de que fuera ratificada la sanción en su contra.
Tal como consta en el sistema de búsqueda de jurisprudencia, actas, circulares y avisos del Poder Judicial, estuvo a cargo de interponer un recurso de apelación contra la sentencia impuesta a un hombre de apellidos Villegas Solís, al cual condenaron a 30 años de prisión por homicidio calificado y robo agravado, caso llevado bajo expediente 18-024717-0042-PE.
Otro de los casos en los que interpuso recursos de apelación es el de la causa 16-000048-0382-PE, donde se apersonó como defensor de un sujeto de apellidos Aguilar Salazar, a quien en la sentencia 2023-0726 se le impuso una pena por abuso sexual contra menor de edad.
También apeló la sentencia 2023-00938, contra un hombre de apellidos Méndez Barboza, a quien se le siguió una causa por homicidio calificado en el expediente 21-000719-0058-PE, para quien consiguió una absolutoria luego de acudir a la Sala Tercera de la Corte, en donde le dieron la razón de que su cliente fue sometido a un proceso declarado "ineficaz".
A estas se suma la impugnación que puso a una sentencia contra un hombre de 31 años, vecino de Pacuare de Limón, condenado en esa provincia por almacenamiento y posesión de drogas con fines de tráfico, además de tener antecedentes por tres delitos de portación ilegal de armas.
En otras intervenciones participó como representante legal de privados de libertad que acudieron a la Sala Constitucional para interponer recursos de amparo.
El propio Ulloa publicó en el perfil del bufete que promocionaba en redes sociales, que en setiembre del 2022 fue notificado de la resolución de un caso de un cliente colombiano acusado por delitos relacionados con narcotráfico.
"Se trata de un caso de un cliente de nacionalidad colombiana, que fue objeto de una detención que desde un inicio consideramos ilegal por haber sido realizada por una corporación policial que no tenía facultades para proceder de esa manera.
El Tribunal de Apelación de Sentencia nos dio la razón, se revocó la sentencia de 8 años de prisión de nuestro cliente, la cual ya estaba descontando y se le puso en libertad.
Ahora esta persona goza plenamente de sus derechos", escribió en setiembre del 2022.
Caso publicado por el propio Ulloa Rodríguez